El Estado convoca plazas de funcionarios ante la parálisis de los ayuntamientos con los fondos europeos

El Gobierno central se ha visto obligado a convocar una oferta extraordinaria y urgente de empleo público para dotar a los ayuntamientos y cabildos de funcionarios con habilitación nacional, ante el colapso que se avecina en las corporaciones locales por el aumento de los procedimientos administrativos derivados de la ejecución de los fondos europeos Next Generation. Los ayuntamientos canarios ya acumulan problemas en su gestión diaria por la falta de secretarios, interventores y tesoreros pero la llegada de estos fondos, que tienen un plazo determinado de ejecución impuesto por Bruselas, no hace sino incrementar la problemática que los municipios llevan denunciando desde hace años. En los 88 ayuntamientos y siete cabildos de las Islas, además de las mancomunidades, hay hasta un 56% de vacantes en esta escala de funcionarios de carrera, lo que supone unas 150 plazas de las 269 existentes.

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En el último decreto ley anticrisis aprobado por el Consejo de Ministros en su última reunión de 2022 se introdujo la convocatoria de una oferta extraordinaria adicional y complementaria a la general con un total de 1.000 plazas para la escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. El Boletín Oficial del Estado (BOE) del 28 de diciembre establece que este proceso selectivo debe realizarse en el plazo improrrogable de un año desde la publicación de las respectivas convocatorias, lo que da idea de la urgencia con la que se pretende realizar las oposiciones, ya que lo habitual es que un proceso de estas características dure hasta tres años. De hecho, el BOE admite la "extraordinaria y urgente necesidad de acometer esta medida" ante el "elevado déficit de puestos vacantes y de la necesidad de garantizar al desempeño de las funciones reservadas en las entidades locales". Por ello "es preciso reforzar de manera inmediata" las funciones de secretaría, asesoramiento legal, control y fiscalización interna, contabilidad, tesorería y recaudación.

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Además de estas funciones, los ayuntamientos se ven en los próximos meses y años ante la tesitura de afrontar el aumento de los procedimientos y expedientes como consecuencia de la ejecución de las inversiones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiadas con los fondos europeos. Hasta ahora el despliegue de esta financiación ha estado centrada en los servicios públicos esenciales vinculados a la Comunidad Autónoma, pero a partir de este año se tendrán que incrementar los fondos de recuperación destinados a inversiones para la recuperación y diversificación económica donde ya entran en juego también las corporaciones locales, además de la iniciativa privada. Agilizar los fondos sin funcionarios habilitados que den fe pública y fiscalicen el destino de los fondos sería un hándicap que no se puede permitir la Administración, ya que la Unión Europea exige unos plazos y una ejecución óptima de las partidas en aquellos sectores para las que están destinadas.

Balón de oxígeno

Los alcaldes canarios son conscientes de que esta convocatoria de 1.000 plazas para todo el territorio nacional no va a cubrir todas las necesidades de las corporaciones municipales pero sí puede ser un balón de oxígeno ante la perentoria necesidad de personal. Esta oferta extraordinaria "es una petición que llevamos realizando desde la Federación Canaria de Municipios en reiteradas ocasiones", confirma el presidente de la Comisión de Administración Pública y Seguridad de la Fecam, Tomás Pérez, que advierte que "si no tenemos secretarios e interventores la gestión municipal se paraliza y también los fondos europeos si no hay funcionarios habilitados que los tramiten".

En estos últimos años el incremento de vacantes lejos de disminuir ha aumentado ya que en 2019 había un 54% de plazas sin cubrir y ahora hay sobre un 56%. Convocatorias insuficientes, jubilaciones, bajas y resistencia de los funcionarios a venir a Canarias y a los ayuntamientos más pequeños son los motivos por los que se ha llegado a esta situación, que los ayuntamientos parchean como pueden con enormes dificultades que ralentizan la gestión e incluso la paraliza como sucedió recientemente con el Ayuntamiento de Telde, que no pudo aprobar su presupuesto de 2023 por la falta de un interventor.

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Ante estos problemas, el Gobierno canario dio la posibilidad a través de la Ley 18/2019 de medidas urgentes de ordenación del empleo público de que cuando el régimen establecido por el Estado no permita garantizar la cobertura de los puestos de secretario e interventor, y "en casos de ausencia, vacante, enfermedad u otras causas", la Comunidad Autónoma podrá realizar "nombramientos excepcionales y circunstanciales" de otros funcionarios de la Corporación e incluso de personal autonómico siempre de forma interina.

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El BOE establece que en las convocatorias que se realicen de esta oferta de empleo público se realizará una distribución territorial de forma proporcional al número de puestos vacantes en cada comunidad autónoma en el intento de garantizar "una adecuada distribución de las necesidades de personal en todas las entidades locales". En este sentido Tomás Pérez reclama la máxima agilidad en el proceso para cubrir vacantes y advierte que al ser un proceso estatal no se podrán cubrir todas las plazas, además de que los que obtengan el puesto podrán elegir la comunidad donde trabajar "y para un habilitado nacional Canarias sigue estando lejos", avisa el alcalde de La Aldea.

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