Consejo de Gobierno | Crisis de la vivienda pública en Canarias
El Gobierno canario echa mano de un decreto urgente para "multiplicar" el parque de vivienda pública
El 28 de febrero es la fecha límite para aprobar una legislación que ponga en el mercado más de las 2.000 casas previstas en el plan del 'pacto de las flores'
El parque público de vivienda en Canarias está por los suelos: sólo el 0,96% de las casas son públicas frente al 9,3% de la media europea. Un "problema social" denunciado por la Diputación del Común y cuyo titular, Rafael Yanes, llegó a pedir en noviembre en sede parlamentaria al Gobierno que decretara el "carácter de urgencia" de la política de vivienda.
El Ejecutivo que preside Fernando Clavijo tomó nota y, dos meses después, el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, se ha dado hasta el 28 de febrero, fecha del último Consejo de Gobierno del mes, para aprobar un decreto de ley urgente cuyo objetivo es "multiplicar" la puesta en el mercado de "más de las 2.000 viviendas previstas" en el vigente plan canario aprobado por el anterior Gobierno del pacto de las flores que presidió el socialista Ángel Víctor Torres.
Al respecto, Rodríguez calificó de "insuficiente" la construcción de esas 2.000 casas en las islas, debido a que "hay unos 25.000 demandantes".
El texto agilizará la cesión de suelos para vivienda protegida al Gobierno canario
El decreto, por tanto, estará listo «cuanto antes, mejor» y actuará en tres direcciones: agilizar la cesión de suelos para vivienda protegida (cuya tramitación se prolonga ahora durante 12 meses), actualizar el módulo básico que perciben los promotores privados (su cuantía se incrementa desde los actuales 1.400 euros hasta los 1.800 euros el metro cuadrado en Gran Canaria y Tenerife y aún más en las cinco islas restantes) y poner en el mercado el máximo posible de los 1.400 inmuebles inacabados a causa de la crisis de 2008 , que "tienen licencia urbanística" y que están en manos del banco malo (Sareb) y fondos privados de inversión.
"Son soluciones ambiciosas y, en muchos casos, sin precedentes que buscan agilizar la construcción de vivienda pública, utilizar todas las inacabadas y facilitar la participación del sector privado", resumió el consejero.
La idea base del decreto urgente es "acortar los tiempos", pues construir una promoción de viviendas suele extenderse por espacio de tres años, a los que hay que añadir los doce meses que duran los trámites para la cesión de suelos municipales destinados al parque público de inmuebles.
Las medidas urgentes serán de aplicación inmediata desde su aprobación por el Ejecutivo
El texto que se aprobará "entrará en vigor en el mismo momento de su publicación en el Boletín Oficial", por lo que su aplicación "será inmediata" y, a juicio del consejero de Obras Públicas, "simplificará y agilizará los procedimientos administrativos, declarando de interés general y urgente la construcción de vivienda pública y la cesión de suelo por parte de las administraciones locales" al Gobierno de Canarias.
Por su parte, el portavoz del Gobierno, Alfonso Cabello, apuntó que a este futuro decreto hay que sumar la regulación del alquiler vacacional, ya en marcha por parte de la Consejería de Turismo y con más de 5.000 alegaciones al borrador, lo que a su juicio demuestra que el actual gabinete "actúa de manera decidida" para solucionar "uno de los grandes problemas" de las islas.
Como se recordará, en Canarias se empiezan a construir cada año entre 2.500 y 3.000 viviendas, un número insuficiente para paliar la carestía de casas y pisos, pues según varios informes, para afrontar esta carencia es necesario triplicar el ritmo de construcción de nuevas residencias a un ritmo de entre 9.000 y 10.000 al año para enfrentar con garantías los problemas del mercado inmobiliario.
Plan Canario
25.000 demandantes
El Plan Canario de Vivienda tenía previsto construir 2.000 viviendas, una cantidad claramente insuficiente frente a los 25.000 demandantes de casas y pisos.
Parque inacabado
Grandes tenedores
Tanto el conocido banco malo como grandes fondos privados de inversión tiene en su poder más de 1.400 inmuebles sin terminar de construir desde la crisis del año 2008.
Módulo básico
Más de 1.800 euros
Desde 2003 el módulo básico que se paga a los promotores de vivienda pública está "frenado" en 1.400 euros el metro cuadrado; el decreto del Gobierno elevará hasta los 1.800 euros el mismo y será aún de mayor cuantía en las islas menores.
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