Ganadería no aprecia anomalías en los expedientes de los Fuentes

Las consejerías de Agricultura y Administraciones Públicas han remitido al Juzgado que investiga el caso Mediador la documentación que le requirió de los expedientes de la Dirección General de Ganadería y de los correos electrónicos corporativos de los exdirectores generales imputados Juan Bernardo y Taishet Fuentes durante sus etapas en el Ejecutivo. El portavoz del Gobierno, Julio Pérez, destacó la celeridad con la que se ha actuado para colaborar con la Justicia y aclarar cualquier tipo de indicios de irregularidades en la gestión pública.

En relación con el departamento de Agricultura, la magistrada solicitó del Ejecutivo los expedientes de las cuatro empresas supuestamente beneficiadas por la trama con las gestiones realizadas por Ganadería desde 2016 y las ayudas concedidas a estas sociedades, explicó Pérez. En relación con la Consejería que encabeza el también portavoz del Ejecutivo, se ha trasladado al Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife los soportes informáticos necesarios para acceder a las comunicaciones corporativas –correos electrónicos– de Juan Bernardo y Taishet Fuentes mientras estuvieron al frente de la Dirección General de Ganadería. Pérez aseguró que la Consejería de Agricultura ha contestado «en su totalidad» al requerimiento de la juez instructora y en el caso de que no fuera así enviará «cuantos otros documentos solicite».

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Julio Pérez reiteró que del primer análisis realizado por el personal de Agricultura «no se ha encontrado una anomalía visible sobre la cual poner la lupa», motivo por el que la Comunidad Autónoma no puede personarse como perjudicada, «ni siquiera indiciariamente», en el caso Mediador.

Pese a que no se han detectado todavía actuaciones que supongan un menoscabo para el erario público, el consejero de Administraciones Públicas ha encargado una investigación extraordinaria y urgente a la Inspección General de Servicios de todos los expedientes tramitados por la Dirección General de Ganadería desde que se inició la legislatura en julio de 2019. La inspección es un órgano interno de control encargado de la vigilancia del cumplimiento de la legalidad y de la observancia de los principios generales de objetividad, imparcialidad, eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos.

Julio Pérez resaltó que la Inspección es autónoma en sus labores desde que se le encarga un trabajo de control y reiteró que si del análisis que se haga de la gestión de la Dirección General de Ganadería se detectara anomalías que conlleven un perjuicio para los recursos públicos el Gobierno no dudará en personarse en la causa como perjudicado, algo sobre lo que los servicios jurídicos aún no consideran conveniente porque no se han detectado irregularidades en este sentido.

Acciones judiciales

También los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma han contestado al requerimiento del presidente Ángel Víctor Torres para interponer posibles acciones judiciales contra Marco Antonio Navarro Tacoronte por sus acusaciones de que el jefe del Ejecutivo era conocedor de la trama del caso Mediador. Los juristas de la Comunidad Autónoma han respondido que el supuesto atentado al honor y a la reputación del presidente incumbe a su persona, no a la institución de la Presidencia del Gobierno. Es por ello que si Torres pretende querellarse contra Navarro Tacoronte debe hacerlo a título individual, estiman desde los servicios jurídicos.

Quien sí ha emprendido ya acciones penales contra Navarro Tacoronte es la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, por diferentes declaraciones injuriosas y difamatorias del intermediario del caso Mediador que atentan contra la honorabilidad de la consejera, señalaron ayer fuentes del departamento. Tacoronte vertió acusaciones en diferentes entrevistas en medios de comunicación en las que aseguraba que Vanoostende ha estado al tanto de actividades irregulares ocurridas en la Consejería, aseveraciones que son «rotundamente falsas y que atentan gravemente contra su honor familiar y profesional», aseguran desde en entorno de la consejera.

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Julio Pérez señaló este caso como ejemplo de que las personas que se sientan perjudicadas por las acusaciones de Navarro, sean cargos públicos o funcionarios, deben interponer las denuncias a título individual. De hecho, el portavoz del Ejecutivo indicó que a juicio de los servicios jurídicos «tampoco está claro» que se haya producido un daño a la reputación o al prestigio de la Comunidad Autónoma, y que solo puede personarse como perjudicada en los procedimientos judiciales por violencia de género.

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