La desconfianza en Arrecife sobre el procedimiento usado por la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior para la instalación del Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) en la capital crece. La nueva solicitud de licencia urbanística que la Dirección General de la Policía registraba in extremis el 31 de enero en el Ayuntamiento de Arrecife cifra el coste del campamento en 1,1 millones de euros, un millón menos de los que el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, había anunciado que costaban estas infraestructuras para dar una mejor acogida a los migrantes llegados en pateras durante las primeras 72 horas.
Según la Delegación del Gobierno, la inversión es superior a la que aparece en la solicitud de la licencia municipal, aunque no desglosa el gasto individualizado del campamento móvil de Lanzarote, sino que lo suma al de Fuerteventura, de similares características. Indica que la adquisición de los dos centros han costado 4.326.078 euros (módulos, generadores eléctricos, tiendas y mobiliario), a los que hay que añadirle el gasto en suministro y servicios (alimentación, traducción e interpretación, y limpieza), por importe de 2.621.961 euros, lo que hace un total de 6.948.039 euros.
Señalan desde la Delegación, por los datos suministrados por el Ministerio del Interior, que dado que la capacidad es parecida, cada centro móvil ha podido costar en torno a 2,1 millones, aparte de los 2,6 millones en servicios y suministros que son adquisiciones no inventariables. La Delegación del Gobierno explica que los CATE de Lanzarote y Fuerteventura son estructuras móviles que se pueden desmontar y atender a las necesidades de cada isla según la llegada de migrantes.
En la nueva solicitud de licencia presentada por la Dirección General de la Policía al Ayuntamiento de Arrecife consta que el coste es de 1.133.031 euros, si bien no se detalla el gasto. El senador del PP, Sergio Ramos, a instancias de su compañera de partido, la alcaldesa de Arrecife, Astrid Pérez, ha registrado una pregunta en la Cámara Alta al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, para conocer con exactitud la cuantía de la instalación de las 20 carpas para 200 migrantes. Tanto el senador como la alcaldesa no han dudado en afirmar en distintas ocasiones que la cantidad que dijo Pestana (2,1 millones) no podía ser cierta al considerarla excesiva para la veintena de carpas, baños y demás equipamiento.
La nueva solicitud de licencia urbanística de la Policía se presentó con tardanza, cuando ya el Ayuntamiento había dado por desistida la presentación de la documentación requerida de la primera, para legalizar el CATE ubicado en la zona de Puerto Naos, al lado de la comisaría. Fue el 31 de enero, justo el mismo día que la alcaldesa anunciaba que se habían pasado los plazos y que Interior debía legalizar o derribar el CATE.
Pero al día siguiente, el Consejo de Ministros declaró este espacio de interés general con lo que ya no hace falta licencia. Desde el Ayuntamiento se ha denunciado reiteradamente la descoordinación y el incumplimiento urbanístico en la instalación del centro en pleno centro de Arrecife sin las licencias pertinentes. El acuerdo del Consejo de Ministros de declaración de interés general establece que «en el plazo de un mes, después de la mera comunicación del proyecto a la administración urbanística competente, puedan iniciarse las obras sin que se precise la concesión de licencia municipal alguna». En este caso, el campamento ya está instalado y se prevé que se ponga en marcha en este mes. A juicio de la alcaldesa, se ha tirado del «decretazo para instalar una infraestructura que desde el punto de vista urbanístico era muy complicado autorizar, y más existiendo un informe de Protección Civil que advierte del riesgo para la integridad de las personas que allí se alojen cuando se produzcan lluvias».
El Ayuntamiento de Arrecife ha evidenciado desde el principio la falta de comunicación y la política de hechos consumados del Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno, ya que «ni siquiera comunicó a la Dirección General de la Policía» que no era necesaria una nueva licencia urbanística dado que el Consejo de Ministros aprobaría la instalación del CATE por interés general.
El campamento para la detención de migrantes llegados en patera se montó en la trasera de la comisaría en octubre. El Ayuntamiento se ha opuesto a su apertura alegando que no se pidieron las licencias oportunas, si bien la alcaldesa no ha escondido que no le gusta que esté en medio de la ciudad. Durante estos meses de bloqueo, los recién llegados han sido hacinados de forma recurrente en una nave sin las condiciones mínimas de salubridad y en la que durante más de las 72 horas que permite la ley conviven hombres, mujeres y niños.
