La plataforma de afectados reclama cambios en la unidad de explotación turística

La plataforma de afectados por la ley turística critican que el interés turístico continúe prevaleciendo sobre el interés de la población residente y demandan que haya «un cambio de mentalidad que ponga a la ciudadanía, y no al territorio, frente al fenómeno turístico». Al respecto sus miembros lamentan «la apropiación del patrimonio colectivo mediante el uso del adjetivo turístico propiciando un enfoque distorsionado que subordina a la ciudadanía frente al visitante».

Los representantes de la plataforma muestran su satisfacción por las más de 22.000 firmas presentadas en el Parlamento para que la Cámara debate la iniciativa legislativa popular sobre turismo. «El abordaje que propone la proposición de ley pasa por separar la regulación del fenómeno y la actividad turística de la ordenación urbanística y territorial, que ya cuenta con su propia normativa específica. El turismo como actividad económica debe tener sus reglas».

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Según la plataforma, varios miles de personas «se han quedado fuera por no poderse recibir en plazo y muchísimos extranjeros residentes han mostrado su malestar por no poder firmar válidamente sobre un asunto que les afecta enormemente, aunque sí puedan votar para elegir a los alcaldes y alcaldesas». La plataforma solicitó en un primer momento que se ampliara el plazo para recoger firmas de tres a cinco meses pero fue rechazada por los servicios de la Cámara ya que ley establece un plazo máximo de tres meses sin opción a ampliación. Asimismo, junto a los miembros de la plataforma acudieron a la sede del Parlamento en Santa Cruz de Tenerife familiares del antiguo presidente del colectivo, Blas Padrón, que falleció recientemente.

Los afectados por la ley turística reivindican una simplificación de la amplia normativa que incide tanto sobre la regulación como sobre el urbanismo de las zonas turísticas: «Las sucesivas normas que han abordado el fenómeno turístico precisan de un abordaje más simple y contenido para dejar atrás su hipertrofia y ceñirlo a su papel estricto que no es otro que un componente más de la sociedad anfitriona y no el único».

Asimismo advierten que «es necesario reformular el principio de unidad de explotación y definir legalmente el concepto de establecimiento turístico alojativo en el mismo sentido que ha sido útil en otras comunidades autónomas, tal y como propone la Oficina del Defensor del Pueblo. Ello para ser más respetuosos con los derechos en liza toda vez que la ley debe ampararlos en su globalidad», sostienen, una situación en la que chocan contra los empresarios turísticos, que se oponen a consolidar la residencialización en las zonas turísticas. 

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