Torres intercede para resolver la disputa por el traspaso de Costas

El Ministerio de Política Territorial va a mediar entre el Gobierno canario y el Ministerio de Transición Ecológica para intentar alcanzar un acuerdo en relación con las discrepancias que mantienen ambas administraciones por las transferencias de Costas. Para ello se están acelerando las gestiones con el fin de convocar una subcomisión de costas, en el marco de la comisión bilateral Canarias-Estado, donde se sienten representantes de Transición Ecológica y de la Comunidad Autónoma, junto a Política Territorial: «Tratamos de llegar a un acuerdo para no ir a los tribunales, queremos mediar entre las partes y alcanzar el máximo consenso que sea posible», afirma Antonio Olivera, director de Gabinete del ministro Ángel Víctor Torres.

Olivera acota a una «discrepancia jurídica muy concreta» las diferencias existentes y que han provocado las críticas del actual Gobierno regional y la exigencia de una comisión específica con el Estado. Por ello el dirigente canario advierte que en modo alguno se trata de ampliar o cuestionar el traspaso de las competencias negociadas en la pasada legislatura, uno de cuyos responsables fue el propio Olivera como viceconsejero de Presidencia. «Se ha llegado al máximo que permite la Constitución y que recoge el Estatuto de Autonomía, no se podía llegar más allá», asegura.

El director de Gabinete de Política Territorial descarta que el actual ministro y expresidente canario, Ángel Víctor Torres, haya cambiado de criterio, al contrario, «la transferencia se negoció en las mejores condiciones posibles, no se podía tener más de lo que se ha negociado», añade Olivera, para criticar al Ejecutivo regional por intentar «confundir» al exigir la transferencia completa de las competencias cuando realmente de lo que se trata es de «una discrepancia jurídica muy concreta» relativa a la disposición transitoria de la Ley de Costas referida a los expedientes en curso cuando Canarias asumió el traspaso, sobre todo aquellos expedientes anteriores a la ley estatal y que afectan como casos más notorios a los hoteles Oliva Beach y Tres Islas, de la cadena Riu, en Corralejo.

El Estado reduce las discrepancias a una disputa jurídica por los expedientes de los hoteles de Riu

Conflicto de competencias

Olivera admite que su criterio y el del ministro es el mismo que cuando estaban al frente del Gobierno canario, es decir, que estos expedientes debe ser traspasados a la Comunidad Autónoma, algo a lo que se niegan los técnicos del Ministerio de Transición Ecológica. El pacto de las flores advirtió con plantear un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional si el Ministerio se mantenía en sus trece y solicitó una convocatoria de la comisión bilateral Canarias-Estado antes de llegar al conflicto jurisdiccional.

Ahora el Ejecutivo regional también ha exigido esta reunión y el Ministerio de Política Territorial propiciará que ésta se convoque lo antes posible para tratar de alcanzar un acuerdo, si bien Olivera reconoce que los técnicos del Ministerio de Transición Ecológica mantienen el mismo criterio de que estos expedientes debe ser culminados por el Gobierno central porque son anteriores a la Ley de Costas y no les afecta el marco jurídico negociado entre el Estado y Canarias en relación con las competencias en la gestión del litoral.

El alto cargo de Política Territorial asegura que no hay más discrepancias entre el Estado y Canarias en torno a este asunto porque las competencias son las máximas posibles que pueda tener la Comunidad Autónoma. «No se puede llegar más lejos», insiste Olivera, y recuerda que las comunidades de Andalucía, Cataluña y ahora también Baleares también se ajustan a este marco porque es el que establece la Constitución y sus respectivos estatutos de autonomía.

Por eso Antonio Olivera se muestra sorprendido cuando desde el Gobierno canario actual se habla de tener las competencias plenas en Costas cuando la negociación y el decreto de traspaso es el que permite el ordenamiento jurídico actual, a excepción de la discrepancia concreta que ahora se intenta dilucidar entre las administraciones antes de acudir al Tribunal Constitucional.

Olivera advierte que la transferencia actual es lo máximo que permite la Constitución

«La ley del Tribunal Constitucional habilita que haya negociaciones entre el Estado y las comunidades autónomas para alcanzar acuerdos antes de ir al conflicto judicial y eso es lo que vamos a hacer, es un asunto estrictamente de discrepancia jurídica porque los técnicos de la Comunidad Autónoma mantienen que estos expedientes deben transferirse a Canarias y los del Ministerio dicen lo contrario», añade Olivera.

La situación de los dos hoteles de Riu situados en las playas de Corralejo no solo están inmersos en un conflicto jurídico-político entre el Estado y Canarias, sino que también están en la vía penal tras una querella presentada por el grupo hotelero contra altos cargos del Ministerio de Transición Ecológica, a los que acusa de prevaricación administrativa por la caducidad de la licencia de ambos establecimientos. Antonio Olivera advierte que la denuncia de Riu no tiene que ver con el conflicto competencial existente entre las dos administraciones, por lo que ha separado ambas cuestiones aunque las dos confluyan en la misma problemática.

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