Un juez rechaza el reingreso en un centro de menores de un migrante que llegó a Gran Canaria

Un juzgado de Madrid ha denegado el reingreso en un centro de protección de menores de un migrante que duerme en la calle, después de que la Fiscalía decretara que es mayor de edad al tener dudas sobre la validez del pasaporte que ha aportado, que acredita que tiene 14 años.

Según informan a EFE fuentes jurídicas, el titular del Juzgado de Primera Instancia número 23 ha rechazado las medidas cautelares que solicitó la abogada de este chico, A.A., con el objetivo de que el magistrado suspendiese el cese de la tutela de la Comunidad de Madrid hacia él, es decir, reactivase su protección.

En su auto, fechado el miércoles, el juez pide, no obstante, a la administración que, en el caso de que se acredite que es mayor de edad como sostiene la Fiscalía, se activen los mecanismos habilitados para asistirle a través de servicios sociales, según las fuentes.

Si, por el contrario, se determinase que es menor, añaden las fuentes, el juzgado no tendría que intervenir porque la administración puede revocar su propia decisión.

Recientemente y en paralelo a este procedimiento, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU ha pedido a España que de "manera urgente" y para prevenir un daño irreparable traslade de manera provisional al niño a un centro de protección de menores mientras se aclara legalmente su edad.

La Fiscalía decretó la mayoría de edad

A.A., nacido en Gambia, llegó sin protección familiar a Las Palmas de Gran Canaria el verano pasado y posteriormente fue trasladado a diferentes ciudades como si fuera un adulto, pese a que portaba una fotografía de su pasaporte y de su acta de nacimiento, que mostraba que tenía 14 años, según ha denunciado la Fundación Raíces.

Tras gestiones de la Fundación, el chico ingresó en un centro de protección de menores de Madrid, si bien la Fiscalía acabó decretando su mayoría de edad al negarse este a someterse a un proceso de determinación de edad y al "albergar dudas de la fiabilidad de los datos" de su pasaporte, pese a que la Policía concluyó que no había signos de falsedad en él, según explica la Fundación en un comunicado.

En consecuencia, la Comunidad dictó resolución de cese de protección y A.A. lleva desde este lunes en la calle.

Su abogada recurrió dicha resolución y pidió medidas cautelares para que se le reintegrase en el centro de protección de menores, si bien han sido denegadas por el juez en un auto en el que alude, según fuentes jurídicas, a la mayoría de edad decretada por el fiscal.

Pese a esta decisión, el juez pide en su auto que, en el caso de que se determine que es mayor de edad como indica el fiscal, la Comunidad de Madrid ponga en marcha los mecanismos que estén en su mano para asistirle.

En un comunicado emitido previamente a la notificación del auto, la presidenta de Fundación Raíces, Lourdes Reyzábal, alertaba de que "en la actualidad son miles los niños que están en Canarias a la espera de una correcta identificación para ser protegidos y cientos los que se encuentran en Madrid en centros de adultos como el de Alcalá de Henares o Carabanchel, muchos de ellos con documentación que acredita su minoría de edad, pero sin ser protegidos".