La crisis migratoria en Canarias preocupa, en teoría, a los partidos políticos, pero en la práctica no todos trasladan la misma solidaridad de sus discursos. El Partido Popular defendió ayer que la situación que viven las Islas tras la llegada de más de 20.000 personas es un “problema nacional”, pero de forma paralela rechazó las derivaciones de inmigrantes a la Península. Para el partido que lidera Pablo Casado, trasladar a los llegados en patera da un mensaje “equivocado” a las mafias. “La solución pasa por dejar claro que los que lleguen de manera irregular serán repatriados”, explicó ayer el portavoz de Migraciones del Grupo Popular en el Congreso, José Ortíz, a las puertas del Centro de Atención Temporal a Extranjeros (CATE) de Barranco Seco.
Y lo hizo en las puertas porque eso fue lo único que pudo ver de las instalaciones, ya que el Gobierno vetó su entrada. “Parece que la vergüenza que suponía el muelle de Arguineguín continúa aquí en Barranco Seco”, apuntó Ortíz. También se quedaron sin entrar el portavoz adjunto del Grupo Popular en la Cámara Baja, Carlos Rojas; los diputados por la provincia de Las Palmas, Guillermo Mariscal y Auxiliadora Pérez; y el senador por Gran Canaria, Sergio Ramos. Este grupo se desplazó hasta la Isla con la idea de conocer el estado en el que se encuentran los migrantes alojados en Barranco Seco, y las condiciones en las que están trabajando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los empleados de las ONG.
Pero tan solo pudieron plantear soluciones desde la barrera. Las repatriaciones fue la medida principal del plan del PP. “Esa es la solución, la mejor propuesta para terminar con el efecto llamada”, apuntó Ortíz, para quien también es esencial la cooperación con los terceros países. “Tenemos un Gobierno al que toman como el pito del sereno a nivel internacional”, declaró el portavoz tras recordar que Marruecos ha anulado la cumbre con España prevista en un principio para el 17 de diciembre. Y además, acusó al Gobierno de ser “cómplice” de las mafias.
Pero ayer no todo fueron críticas del PP al Ejecutivo por la gestión de la crisis. También hubo propuestas. Casado ofreció al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un pacto de Estado que aborde la política de inmigración y que, además, tenga en cuenta una legislación alternativa frente a la ocupación ilegal. A su entender, se trata de cuestiones en las que hay que “remar juntos”.
Viajes polémicos
La polémica surgida durante los últimos días en torno a los traslados de inmigrantes a distintas provincias de la Península ha levantado el interés del panorama político nacional. Diferentes grupos han llegado a las comunidades sin avisar previamente a los gobiernos regionales, lo que ha provocado críticas al Ejecutivo, que mantiene que se trata de personas que, pasadas las primeras 72 horas, “son libres” y utilizan sus recursos para moverse. ¿Viajes personales o derivaciones? Todavía no está claro.
Lo único seguro es que el Ejecutivo ha trasladado a la Península en lo que va de año a unas 2.500 personas atendiendo a dos criterios: que sean personas en situación de vulnerabilidad o que puedan ser susceptibles de protección internacional.
Pero, según el Ejecutivo, este no es el caso de quienes han llegado en los últimos días desde Canarias a Granada, Valencia y otras ciudades de la Península. Estos grupos viajan de forma independiente y con sus propios recursos. Fuentes policiales y de organizaciones vinculadas a la inmigración aseguran que el control de estos flujos es muy complejo y que resulta imposible cuantificarlos. Ya que, según explicó ayer el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, su libertad de movimientos solo está restringida, como la del resto de ciudadanos, por las limitaciones establecidas por el estado de alarma ante la pandemia. Recordó, además, que el sistema de acogida es voluntario y que el expediente de expulsión no impide la libertad deambulatoria de los migrantes hasta que se ejecuta el vuelo de retorno a sus países.
La Policía Nacional tiene instrucciones internas desde principios de diciembre para reforzar sus controles en aeropuertos con el objetivo de detectar irregularidades en los vuelos comerciales en los que viajan migrantes que se trasladan por su cuenta. Fuentes policiales precisan que estas instrucciones se han dictado al tener constancia de que algunos han podido colarse de forma irregular en vuelos comerciales.
Trabajadores de compañías aéreas de las Islas admiten que se han encontrado con migrantes que portaban documentación que se percibía que “podía ser falsa”. Precisamente ayer, agentes de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (UCER) detuvieron en el aeropuerto de Gran Canaria a dos personas, de nacionalidad marroquí, por falsedad documental ya que portaban tarjetas de residencia que no eran de ellos. La pareja pretendía coger un vuelo a Barcelona.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) pidió esta semana una reunión urgente con el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, que a su vez acusó a esta organización de levantar sospechas infundadas al cuestionar los protocolos para realizar PCR a los migrantes que llegan. Interior también aseguró que se realizan “estrictos protocolos” para detectar el coronavirus. Por ello, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, tacharon ayer de xenófobas las declaraciones de distintos portavoces políticos que alertaron del riesgo sanitario que pueden suponer estos inmigrantes. “¿Por qué solo pregunta por los PCR de los migrantes? ¿y el resto del avión? Tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas”, contestó Jalloul ayer a la portavoz del PP en el Senado, Sofía Acedo.
