El mecanismo de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) se mantendrá más allá del 30 de septiembre si las circunstancias económicas de los próximos meses los siguen haciendo necesarios. Así lo confirmó ayer la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en su visita al Archipiélago para firmar el nuevo convenio para el desarrollo del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC), que cuenta con un presupuesto de 42 millones de euros. La también vicepresidenta tercera del Gobierno de Pedro Sánchez quiso mandar un mensaje de tranquilidad a los 76.761 isleños que continúan en suspensión de empleo. «No teman porque este mecanismo ha venido para quedarse», señaló.
Díaz afirma que una región con una tasa de paro juvenil del 60% «no tiene futuro»
Díaz remarcó que los ERTE han sido la herramienta que mejor ha permitido abordar la crisis económica y social generada por la pandemia y por eso «van a continuar» si fuera necesario, aunque apuntó que se espera que tanto el resto del país como Canarias «estén en otra coyuntura económica dentro de unos meses, como así apuntan los datos que indican una tendencia «moderadamente positiva». Aún así, insistió en que antes de que finalice el plazo, la comisión tripartita -conformada por el Gobierno, patronal y sindicatos- se volverá a reunir para examinar los datos por comunidades autónomas y sectores productivos, para «analizar si es necesario mantener el mejor mecanismo de protección social de la historia» de España. «La recuperación tiene que ser justa, por abajo y por arriba», aseguró, y defendió que a través de esta herramienta, puesta en marcha tras la irrupción de la crisis sanitaria en marzo del año pasado, se han salvado «a más de tres millones de trabajadores y 550.000 empresas en todo el país».
La ministra recalcó durante su comparecencia que Canarias ha tenido por parte del Ejecutivo central un trato diferenciado “desde el minuto cero”, ya que la realidad del Archipiélago no tiene nada que ver con la que viven otras comunidades autónomas y señaló ser consciente de que este es “uno de los territorios más damnificados por la crisis sanitaria, económica y social”. En este sentido, argumentó que es la única comunidad “que está incorporada al texto de los ERTE con nombre y apellidos”, algo que generó polémica en el resto de las regiones, «una polémica que asumimos», ya que, reiteró, en las Islas «los datos hablan por si solos».
El presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, felicitó a la ministra por haber logrado una nueva prórroga de los ERTE con el acuerdo de los agentes sociales y puntualizó que desde abril de 2020 a abril de 2021 este mecanismo ha dejado en Canarias 2.353 millones de euros en el pago de prestaciones, que se suman a los 480 millones exonerados de las cuotas a la Seguridad Social por parte de las empresas.
Torres resaltó los últimos datos de desempleo y personas en ERTE del Archipiélago «que nos llenan de esperanza», pero remarcó que todavía «queda mucho camino por recorrer».
Torres cifra en 2.353 millones el pago de las prestaciones por ERTE en las Islas desde abril de 2020
Canarias tuvo en los peores momentos de la crisis, cuando la actividad económica se paralizó casi por completo durante el confinamiento, algo más de 254.000 trabajadores en ERTE. La cifra fue descendiendo con la desescalada, pero, salvo en el mes de diciembre del año pasado, siempre se ha mantenido por encima de las 80.000 personas, sobre todo debido a la imposibilidad de reactivar el turismo, uno de los sectores determinantes para la economía de las Islas, y a las restricciones impuestas a la restauración.
El número de trabajadores afectados por un ERTE se había mantenido por encima de esa cifra hasta el mes pasado, cuando salieron del limbo de los ERTE hasta 7.700 trabajadores en Canarias. Una reducción importante, en concreto de un 9,2% respecto a la cifra de abril, pero que se debe coger con pinzas, ya que el Archipiélago es la comunidad en la que el porcentaje de trabajadores en suspensión de empleo es más importante, debido a la alta dependencia del sector servicios que tiene la economía canaria, y a que este ha sido uno de los más perjudicados por la pandemia.
A pesar de esto, Yolanda Díaz se mostró convencida de que tal y como ha ocurrido en crisis anteriores, la economía canaria tendrá una recuperación «vigorosa» tras este impacto y quiso resaltar la diferencia con lo ocurrido en la anterior crisis de 2008. «Se tardó once años y diez meses en recuperar los niveles de empleo y afiliación anteriores a la crisis financiera», mantuvo, mientras que ahora «en unos meses nos acercamos a la situación de empleo de antes de la pandemia», algo que no asumió como un logro del Gobierno «sino de nuestro país».
Sin embargo, sí se mostró preocupada con la situación del paro juvenil, un problema que a Canarias no le es ajeno, ya que en la región la tasa de desempleo de los menores de 25 alcanza el 61,4%. «Este, junto el paro estructural y estacional, es el mayor problema que tiene España», sentenció antes de añadir que «una tierra que supera el 60% de paro juvenil no tiene futuro». Para Díaz estas cifras son «inasumibles» y por eso apuntó que gran parte de las inversiones que se canalizarán a través del Plan Integral de Empleo de Canarias irán dirigidas a fomentar el empleo de los más jóvenes.
