El Tribunal Constitucional (TC) le ha dado la razón a Canarias en su conflicto con el Gobierno central por la modificación que realizó el Ministerio de Hacienda del Régimen Económico Fiscal (REF) con el recorte de los incentivos a las producciones audiovisuales en el Archipiélago. Aunque la ministra María Jesús Montero y el Congreso recularon después de largas negociaciones y Canarias recuperó el diferencial fiscal con respecto a la Península en las producciones audiovisuales en septiembre del año pasado, el conflicto llegó al Constitucional. Precisamente el TC declara terminado el conflicto, por la «pérdida sobrevenida del objeto» del mismo, explicó ayer el portavoz del Gobierno, Julio Pérez.
El Ejecutivo regional acogió «con satisfacción» este fallo, pues entiende que supone «un reconocimiento de facto» de la necesidad por parte del Gobierno central de respetar las normas que obligan a contar con el Parlamento de Canarias ante cualquier modificación del REF, extremo no obstante que ya está recogido en el Estatuto de Autonomía de Canarias y que el Estado ha incumplido en distintas ocasiones, como en las deducciones del cine.
El Parlamento de Canarias optó por llevar al Constitucional la pérdida del diferencial fiscal en el cine con respecto a la Península, pese a que este asunto ya se había arreglado en Madrid tras meses de protestas de Canarias y negociaciones con Montero. En el fondo lo que querían es que el Constitucional dejara claro que el Estado no puede modificar el REF de forma unilateral cada vez que quiera y sin pedir el consentimiento del Parlamento antes de hacerlo. En este caso demandaban que Canarias mantuviera el 80% del diferencial fiscal con el resto del territorio.
«Un conflicto menos, un problema resuelto», zanjó Julio Pérez ayer, quien indicó también que hay contactos con Madrid para celebrar en breves fechas la comisión bilateral Canarias-Estado, suspendida por la guerra en Ucrania, para el traspaso de las competencias en Costas y donde se tratarán otros asuntos del REF. La Conferencia de Presidentes en La Palma sí tiene nueva fecha: el 13 de marzo. Pérez insistió que el 1 de julio se harán las transferencias en Costas, pero antes deben perfilar los «medios humanos, materiales y financieros» y es un asunto «prolijo» con muchos detalles por definir.
