El reciente anuncio del Ayuntamiento de Palma de prohibir el alquiler vacacional en edificios plurifamiliares, ha reactivado el debate en el resto de España: ¿seguirán otros destinos su política restrictiva? El Ayuntamiento de Valencia ya ha tomado igualmente la decisión de acotar el alquiler de viviendas para uso turístico, en su caso solo a aquellas ubicadas en plantas bajas y primeros pisos.
También Canarias se decantará, previsiblemente, por una medida de este tipo en su futuro decreto vacacional. Al menos así lo apuntan las informaciones que el propio Gobierno está transmitiendo: establecerá una prohibición general en las zonas turísticas y dejará en manos de los respectivos cabildos y ayuntamientos abrir o no la mano. Todo ello, a la espera de que el Ejecutivo no dilate aún más una regulación que reclama todo el sector, incluidos los gestores legales de esa modalidad turística.
Pero, ¿quiénes son esos gestores? Según el último informe del Gobierno canario, solo el 14% actúa de forma legal: 18.400 de las 131.000 plazas alojativas que se anuncian en las Islas. El porcentaje es aún menor en Palma: 645 de 11.000 plazas, apenas el 5,8%.
Por su parte, los que más se hacen oír sobre el alcance de este fenómeno, es decir los hoteleros, pintan un panorama aún más sombrío. Para ellos, las viviendas que se alquilan a turistas están concentradas en manos de fondos buitres y especuladores. También sostienen que son las principales causantes de la turismofobia. Y niegan, o relativizan, que supongan una democratización de la actividad turística y viva, gracias a ellas, una franja significativa de la sociedad post-crisis.
Este es, precisamente, el principal argumento que esgrime la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV), la única existente: "Representamos a 7.000 viviendas, entre propietarios particulares y pequeñas empresas canarias intermediadoras de propietarios que no tienen tiempo o conocimientos para explotarlas directamente. No representamos a webs multinacionales, fondos buitres, ni inversores extranjeros", ha explicado su presidenta, Doris Borrego.
Pero, ¿qué opinan los restantes intermediarios y propietarios? ¿Y los otros agentes que intervienen en el mercado, por ejemplo los administradores de fincas encargados de mediar en las disputas vecinales? ¿Es el mercado vacacional tan pernicioso como lo pintan quiénes se oponen a él? ¿O se está ofreciendo una visión catastrofista y distorsionada por quienes ven peligrar sus propios negocios?
Diversas conversaciones con algunos de estos representantes, que en la mayoría de los casos reclama el anonimato, introduce numerosos matices a la realidad descrita. Y, sobre todo, pone en evidencia que el mundo de las viviendas vacacionales es un auténtico laberinto, en el que conviven diversos supuestos que podrían resumirse en, al menos, cinco.
El 'efecto moratoria'
Llama en primer lugar la atención constatar que, al igual que ocurrió con la oferta hotelera, se está produciendo el denominado "efecto moratoria". Es decir, ante el anuncio de posibles prohibiciones, hay propietarios que han optado por inscribir sus viviendas en los respectivos registros insulares (obligatorios y controlados por cada cabildo), sin realizar actividad alguna. Así lo reconocía un matrimonio cuyos datos, que son públicos para cualquiera que quiera consultarlos, figuran en el listado del Cabildo de Gran Canaria: "De momento no tenemos intención de alquilar nuestro piso ni a corto ni a medio plazo, pero tenemos un familiar en el negocio y, ante el temor a que cierren el grifo en el futuro, hemos optado por registrarla".
En el extremo opuesto se sitúan aquellos propietarios que han decidido todo lo contrario: explotarlas en la absoluta ilegalidad. Pero entre el negro y el blanco que representan estos dos supuestos, existe otra variedad de casos en los que propietarios o intermediarios (oficiales o ilegales) tratan de sacar la mayor tajada posible bajo cierta apariencia de legalidad.
La picaresca es muy amplia. Así, se ha hecho popular en la capital grancanaria, entre los que conocen el mercado, "el caso de un italiano que comercializa 75 viviendas él solo. No está dado de alta, como nosotros, como intermediario, pero los propietarios terminan cediéndole el piso para su explotación porque les promete un margen de beneficio mayor que el que nosotros podemos ofrecerles".
En el sur de Gran Canaria, hay otro botón de muestra: un intermediario oficial explota otro buen número de viviendas eludiendo cualquier responsabilidad, al obligar a los propios propietarios a que sean ellos los que figuren como titulares de la explotación al registrarlas.
En medio de este mundo de pícaros, agentes mediadores autorizado como tales por el Gobierno autónomo tratan de consolidarse en el mercado. La gran paradoja es que los mecanismos regulatorios y de control que se van estableciendo, están en realidad centrándose precisamente en ellos. Son los únicos que ponen a disposición de las diferentes administraciones (Gobierno, Cabildo, Policía y Agencia Tributaria) todos sus datos, mientras los ilegales siguen, en su gran mayoría, fuera de control: "Quienes estamos regulados y cumpliendo a rajatabla todas las medidas que nos van imponiendo, nos sentimos doblemente perjudicados. Por un lado, por los ilegales, que nos roban clientes y nos perjudican a todos. Y, por otro lado, por las propias instituciones, que se ceban con nosotros, mientras no tienen ningún control sobre quienes actúan en la más absoluta ilegalidad", explica un intermediario oficial. Y otro lo secunda: "Registramos la vivienda en el Cabildo, nos damos de alta en el Gobierno de Canarias como intermediarios, comunicamos al departamento de Hospedería de la Policía Nacional todos nuestros huéspedes y tributamos a Hacienda. Y, sin embargo, sentimos que estamos pagando el pato, porque cada vez nos cuesta más captar y retener a los propietarios, porque los ilegales les ofrecen mejor margen". Y para rematar lo absurdo del sistema , "ninguna de las plataformas, salvo Expedia y HomeAway, nos piden licencia o registro de las viviendas que explotamos para subirlas".
Y si se pregunta, por último, a los administradores de finca, se limitan a reconocer que "más problemas de convivencia nos dan los Erasmus que los turistas que duermen en las viviendas vacacionales".
