El Estado impide destinar el superávit regional a paliar los efectos de la crisis sanitaria declarada por el avance del coronavirus. El real decreto aprobado hace apenas dos días por el Gobierno central, con una batería de medidas económicas, fiscales y laborales, solo permite a las corporaciones locales hacer uso de los recursos que tienen bloqueados, pero no así a las administraciones autonómicas. Ante tales condiciones, Canarias no podrá inyectar el superávit al gasto sanitario y social ni al rescate de la economía, herida en profundidad con el cierre obligatorio de comercios y restaurantes en un momento en el que el Archipiélago se encamina hacia el turismo cero.

Las Islas presentaban a final de noviembre del pasado año un superávit acumulado de 618 millones de euros. La previsión es, sin embargo, que a cierre de ejercicio éste sea de 270 millones, una vez descontadas las cantidades que, aunque computen como tal, corresponden a partidas a ejecutar en 2020. ¿Por qué? Porque se trata, por ejemplo, de dinero recibido a finales de año sin tiempo material para su ejecución.

Si bien el documento que el Gobierno remitió al Estado el lunes con una serie de propuestas para amortiguar los golpes del Covid-19 no recogía de forma específica el desbloqueo de los recursos regionales, el Ejecutivo canario siempre ha defendido ante Hacienda una flexibilización de la regla de gasto para que las comunidades cumplidoras puedan invertir ese dinero.

El propio presidente regional, Ángel Víctor Torres, indicó el 6 de este mes -tras reunirse con las dos patronales canarias- que reclamaría a Madrid el desbloqueo de su superávit para afrontar la destrucción de empleo que está generando el impacto de la pandemia y paliar el coste que la lucha contra el virus supone para la sanidad pública. En la misiva enviada al Estado, sin embargo, solo demandaba el uso de todo el superávit presupuestario de 2019 y remanentes de las corporaciones locales a gastos no financieros, que suman unos 4.000 millones de ahorros en los bancos. El Estado, en su real decreto, sí contempló esta medida -que permite a ayuntamientos y cabildos a financiar ayudas económicas y políticas sociales- para mitigar los efectos de la crisis, pero sigue sin atender a los requerimientos que se hacen desde Canarias para lograr movilizar los recursos que, por obligación, tiene que destinar al superávit. Una situación en la que también se encuentran País Vasco, Navarra y Baleares.

Ya el vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno regional, Román Rodríguez, tildó el martes "como clave" una flexibilización de las reglas fiscales, pues "permitiría a las comunidades incrementar el dinero para apoyar a las familias y a las empresas afectadas". Rodríguez especificaba en un comunicado, no obstante, que la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le ha indicado que por ahora no tiene la autorización de Bruselas para permitir tal desbloqueo, paso previo indispensable.

La declaración de estado de alerta sanitaria el sábado pasado ha puesto en jaque a la economía canaria. El turismo, actividad que representa más de un tercio del PIB, se ha visto seriamente perjudicada. El sector de las hostelería emplea a unas 150.000 personas y la patronales prevén expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que afecten a unas 100.000 personas, que se sumarían a los 50.000 eventuales cuyos contratos se han dejado de renovar.

En la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de febrero, cuando aún no había estallado en España la crisis del coronavirus, Canarias volvió a cargar contra de la regla de gasto, contenida en la actual Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y que le impide disponer del superávit. En aquel encuentro Montero reiteró su compromiso de propiciar esa reforma, con la activación de un grupo de trabajo, pero sin establecer un calendario concreto.

La reivindicación del desbloqueo del superávit ya enfrentó en su momento al Gobierno del nacionalista Fernando Clavijo con Madrid. El Archipiélago cerró 2018 con 921 millones de superávit, al computarse como tales los 500 millones de la deuda del convenio de carreteras, algo con lo que siempre se mostró en contra.