Canarias abre la mano a destinar locales comerciales, oficinas y solares en desuso a casas protegidas

El decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda contempla la posibilidad del cambio de uso de locales comerciales, oficinas y otras instalaciones para convertirlos en viviendas protegidas en un edificio destinado a uso residencial, así como el destino de solares urbanizables en desuso para uso dotacional o de equipamientos con el fin de utilizarlos para la construcción de casas de promoción pública. Asimismo se podrá compatibilizar suelo sin desarrollar en zonas turísticas para viviendas protegidas de promoción privada o incrementar la edificabilidad de un inmueble para destinarlo a este tipo de pisos.

Todas estas medidas están acompañadas por la agilización de los procedimientos, de tal forma que las parcelas se puedan poner a disposición de la Administración o de los promotores privados de inmediato ya que la construcción de viviendas públicas serán consideradas obras de interés general y se declaran de urgencia todos los trámites vinculados a este objetivo. Con la aprobación del pleno municipal es suficiente para incorporar el suelo a viviendas sin tener que esperar al resto de los trámites, que suelen tardar más de un año.

El decreto ley se aprobará la próxima semana en el Consejo de Gobierno y entrará en vigor de inmediato ante la "emergencia habitacional" que existe en Canarias, indicó el consejero del área, Pablo Rodríguez. Con los actuales planes de vivienda de Canarias, del Estado y de los fondos europeos hay financiación para unas 3.000 viviendas, cifra que se puede duplicar en función de las actuaciones que se realicen para adquirir viviendas inacabadas y el interés de los constructores para acogerse a las medidas previstas en la nueva norma.

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Sin acceso a la propiedad

Rodríguez dejó claro que las iniciativas que se contemplan en el decreto ley son incompatibles con la vivienda vacacional, de tal forma que la reserva para viviendas protegidas, en la mayoría de los casos del 50%, o en los edificaciones residenciales que se utilicen para tal fin estará prohibido la modalidad del alquiler turístico. Otra de las novedades es que se cierra la opción del acceso a la propiedad de los pisos de promoción pública en alquiler, una iniciativa que se ha aplicado en diferentes etapas desde los años 90 y la última de ellas fue la legislatura pasada con un decreto específico. A partir de ahora las viviendas públicas con alquiler social estarán siempre bajo esta modalidad al margen de la familia que ocupe en cada momento el inmueble.

El decreto ley también introduce modificaciones en la Ley de Vivienda de Canarias y en decretos posteriores, entre otras actuaciones para actualizar e incrementar el módulo básico, el tope de ingresos para poder acceder a una vivienda protegida o que los cabildos puedan promover la construcción de pisos de estas modalidades.

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