Las Islas tienen todavía a 76.761 trabajadores en suspensión temporal de empleo
Sin embargo, advirtió que el mercado de trabajo no funciona de forma mecánica y por eso se deben propiciar cambios en el modelo productivo. «El talento joven no puede ser desperdiciado y no puede ser que estén trabajando a razón de 430 euros al mes», criticó.
La ministra estuvo acompañada durante su visita a Tenerife por la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, y tuvo tiempo también para reunirse con los agentes sociales del Archipiélago, tras la firma del convenio. «En esta crisis los agentes sociales han estado a la altura de las circunstancias han dejado su diferencias a un lado», sostuvo, tras afirmar que el Gobierno central seguirá apostando por el diálogo social como «modus operandi».
Las claves del Plan Integral de Empleo
- ¿Qué objetivo persigue este plan?
El Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) es una herramienta que persigue que se lleven a cabo una serie de actuaciones que favorezcan la reducción del desempleo en el Archipiélago, favoreciendo la inserción laboral de las personas en paro y especialmente la de aquellos colectivos más afectados por el desempleo.
- ¿Cuál es su financiación?
El Gobierno central ha destinado 42 millones de euros al Plan Integral de Empleo de Canarias. Por primera vez estos fondos están reconocidos como inversión en los presupuestos Generales del Estado (PGE), algo que valoró el presidente del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres, y aseguró que gracias a esto no se podrán reducir como ha ocurrido con Gobiernos anteriores durante la crisis financiera iniciada en 2008, que además de rebajar su cuantía la suprimió por completo en los años 2015 y 2016. Este año, el soporte que el Gobierno de España otorga al Plan Integral de Empleo se añade la distribución acordada en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, que en concreto destina a Canarias en este año más de 130 millones de euros.
- ¿Quién se encarga de desarrollarlo?
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), dependiente del Ministerio de Trabajo, pone a disposición del Archipiélago los recursos necesarios para desarrollar este plan.
- ¿Qué actuaciones se llevarán a cabo?
El programa incluye un Plan Extraordinario de Empleo Social (PES), dotado con 25 millones de euros, destinado preferentemente a la contratación de personas desempleadas con mayores dificultades para su inserción en el mercado laboral, en colaboración con la Fecam y en coordinación con los Servicios Sociales de los 88 ayuntamientos de Canarias. Los 25 millones del PIEC se completarán, de manera extraordinaria, con 10 millones de euros de otras partidas presupuestarias, para hacer frente a las consecuencias sociales y en el empleo de la pandemia. Incluye también el Plan Extraordinario de Transición Ecológica (PETE), en coordinación con los cabildos insulares y que experimenta un incremento en 5 millones de euros respecto a 2020, hasta situarse en una dotación de 10 millones. El PETE está destinado a la contratación de personas en situación de desempleo para proyectos vinculados a tres ejes principales: economía circular, economía y biodiversidad y energía sostenible. Además, se incluyen planes de formación específicos para los sectores económicos más afectados por la crisis de la Covid-19 y para el reciclaje y recualificación de las personas trabajadoras hacia otros sectores productivos, en especial los vinculados a las economías verde, azul y circular, por un importe de 3 millones de euros.
- ¿Cuándo entrará en vigor?
El convenio del Plan Integral de Empleo para Canarias fue suscrito ayer por la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres. Este año el convenio ha sido firmado dos meses antes que el año pasado. Torres quiso agradecer a la también vicepresidenta tercera del Gobierno de Pedro Sánchez esta agilidad en la firma del convenio, ya que de esta manera los fondos podrán llegar antes a cabildos y ayuntamientos de las Islas, que en el pasado han tenido dificultades para ejecutar las actuaciones incluidas en el plan por el retraso en la llegada de los fondos.
- ¿Qué retos asume este plan?
Para la titular de la cartera de Trabajo, Yolanda Díaz, este plan es un ejemplo de la «singularidad de Canarias», ya que habla de su condición de Región Ultraperiférica (RUP) y de los instrumentos preferentes de los que Canarias puede disponer. Díaz aseguró ayer que este plan despliega actuaciones para movilizar el mercado de trabajo y generar oportunidades de empleo para acompañar a las personas trabajadoras en el tránsito de la crisis generada por la pandemia. «Debe ser diverso y mejorar la cualificación y la formación», añadió, sin perder de vista que debe tratar de mitigar el problema del alto desempleo juvenil que existe en las Islas, donde la tasa de paro de los menores de 25 supera el 60%.
