¿Dónde está el caudal artístico de Pedro Rico? Es la incógnita que aflige a los familiares del que fue el último alcalde de Madrid durante el último periodo de la Segunda República. De las 23 pinturas requisadas a Rico durante la Guerra Civil, cinco se encuentran entre los peines de la Casa de Colón. Sus descendientes reclaman ahora al Cabildo de Gran Canaria estas obras, repartidas por todo el país, amparándose en la Ley de Memoria Democrática.
Tres Lucas Velázquez 'goyescos', un toro agonizante de Domingo Faolla pintado sobre cartón y otro óleo de Domingo Marqués. Estos son los resquicios de la colección privada de Pedro Rico, inquilinos desde hace más de siete décadas de los fondos de la Casa de Colón.
El conservador del museo colombino, Francisco Javier Pueyo Abril, un 'Libro gordo de Petete' andante, posee el inventariado del total de piezas artísticas del catálogo dentro de su cabeza. Él ha sido uno de los responsables en arrojar luz sobre la historia de las piezas, aquellas que su propietario, forzado a exiliarse de España, nunca pudo reclamar.
Fue en 2014 cuando Javier Pueyo, como recién llegado a la entidad cultural canaria, comenzó a "tirar del hilo" en una investigación interna de clasificación de los cuadros que albergaba la Casa de Colón. "Encontramos un cuadro que tenía una pegatina identificativa", explica. Como un arqueólogo 'armado' con pico y brocha, Pueyo acabó en el Instituto de Patrimonio Cultural en Madrid, 'desenterrando' capas de tierra que yacían encima de este "patrimonio soterrado". De esta manera, logró trazar el recorrido del cuadro, desde el domicilio de Rico en Madrid hasta Gran Canaria.
Requisa de bienes
Todo comienza con el repentino estallido de la Guerra Civil, cuando el devenir político del país cambió inexorablemente. La ley relativa al Patrimonio Artístico Nacional, promulgada por el gobierno republicano en 1933, afloró como maniobra 'in extremis' para la requisa de bienes de interés artístico dentro del contexto de guerra. Bajo la presidencia del socialista Francisco Largo Caballero, se creó una Junta que, según publicaba la cabecera la Gaceta de Madrid, tendría como objetivo la incautación "del patrimonio de interés artístico, histórico o bibliográfico" para protegerlo de posibles desperfectos ocasionados por la guerra.
Así fue como la Junta Delegada de Incautación y Protección del Tesoro Artístico llevaba a cabo una política de recolección de bienes artísticos para almacenarlos de manera temporal en depósitos, grandes museos como El Prado, o en Iglesias. En paralelo, los gestores franquistas del patrimonio en la guerra y en la inmediata posguerra crearon el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, que también asumía las mismas competencias de incautación, depósito y devolución de obras de arte.
Muchas de estas piezas no pudieron devolverse a sus propietarios, aunque con la victoria del Movimiento Nacional el uno de abril de 1939, el mando del general Francisco Franco daba la oportunidad de reclamarlo por orden ministerial. Sin embargo, los propietarios republicanos que se encontraban en el exilio, o bien permanecían ocultos en España como "enemigos del régimen", se vieron forzados a dejar huérfano este patrimonio personal por miedo a ser represaliados. En el caso del regidor republicano, no se le dio constancia de que pudiera reclamar su colección de bienes personales.
Recalar en Canarias
Pedro Rico huía del país en enero de 1937 hacia Francia. Entre la larga lista de obras incautadas por la Junta de la Segunda República se encuentra, desperdigada por rincones de toda España, su colección personal de 23 pinturas y dos dibujos, siendo la Casa de Colón uno de los museos responsables de la custodia. Pero la incógnita sobre cómo llegan las obras de arte a Las Palmas de Gran Canaria sigue sin resolver.
El 27 de octubre de 1941 se envía a la capital un depósito de 39 bienes artísticos provenientes de la Comisaría General del Patrimonio Artístico Nacional con destinatario para el Gobernador Civil de Las Palmas, Plácido Álvarez Buylla. Se trataba de material almacenado dentro del Museo del Prado por la Junta Delegada de Incautación durante la Guerra Civil, entre el que figuraba las piezas extraídas provisionalmente del domicilio de Rico. La gran galería de Madrid fue la responsable del patrimonio artístico incautado por varios años. De hecho, hoy en día alberga dos obras de Rico que también objeto de reclamación de los familiares.
Dichas piezas, llegan a la ciudad al año siguiente y se entregan para su custodia al Cabildo Insular el cinco de febrero de 1942. El presidente del Cabildo, Antonio Limiñana López, se compromete a exponerlas en el Museo Insular de Pintura. Ahí permanecen una década hasta la fundación de la Casa de Colón, a donde se trasladan y aparecerán consignadas en el catálogo el 18 de julio de 1952, como “una segunda aportación del Prado que procede de fondos de recuperación y es mucho menos valiosa, aunque registra piezas de belleza singular”. Se cometió entonces el error de pensar que eran piezas de la galería de Madrid, y no el patrimonio histórico que requisó la Junta republicana.
