Guerra judicial por el uso residencial de apartamentos en zonas turísticas

La disputa jurídica por el uso residencial en las zonas turísticas se recrudece. Las sanciones impuestas por la Consejería de Turismo del Gobierno regional desde 2020 han soliviantado a los propietarios de apartamentos que utilizan para su uso privado y no para explotación turística, circunstancia que está prohibida en determinadas zonas de las Islas según la Ley de Renovación y Modernización Turística de 2013. El departamento de Turismo ha incoado seis sanciones en los tres últimos años y la plataforma que representa a los afectados ya ha empezado a recurrir a los tribunales tras desestimar la Consejería los recursos de alzada presentados. La judicialización de esta problemática camina de forma paralela a la iniciativa legislativa popular presentada en el Parlamento en enero, con más de 15.000 firmas de apoyo para modificar la normativa y que se permita el uso mixto en las zonas turísticas, un proyecto que tendrá que esperar a la próxima legislatura para su debate parlamentario.

Los expedientes abiertos entre los años 2020 y 2022 suponen multas que oscilan entre 2.253 a 9.015 euros por infracciones «muy graves» de la legislación. Los gobiernos anteriores no habían aplicado esta potestad, pese a que la norma lleva una década desde que entró en vigor, dado que en 2017 se introdujo una modificación en la Ley del Suelo para excluir a aquellos propietarios que demostraran el uso consolidado del apartamento como residencial antes de esa fecha. Sin embargo, la normativa es profusa porque a estas dos leyes se unen el planeamiento municipal y el insular, que inciden directa e indirectamente en los usos del suelo. Son más de 50.000 los afectados que son propietarios de apartamentos y bungalós en las Islas y que consideran que se ponen en riesgo sus propiedades si se impone el uso exclusivo turístico en los municipios donde predominan este tipo de inmuebles.

Hasta ahora se han sancionado a seis propietarios con multas de 2.253 a 9.015 euros

Una residente en Playa del Inglés afectada por la sanción impuesta por Turismo ha presentado un recurso contencioso administrativo ante la «inseguridad jurídica» que genera la actuación de la Administración al tratar de imponer el uso exclusivo turístico en un complejo de apartamentos donde hay explotación turística pero quedan unidades que los propietarios usan como segunda residencia, que es el caso de esta ciudadana de origen extranjero. En el recurso se alega que el apartamento en cuestión es de uso residencial desde los años 80, pero la Administración exige un certificado acreditativo del uso consolidado del inmueble expedido por el Ayuntamiento donde esté ubicado, pese a que la afectada ha presentado declaraciones responsable que justifican que el apartamento no se ha dedicado nunca a la explotación turística sino al uso residencial. Asimismo, la aplicación de la excepción de la Ley del Suelo de 2017 establece que a partir de ese año se prohíben los usos residenciales en aquellas zonas turísticas consolidadas, algo que no sucede con el apartamento en cuestión.

Indefensión

La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística, Maribe Doreste, lamenta que se haya llegado a esta situación en la que «se vulnera el derecho a la propiedad y se deja indefensos a miles de propietarios». Según la plataforma, las administraciones públicas no solo no ayudan sino que «enredan» esta problemática. Además de las sanciones procedentes del área autonómica de Turismo, la plataforma denuncia que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana «está poniendo todas las pegas posibles» para la declaración de consolidación de uso residencial que están solicitando muchos propietarios. No solo reclama un sinfín de documentación y certificados, sino también la acreditación de domiciliaciones bancarias en el municipio, algo que sorprende a los miembros de la plataforma.

La vía judicial no acabará en los tribunales canarios si fallan en contra de las reclamaciones de los afectados. La plataforma que les representa advierte que llegarán hasta al Tribunal de Justicia de la UE en defensa de sus intereses, para ello cuenta con un gabinete jurídico que está al tanto de las distintas regulaciones legales y urbanísticas que inciden sobre los usos del suelo, con el fin de evitar que miles de propiedades se queden en un limbo legal después de más de cuatro décadas de uso residencial.

Temor a que la ley de iniciativa popular presentada en enero se empantane en el Parlamento

La alarma y preocupación que han generado estas sanciones han provocado las primeras movilizaciones de los afectados. Este pasado fin de semana se celebró una reunión informativa en Playa del Inglés convocada por la Plataforma para exponer la situación y los pasos a dar en los próximos meses.

Antes de llegar a las últimas instancias judiciales los representantes de la plataforma esperan que se dilucide en el Parlamento canario la iniciativa legislativa popular que se presentó en enero. Sin embargo los tiempos parlamentarios también son lentos como los de la Justicia ya que el procedimiento de este tipo de iniciativas requiere de una serie de plazos y trámites estipulados para que una proposición de este tipo presentada desde fuera de la Cámara se convierta en ley.

La plataforma consiguió superar las 15.000 firmas mínimas necesarias y ahora son los servicios de la Cámara los que tienen que realizar el trabajo de verificar todas las firmas para darlas por válidas y autorizar la entrada definitiva para que sea tramitada en la Cámara y se tome en consideración.

La plataforma hará un seguimiento especial del discurrir de la norma una vez que se constituya el nuevo Parlamento tras las elecciones del 28 de mayo. Los diputados y diputadas tomarán posesión a finales de junio, mientras que en julio será el debate de investidura del nuevo Gobierno, lo que quiere decir que hasta septiembre no comenzará a funcionar a pleno rendimiento la actividad parlamentaria. Los miembros de la plataforma temen que se dilate el proceso como ocurre con otras iniciativas legislativas populares que se han presentado en la Cámara.

Sin ir más lejos el primer registro de la iniciativa legislativa de protección del arbolado urbano entró en la Cámara en octubre de 2019, en el inicio de la legislatura, y a estas alturas aún no se ha aprobado, es decir, ha consumido los cuatro años de legislatura sin que haya salido adelante como ley. Por ello la plataforma advierte que estará vigilante para que no ocurra lo mismo con la iniciativa presentada para evitar que se dilate el proceso en exceso.

La plataforma de afectados también se tiene que enfrentar a las presiones de las patronales de empresarios turísticos, que son contrarios a la residencialización de las zonas más turísticas de las Islas. Mientras la iniciativa legislativa pretende dar por finiquitada la unidad de explotación, los hoteleros advierten que cualquier intento de voladura del principio de unidad de explotación vía reforma de la legislación sectorial turística «supone un precedente gravísimo» capaz de provocar un «daño irreparable» a los complejos turísticos y al empleo en las Islas. En opinión de las organizaciones empresariales propuestas como las de la iniciativa legislativa popular buscan el «exclusivo interés particular» de los propietarios de apartamentos frente al interés general del sector.

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