Gasto público | Los fondos ‘Next Generation’ en Canarias

La mitad de las plazas para gestionar los fondos europeos están sin cubrir

El Gobierno creó unidades administrativas con unos 300 efectivos para agilizar la gestión, pero un año después siguen los problemas para dotar las vacantes

Imagen del Hospital Insular. La sanidad fue el principal destino de los fondos React EU para hacer frente al Covid.

Imagen del Hospital Insular. La sanidad fue el principal destino de los fondos React EU para hacer frente al Covid. / Andrés Cruz

La Comunidad Autónoma solo ha podido cubrir hasta ahora poco más de la mitad de las cerca de 300 plazas provisionales que se crearon hace dos años para gestionar y agilizar la ejecución de los fondos europeos Next Generation destinados a Canarias. El Gobierno saliente modificó antes de irse los procedimientos para dotar de más eficacia a la entrada y adscripción de nuevo personal ante las dificultades surgidas para los nombramientos, el encaje en las categorías superiores de empleados interinos o la tardanza de los concursos y listas de reserva para los llamamientos. En los últimos días se han publicado en el BOC las distintos cambios aprobados por el pacto de las flores en las unidades administrativas provisionales, con el nuevo pacto CC-PP ya ejerciendo.

Con la estructura del anterior Ejecutivo cada consejería aprobó un instrumento de planificación estratégica con los fondos europeos asignados y las prioridades de inversión, además de crear una unidad administrativa específica para la gestión de los mismos ya que la UE exige un calendario concreto para la ejecución y justificación de los fondos. En 2022 se aprobaron las planificaciones y las nuevas unidades echaron a andar, pero la preocupación fue cundiendo al percatarse que no se cubrían los puestos por las rigideces de la normativa, la lentitud de los procedimientos de asignación de personal por concursos y listas de empleo o la falta de incentivos y retribuciones en categorías superiores si el empleado no es funcionario de carrera.

Con las modificaciones introducidas se corrigen algunas de las deficiencias que estaban dificultando la entrada de personal para cubrir las plazas, un handicap que puede entorpecer la gestión de los fondos. De esta forma se facilita el nombramiento de personal directivo o técnico por libre designación para evitar los corsés de los concursos y de las listas de reserva; se allana el camino para que funcionarios de las otras administraciones públicas -cabildos, ayuntamientos, Administración del Estado, Justicia, sector público- puedan solicitar una adscripción provisional en la Comunidad Autónoma y se favorece que los interinos que cubren los puestos directivos y tengan titulación superior puedan obtener la retribución que les corresponde a su categoría.

El Ejecutivo facilita los nombramientos de libre designación y la movilidad del personal

Con estos cambios pactados entre Hacienda y Función Pública y con el resto de departamentos autonómicos se espera culminar la incorporación del personal que falta en los nuevos puestos, que tendrán contrato por tres años con opción de prórroga por un año más. Al menos se requiere un centenar de empleados más, según las previsiones del Gobierno anterior.

Nuevos equipos

Además de facilitar los procesos para la captación de más personal, también se crean cuatro nuevas unidades en el ámbito de la Dirección General de Planificación y Presupuestos: Control de Fondos, Certificación y Pagos, Gestión de Fondos y Evaluación y Comunicación. Como consecuencia se generan cuatro nuevos puestos directivos, mientras que el resto de personal es el ya previsto en la norma aunque se reasignan aquellos efectivos necesarios para dotar a los nuevos equipos. 

De los dos grandes fondos Next Generation el React-EU, dotado con 630 millones de euros, tiene que estar ejecutado antes del 31 de diciembre de este año. En un primer momento el plazo para certificar el gasto era marzo de 2024 pero la Comisión Europa ha admitido una prórroga de un año para la justificación de los fondos, por lo que se tendrá hasta marzo de 2025. Ante ello se ha creado una unidad específica de certificación y pagos ya que se trata de un proceso laborioso y clave ante el Estado y Bruselas al tratarse de fondos que se adelantan, se certifican y la Comisión Europea los reintegra. En el resto de áreas y departamentos se reordenan algunas unidades y se crean nuevos puestos pero dentro de los límites establecidos por la ley y los instrumentos de planificación.

Se crea una unidad de certificación y pagos para justificar el gasto ante el Estado y Bruselas

Desde que se aprobó la ley en 2021 para la agilización administrativa y la planificación, gestión y control de los fondos procedentes del instrumento europeo de recuperación Next Generation EU se han producido varias modificaciones de los documentos de planificación y de las unidades administrativas, debido a los errores detectados y para dar más eficacia a la tramitación. Las necesidades coyunturales de personal se encauzaron a través de nuevos equipos dotados de técnicos, empleados cualificados y administrativos con el fin de dedicarse exclusivamente a esta tarea hasta su finalización, en función del calendario impuesto por la Comisión Europea.

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La última modificación realizada en el operativo creado para gestionar los fondos europeos Next Generation se ha ido publicando en las últimas semanas, tras ser aprobado por el Gobierno anterior entre junio y principios de julio. La entrada del nuevo Ejecutivo ha supuesto cambios sustanciales en la estructura de la Comunidad Autónoma con la creación de nuevas consejerías, separación de departamentos que antes estaban bajo la misma dirección política y un incremento de direcciones generales y viceconsejerías afectadas por los fondos europeos impulsados por la UE a raíz de la crisis provocada por el Covid. Este nuevo escenario supondrá una nueva reestructuración de los instrumentos de planificación estratégica y de las unidades administrativas. El pacto CC-PP aún no ha finalizado el proceso de nombramiento de los nuevos cargos, entre ellos la Dirección General de Función Pública, órgano que decide los criterios de provisión de plazas en la Administración. | R. A. D.

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