El Gobierno de Canarias olvida la Sala de lo Civil y Penal en la huelga de funcionarios judiciales

El Gobierno de Canarias olvidó incluir a la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en el decreto de servicios mínimos con motivo de la huelga general de este miércoles convocada por el funcionariado de la administración de Justicia en todo el país. De esta forma, no se contempló la presencia de personal en ese tribunal para gestionar los servicios esenciales estipulados.

En el decreto de la Consejería de Administraciones Pública, Justicia y Seguridad, que se publicó en el BOC el lunes, se estipula que en los «Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, Juzgados de Instrucción, Juzgados de Instancia, Juzgados de Familia, Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, Juzgados de Menores, Juzgados de lo Mercantil, Juzgados de lo Social, Juzgados de lo Contenciosoadministrativo, Salas de lo Social y Salas de lo Contencioso-administrativo, así como Fiscalía» debe haber, al menos, un gestor o tramitador procesal y administrativo y un auxilio judicial. Pero nada se dice de la Sala de lo Civil y Penal del TSJC. Unos servicios mínimos que los convocantes -los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y STAJ- volvieron a tachar este martes de «abusivos».

Seguimiento por debajo de la media

El seguimiento de la movilización en Canarias se sitúa, según los convocantes, en el entorno del 60% -por debajo, admitieron, de la media estatal, que está entre el 75 y el 80%-, lo que ha provocado ya la suspensión de miles de actuaciones judiciales en los juzgados y audiencias del Archipiélago. A nivel nacional, se cifraron en más de 700.000 durante las primeras jornadas.

Pese a ello, denunciaron los convocantes, no ha habido ningún avance en la negociación que exigen al Ministerio de Justicia para parar las movilizaciones. «Nos tienden la mano, pero no hay ninguna convocatoria formal para sentarse», apuntó el representante sindical de CCOO en el sector de Justicia a nivel estatal, Juan José Jiménez. Por su parte, desde STAJ, Luis Suárez lamentó que no se tenga en cuenta al «93% de los funcionarios de Justicia» y no se quiera «negociar absolutamente nada» con ellos desde el Ministerio que dirige Pilar Llop.

Molestia con los LAJ

Además, Suárez puso el foco en que hay «ciertas personas» pertenecientes al colectivo de letrados de la administración de justicia (LAJ) -en huelga durante más de dos meses entre enero y marzo- que están «atacando a nuestras medidas de conflicto colectivo». Según comentó, algunos de estos funcionarios -«que no es la norma general»- están intentando que no se suspendan las vistas «yendo ellos mismos a grabarlas y a hacer las actas para dar la imagen de que la justicia no se para». Un comportamiento que no ha gustado a sus compañeros porque «minimiza» su fortaleza «en contra de nuestros derechos». 

Las movilizaciones en el sector continúan este miércoles con una huelga general que arranca en la medianoche y se alargará hasta las 23.59 horas en todos los juzgados y audiencias de España, así como una manifestación por las calles de Madrid.

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