Ley de Memoria Democrática
No es hasta los años 90 cuando Javier Pueyo, distingue estas obras de arte como parte de un expolio de la Guerra Civil. Mediante este correcto inventariado, y la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, el 15 de marzo del año pasado la familia de Pedro Rico se moviliza para ponerse en contacto con la Casa de Colón. Reciben entonces una carta de la abogada Laura Sánchez Gaona, de la Caliope Art Law Boutique de Madrid, un despacho especializado en derecho del arte. Sánchez Gaona se pone en contacto con el Cabildo de Gran Canaria en nombre y representación de los nietos y herederos de Pedro Rico López para reclamar la restitución de cinco de las obras depositadas en 1942 que fueron incautadas el nueve de julio de 1938 en el número 41 de la calle Villanueva.
El Servicio de Museos se puso en contacto con la Subdirección General de Museos Estatales del Ministerio de Cultura y Deporte para conocer la situación actual de las devoluciones de las obras incautadas durante la Guerra Civil. Tras varias conversaciones telefónicas y correos electrónicos, desde el Área de Colecciones de dicha Subdirección, se afirma que dichas obras son todavía parte de un depósito estatal realizado al Cabildo en 1942 y que habría que esperar a un Informe solicitado a la Abogacía del Estado para proceder de forma y manera conjunta.
Las piezas reclamadas por la familia son tres óleos sobre lienzo de Eugenio Lucas Velázquez titulados: Cruz de Mayo, Majos obsequiando a un garrochista y Toro embistiendo a un grupo. Un óleo sobre cartón de Roberto Domingo Fallola del último cuarto del XIX titulado Banderillas de fuego y un lienzo de Francisco Domingo Marqués fechado en 1870 y con título Mosqueteros: la venta del caballo.
Devolución a la familia
La correspondencia entre Caliope Art Law Boutique y la Casa de Colón desemboca en una reunión dentro del centro cultural en mayo del año pasado. Los familiares de Pedro Rico, emocionados visitaron el depósito con el afán de reconocer los cuadros. Así fue como reconectaron con su familiar, mientras contemplaban los cinco óleos históricos colgados en el peine. Los marcos de algunos, aún originales y con un visible deterioro irreparable a causa de la mugre incrustada, han sido testigos en primera persona de un relato insólito.
La Consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Guacimara Medina, quien estuvo ese día con los allegados de Rico durante la visita, declara que "no tenemos certezas de que podamos dar una pronta respuesta desde el Cabildo de Gran Canaria a la familia que ha reclamado las piezas en cuestión", y desembrolla que "aunque las obras están depositadas en el museo, no somos los titulares institucionales de las mismas". Medina explica que ahora mismo están analizando las vías jurídicas para la devolución de los cuadros, y como referencia toman la Ley 20/2022 de Memoria Democrática y el Real Decreto 2134/2008 del procedimiento a seguir para la restitución a particulares de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil española.
En manos del Ministerio de Cultura
Quien tiene la última palabra es el Ministerio de Cultura, ya que la competencia de las obras y museos se eleva a las instituciones estatales. Desde el museo y la Consejería de Cultura del Consistorio capitalino expresan el interés en devolver estas piezas, y reconocer a los familiares de Pedro Rico como los legítimos propietarios de un legado que fue expoliado, aunque se mantienen a la espera de un informe de la Abogacía General del Estado que dé rumbo al procedimiento. "Es de justicia social (con previa confirmación de la propiedad de las obras) devolverlas aunque la vía jurídica disponga de argumentos contrarios", apostilla Guacimara Medina. Otra de las opciones que explora el conservador Javier Pueyo es "resarcir a las familias, pero que estas decidan mantener las obras dentro de la Casa de Colón".
Tal y como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial con el saqueo del patrimonio personal de la población judía, las pertenencias que fueron expropiadas durante el Holocausto fueron finalmente devueltas a los mismos propietarios, o en su defecto, a sus familiares. La cuestión halla símiles con las obras incautadas durante la Guerra Civil española. Sentado en la antesala del despacho de dirección del museo Javier Pueyo, no cuestiona bajo juicios de moral la requisa del nueve de julio de 1938 en el 41 de la calle Villanueva, pero ve como una decisión lógica devolver el patrimonio que tanto ha cuidado durante 30 años.
El 'DNI' de las artes en tiempos de guerra
El Presidente de la Junta Central del Tesoro Artístico Nacional, Timoteo Pérez Rubio, declaró una entrevista realizada con respecto al método de identificación de obras: «Se puede decir que el papel de la Junta Central consistía en salvar los tesoros artísticos de toda España y preservarlos contra todo tipo de daños: bombardeos y destrucción, pero también robos, deterioro, etc. Hemos recogido objetos de arte procedentes de todas las regiones del país, pero siempre les extendíamos un recibo cumplimentado y el nombre del propietario era cuidadosamente conservado». Esta información del diario suizo La semana fue publicada el dos de junio de 1939 con el titulo El hombre que salvó las obras maestras españolas. El ‘DNI’ sirvió de salvavidas para evitar la deriva histórica de las piezas, una herramienta socorrida por los investigadores museológicos.
