Suscríbete

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Los hoteleros de Lanzarote acusan a Costas de obviar «la realidad» en Yaiza

El Gobierno de Canarias ve posible reconducir el informe de Madrid mediante el diálogo

Un hotel en Playa Blanca, en el municipio de Yaiza.

Los empresarios lanzaroteños se muestran «perplejos» ante el informe de la Dirección General de Costas que desplaza el dominio público en la costa de Yaiza desde los actuales 20 metros hasta los 100. Aunque convencido de que el documento no supondrá el derribo de ninguno de los hoteles y demás edificaciones situadas en primera línea de playa, el vicepresidente de la patronal hotelera Asolan, Héctor Pulido, critica «el desconocimiento de la realidad» mostrado por el departamento que depende del Ministerio para la Transición Ecológica.

Los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias analizan el texto redactado por Costas y que de forma obligatoria, dado su carácter vinculante, debe incorporarse al Plan de Ordenación del municipio del sur de Lanzarote. «Es un informe complejo y lo estamos mirando punto por punto para ver de qué manera es posible hacerlo», explica el viceconsejero de Planificación Territorial y Aguas del Ejecutivo autonómico, Leopoldo Díaz.

En su departamento, dependiente de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial que dirige José Antonio Valbuena, cobra fuerza la posibilidad de «contratar asistencia externa» para hacer encajar las piezas sin que eso suponga arrasar la planta alojativa y residencial más cercana al mar.

No obstante, Díaz no descarta toparse con muros o, según sus palabra «cuestiones discutibles» que conducirían a mantener «reuniones con Costas» para detallar sobre el terreno el alcance del documento firmado por la jefa del Área de Planeamiento Urbanístico del Gobierno central, Ana Belén Moreno. En cualquier caso, el viceconsejero rechaza «adelantar acontecimientos».

Si bien no se expone de manera directa, el objetivo del Gobierno de Canarias es conseguir que el informe de Costas se modifique de modo que se consolide aquello que esté construido. Los problemas se concentrarían entonces en las «parcelas vacantes», detalló el integrante del equipo de José Antonio Valbuena. En otras palabras, el cambio de reglas a partir de este momento podría motivar el pago de indemnizaciones a quienes invirtieron en esos suelos aspirando a algo más que simplemente añadirlos a su patrimonio.

El alcalde de Yaiza, Óscar Noda, opta por el momento por el silencio, que solo rompe para asegurar a los ciudadanos de su municipio que pueden estar tranquilos. De momento, ha solicitado un encuentro a Leopoldo Díaz, que podría producirse al final de esta misma semana. «El plan general lo redactó el Gobierno de Canarias, pero siempre manteniendo el diálogo y alcanzando consenso permanente con el Ayuntamiento», recalcan desde la planta noble del consistorio lanzaroteño.

Las mismas fuentes afirman que Noda se muestra seguro de que será posible una vez más llegar a un entendimiento «mediante el diálogo técnico y político con Costas». En el pasado ambas partes ya mantuvieron discrepancias de criterio sobre el dominio público marítimo terrestre que lograron superarse.

«Por desgracia no conocen la realidad», señaló Héctor Pulido. El pasado viernes la federación del sector empresarial alojativo celebró una asamblea y esa fue la conclusión más extendida entre los afectados por el informe de Costas. De momento, la «tranquilidad» es la tónica reinante, «después ya veremos si tiene que activarse el departamento jurídico», explicó el vicepresidente de Asolan. En opinión de los empresarios, es el resultado de realizar informes «con pleno conocimiento teórico» de las cuestiones a analizar, pero sin estar sobre el terreno. «Cuando lees el informe y sin ser experto, te surge la duda de si alguna vez alguien de ese departamento ha visitado la isla», enfatiza Héctor Pulido.

Para el vicepresidente de Asolan, «la idea de una isla virgen está muy bien, pero no encaja con lo que se ha hecho durante los últimos 30 años». En otras palabras, «lo que se haga a partir de ahora no lo sé, pero lo hecho está», recalcó. En 1988, cuando se tramitó la Ley de Costas, el Gobierno central del PSOE situó la servidumbre de dominio público en los 20 metros desde la orilla para aquellas áreas que tuvieran un plan parcial aprobado. A partir de entonces comenzó la construcción de hoteles y apartamentos en lugares como Playa Blanca.

El informe que ahora ha emitido Costas desplaza 80 metros más adentro la franja del territorio a partir de la que se puede construir, lo que deja fuera de juego hasta 20 hoteles que operan en la actualidad. Mejor dicho, querrían operar a pleno rendimiento pero desde hace más de un año la pandemia se lo impide. La llegada del documento desde Madrid ha sentado mal precisamente por suponer un problema añadido a los múltiples que ya padece el sector.

«Salvando las distancias, este asunto se parece a lo que ha ocurrido con el REF, que después de estar tantos años operativo, ahora viene el Gobierno central a cambiarlo unilateralmente y obliga al de Canarias a tener que explicárselo», critica Pulido.

Compartir el artículo

stats