El Tribunal Constitucional enmienda al Supremo: se excedió al propiciar la pérdida de escaño de Alberto Rodríguez

El Tribunal Constitucional ha aplicado un severo correctivo al Supremo al estimar, con el espaldo de sus magistrados progresistas, el recurso presentado por el que fuera diputado y dirigente de Podemos Alberto Rodríguez contra la condena de un mes y 15 días de prisión -que fueron sustituidos por multa de 540 euros- por dar una patada a un policía durante una manifestación en 2014. Sale adelante por siete votos frente a cuatro, si bien el magistrado Ramón Sáez formulará voto particular concurrente, señalan fuentes del órgano a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica.

El alto tribunal consideró que la sustitución de la pena de cárcel no suponía prescindir de pena accesoria impuesta, esto es, la inhabilitación especial durante el tiempo de la condena, y ello acabó provocando que Rodríguez perdiera su escaño en el Congreso.

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Se trata de la segunda ocasión en la que este asunto llega al Pleno del órgano de garantías. Se analizó este asunto el pasado mes de octubre en relación con una primera ponencia en la que la magistrada del sector progresista María Luisa Segoviano ya proponía amparar a Rodríguez, al considerar que los efectos jurídicos de la condena que impuso el Supremo eran desproporcionados.

Quebrantamiento

Tras lo deliberado en ese primer análisis, Segoviano retiró su propuesta y al Pleno de este martes ha llevado otro texto más duro para el Supremo. Se habla de quebrantamiento del principio de legalidad penal al imponer la inhabilitación para el ejercicio del derecho al sufragio pasivo como pena accesoria de la condena principal, que finalmente fue una multa. Para Segoviano, esta operación jurídica fue incorrecta porque al sustituir la pena de cárcel por una de multa ya no era posible mantener la inhabilitación.

Rodríguez acudió al TC para combatir la sentencia del Supremo pero también presentó un segundo recurso, aún pendiente de resolver, contra el acuerdo adoptado el 22 de octubre de 2021 por la entonces presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, para retirarle el escaño después de que el TS le condenara.