"Las devoluciones responden a la legalidad", respondió el delegado del Gobierno de España en Canarias, Juan Salvador León, ante la denuncia del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) sobre el traslado de malienses a Mauritania desde Canarias. La organización sostiene que se trata de una "devolución indirecta" a un país en conflicto. España mantienen un acuerdo bilateral con la República Islámica de Mauritania, en el que ampara la devolución de nacionales de terceros países. "Se aplica estrictamente el acuerdo", aseguró León, quien recordó que hay pactos similares con Senegal y Marruecos y que no es la primera vez que se dan estas repatriaciones.
A esto, el delegado del Gobierno añadió que lamenta tener que devolver "a quienes salen de sus países intentando tener un futuro en la vida, pero nuestra capacidad es la que es y nos gustaría acogerles a todos, pero debe hacerse de una forma regular". Según SJM, el Defensor del Pueblo, mediante el Mecanismo Nacional de prevención de la tortura (MNP), documentó la repatriación de 46 personas -34 de Mali, cuatro de Senegal y uno de Costa de Marfil- en un vuelo que salió el pasado lunes, 20 de enero, desde el aeropuerto de Gran Canaria hacia Nuadibú. Además, otras 17 personas mauritanas fueron repatriadas a su nación de origen el 19 de septiembre, en un vuelo de Frontex que partió desde el aeropuerto de Tenerife Norte.
Mali vive un conflicto bélico y la situación humanitaria y de seguridad del país se han deteriorado en los últimos años. Por esto, los jesuitas han mostrado su preocupación por estas personas que salieron de una zona en guerra y ahora son devueltos a un tercer país en el que, según diferentes organizaciones como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), no se garantizan los derechos humanos, se da una discriminación sistemática a la población subsahariana y afromauritana y las situaciones de esclavitud persisten.
Acogida humanitaria
Las personas que están en los CIE pueden ser devueltos, sostuvo León, quien añadió que, de momento, no hay ningún vuelo más programado para repatriar a los migrantes irregulares que han llegado a Canarias, pero que "habrá personas que irán cumpliendo el tiempo de estancia aquí y, por tanto, serán susceptibles de devolución".
León aseguró que "desde el minuto uno", ha tenido como objetivo que los migrantes "sean tratados dignamente y, en la medida de lo posible, tratar que no duerman en la calle". Sin embargo, la Delegación del Gobierno de España en Canarias dio largas a la hora de activar el protocolo de acogida humanitaria para atender a las personas que llegaron a final del año pasado. Esto generó un conflicto con Cáritas Diocesana, que se hizo cargo de la acogida de estos migrantes en la iglesia de Santa Isabel de Hungría y en varios centros del sur de la Isla, para evitar que pasaran la noche al raso, a pesar de que no forma parte su encomienda dar respuesta a esta situación de emergencia social. Además, esta organización preparó como albergue la nueva sede de Protección Civil en El Polvorín y ahora se encarga de su gestión, tarea que la Delegación debe confiar a Cruz Roja.
El delegado del Gobierno se escudó en que llegan muchas personas de manera irregular a Canarias, para asegurar que "cada vez es más difícil atenderles, porque vivimos en islas y los espacios que tenemos no son todos los que quisiéramos tener". Aún así, detalló que los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Canarias no están llenos, pues el de Hoya Fría (Tenerife) tiene una capacidad de 236 personas y actualmente tiene 180, mientras que el de Barranco Seco tiene espacio para 112 y acoge a unos 85.
Dada la numerosa afluencia de migrantes irregulares que llega a las costas canarias, León informó de que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, visitará Canarias el próximo jueves para analizar la situación y, valorar medidas entre las que se encuentra la posibilidad de reformar el CIE de El Matorral, en Fuerteventura.
Para León, el problema de la inmigración no se resuelve abriendo más CIE. Por esto, aseguró que España está actuando en origen "para evitar que estas personas que quieren intentar tener un futuro mejor arriesguen su vida intentando lanzarse al mar". En este sentido, aseguró que este mes se ha interceptado a más de 200 personas en origen y añadió que "hay que seguir insistiendo en que la forma de llegar a nuestro país debe ser de forma regular".
En el Archipiélago hay en este momento 540 menores extranjeros no acompañados que dependen del Gobierno de Canarias y de los cabildos. "También estamos desbordados con los menores, no solo en personas adultas, ya no tenemos espacio, donde ofrecer un trato digno, con más razón en el caso de los niños", relató León.
