La comunidad de vecinos del parque de Santa Catalina que ha conseguido que una juez suspenda las fiestas nocturnas del carnaval por las molestias que generan ha anunciado este martes que no renunciará a defender sus derechos a pesar de las presiones que dicen estar recibiendo en los últimos días.
"Cualesquiera que sean las presiones y comportamientos prepotentes, que se reiteren o intensifiquen, en desprecio de la Ley, la Justicia y los derechos de los demás, ello no impedirá que mis representados ejerzan ante el Poder Judicial las acciones judiciales que en Derecho procedan", asegura en un comunicado remitido a Efe la abogada Yomara García Viera. Esta letrada representa a los residentes en el edificio Simón Bolívar número 5, la comunidad de vecinos que ha conseguido que el Juzgado de lo Contencioso número 5 de Las Palmas de Gran Canaria prohíba al Ayuntamiento ubicar los chiringuitos, mogollones y conciertos nocturnos del carnaval en su emplazamiento habitual del parque de Santa Catalina y de la plaza de las Islas Canarias.
La abogada de los vecinos subraya que sus clientes llevan "muchos años intentando buscar soluciones consensuadas y negociadas con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para compatibilizar los actos del Carnaval con los derechos constitucionales y fundamentales que les asisten, como son los derechos a la vida privada, a la integridad física y moral, a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad del domicilio". Sin embargo, aseguran que "no han encontrado la misma disposición y talante en la Corporación municipal, que tampoco ha tenido en cuenta este año a los vecinos en la preparación de los actos que les afectan tan directamente, ni ha obrado posteriormente con eficacia y buena fe, siendo incapaz de gestionar este asunto".
"Tiempo ha habido durante años e, incluso, después de este último auto (dictado hace solo 12 días), de hallar una solución de consenso si verdaderamente se hubiera querido buscar", dice su letrada. La abogada de los vecinos de Simón Bolívar número 5 denuncia que en los últimos días han presenciado cómo algunos "atacan injustificadamente el auto judicial, desafiando abierta y públicamente su cumplimiento", y que sus clientes han sufrido presiones "por muy diversas vías y modos, expresos y soterrados".
Al mismo tiempo, añade, se ha llegado "incluso a descalificar a la propia juez que dictó el auto", en actitudes "impropias de un Estado Social y Democrático de Derecho". "Entendemos que nos asiste la razón en la legítima defensa de los derechos de los vecinos, incluidos ancianos, enfermos y niños, a fin de garantizar un mínimo nivel de descanso, salud, seguridad e higiene en el domicilio de los mismos y su entorno residencial", subraya García Viera. Esta letrada admite que se puede discrepar del contenido del auto que suspende los mogollones en el entorno de Santa Catalina, pero defiende que es "impecable jurídicamente e impide la consumación de un nuevo atropello por parte del Ayuntamiento a los vecinos".
En los últimos días, distintos representantes del Ayuntamiento han hecho llamamientos a los vecinos demandantes a buscar una salida consensuada a este conflicto, porque el Consistorio no se plantea llevar la fiesta nocturna del carnaval a otro lugar. Sin embargo, al mismo tiempo, el Ayuntamiento ha pedido el amparo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en un recurso en el que denuncia que los demandantes "abusan" del Derecho y solo buscan "hacer el mayor daño a la ciudad" por razones "espurias".
En los últimos días, se han producido protestas ciudadanas a las puertas de la comunidad de vecinos demandantes y una diputada en el Congreso, Ana Oramas, de CC, ha calificado de "goda" a la juez que ha dictado la medida cautelar sobre los mogollones. La suspensión cautelar no afecta, en cambio, a los certámenes, galas y concursos que conforman el programa del carnaval.
