Las asociaciones de jueces tacharon ayer de "inaceptables" las palabras de la diputada nacionalista Ana Oramas, que calificó de "goda" a la magistrada que dictó el pasado 22 de enero un auto por el que se suspendían los actos nocturnos del Carnaval capitalino.

La Asociación Profesional de la Magistratura explicó que, aunque la crítica es legítima, "en modo alguno puede admitirse, y atenta contra los principios básicos de respeto y lealtad institucional, pudiendo incluso llegar a suponer un ataque a la independencia judicial, es el insulto y la descalificación cuando no se está de acuerdo con una decisión judicial". Señaló, además, que es más grave cuando estas descalificaciones "provienen de un representante de la soberanía popular, que debería extremar el cuidado en sus declaraciones. Flaco favor se hace a la Justicia y a los que trabajamos en ella, en un momento de escasez de medios y exceso de trabajo, con actitudes" como la de la política de CC.

En la misma línea se expresó la portavoz de Jueces para la Democracia, Victoria Rosell, que destacó que el término "goda" tiene un "claro carácter peyorativo en las Islas". Agregó que la juez "se limita a ejecutar lo que dicta la sala del TSJC y no puede resolver lo contrario". Para la juez es necesario que Oramas pida disculpas por sus palabras. La diputada nacionalista señaló en su cuenta de twitter que "los canarios sabemos distinguir perfectamente entre lo que es un godo y un peninsular", ante los comentarios de algunos twitteros.

José Antonio Mateo, decano de los jueces y miembro de la Asociación Francisco de Vitoria aseguró que se ha tratado de una "metedura de pata lamentable" por la que Oramas "debería pedir disculpas". "Soy canario y esto me ha parecido de otro tiempo ya superado, por suerte", aclaró el magistrado, que ve aún más grave que este desliz provenga de una representante pública, porque evidencia un "notable desconocimiento del estado de derecho".

Desde Foro Judicial, su portavoz, Víctor Cava, se mostró de acuerdo con el comunicado enviado por la Asociación Profesional de la Magistratura. Las palabras de Ana Oramas demuestran "la falta de consideración y respeto a una magistrada que decide sobre un conflicto delicado, con un carácter popular y mediatico". Se trata de "uno de los poderes básicos del Estado y debe predicar con el ejemplo y fomentar respeto, al margen de que la crítica es legítima". Cava cree que se debe "ayudar a buscar soluciones y no avivar el fuego".