Canarias estudia las nuevas zonas tensionadas para controlar el alquiler

El Gobierno de Canarias analiza el modo en que aplicará la Ley de Vivienda estatal aprobada la pasada primavera. Esta norma, entre otras cuestiones, rebaja los requisitos que debe reunir una zona para considerarse tensionada y permitir así la intervención del mercado del alquiler. Además, deja en manos de las comunidades autónomas la potestad de reducir el número de casas en manos de un solo propietario para que este pueda ser considerado «gran tenedor» y, por tanto, susceptible de verse afectado por controles más estrictos, precio incluido.

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias tiene sobre su mesa la papa caliente de dar forma a soluciones, más de corto que de medio plazo, para atajar uno de los grandes problemas que afectan no solo a las Islas sino a gran parte de las áreas urbanas del país.

El nuevo Gobierno aún no ha tomado ninguna decisión sobre la traslación de la norma a Canarias

La nueva ley entró en vigor dos días antes de la celebración de los comicios autonómicos del 28M. No fue hasta el 17 de julio cuando el nuevo Gobierno tomó forma, con lo que el consejero Pablo Rodríguez no ha tenido tiempo material para abordar la cuestión. Más aún si intenta hacerlo mediante la puesta en marcha de un gran consenso que requerirá de negociaciones previas para sumar a cuantas formaciones pueda.

«Impulsaremos un Pacto por la Vivienda en Canarias para desbloquear los proyectos que se encuentran paralizados en materia de vivienda pública y agilizar aquellas iniciativas, tanto públicas como privadas, que contribuyan a abaratar los actuales precios del mercado». El texto se incluye en el primer eje de las bases de la acción de gobierno suscrita por los socios –CC y PP– que sostienen el actual Ejecutivo regional.

Aprobada con 176 votos en el Congreso de los Diputados

El texto final aprobado en el Congreso contó con el respaldo de justo 176 diputados. Es cierto que la polarización de la política española se dejó notar en cada una de las grandes leyes aprobadas durante la pasada legislatura, pero no lo es menos que la intervención del mercado del alquiler ha generado una fuerte oposición entre los conservadores y el sector inmobiliario. Las empresas de esta rama de actividad advierten de que en las ciudades europeas en las que se ha intentado con anterioridad la iniciativa ha propiciado un incremento de los precios.

Antes de entrar en vigor la nueva ley, para que una zona pudiera ser considerada tensionada el 30% de los ingresos medios tenían que dedicarse a pagar la hipoteca, el alquiler y lo básico para la habitabilidad (luz, agua...). La vigente desde mayo abre la puerta también si el precio de la compra o el alquiler crece cinco puntos más que el IPC de la comunidad autónoma en los últimos cinco años.

Un problema principal

«Canarias tiene la dificultad de acceder a una vivienda como uno de sus principales problemas», reconoce ese pacto PP-CC que gobierna el Archipiélago desde el mes pasado. En su mano tienen el poder reducir el número de viviendas en propiedad a partir de las que se puede considerar que una persona se dedica a obtener rentabilidad de ellas.

La norma estatal básica sitúa en los diez inmuebles la frontera, pero las comunidades autónomas puede bajarla hasta los cinco. Los que estén dentro de estos parámetros, siempre en un área en la que se cumplan alguno de los factores que permitan declararla tensionada, tendrán límites que no podrán rebasar a la hora de fijar el precio de los alquileres. 

Según los datos de la Dirección General del Catastro, en Canarias hay 16.333 personas con más de diez activos en su cartera inmobiliaria. Tomar la decisión de reducir el límite hasta las cinco propiedades supondría afectar a otros 67.080 propietarios.

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