Choque entre renovables por los plazos para construir mil nuevas plantas en España

España se prepara para una avalancha de nuevas instalaciones de energías renovables en los próximos años. Cientos de proyectos verdes, en torno a un millar, tienen un plazo legal concreto para estar operativos y están obligados a estar en funcionamiento a mediados de 2025. Si no lo consiguen, perderán el codiciado permiso de conexión a la red eléctrica y deberán iniciar de nuevo todo el proceso de tramitación administrativa.

Las asociaciones empresariales del sector renovable llevan tiempo avisando de que será imposible para muchos proyectos cumplir con ese tope temporal por el atasco monumental que provocará que todo el sector esté intentando contratar proveedores (los mismos proveedores) para construir la avalancha que viene de nuevas instalaciones en un plazo tan corto. Las patronales de las eólicas y de las fotovoltaicas coinciden en pedir al Gobierno a que abra la mano y conceda una nueva prórroga dilatando los plazos. Pero sus muy diferentes posturas sobre cómo y a quién dar más tiempo están provocando un choque entre ambos subsectores.

Diferencias entre renovables

La patronal fotovoltaica UNEF reclama abiertamente al Gobierno una prórroga de dos años más para la construcción de los proyectos en tramitación, lo que ampliaría de 2025 a mediados de 2027 el tope para la mayoría de las futuras instalaciones para evitar el atasco de proveedores, y pide que se haga sin aplicar ninguna condición adicional a los promotores, sino simplemente prolongando los plazos actuales, sin más. “Hay que dar más tiempo, pero sin nuevas barreras. Si se imponen nuevas condiciones se complicaría aún más la obtención de financiación por parte de los bancos para sacar adelante los proyectos”, apuntan desde la asociación solar.

Sin embargo, las compañías eólicas piden al Ejecutivo ser más restrictivo y que no haya simplemente una barra libre para todos los proyectos. La Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha propuesto por carta al Ministerio para la Transición Ecológica que active la posibilidad de que cada proyecto solicite una prórroga de hasta dos años, pero exigiendo a los promotores mayores avales bancarios para respaldar el proyecto y garantías adicionales de que tienen cerrada la compra de equipos básicos para construir las plantas, según confirman fuentes de la patronal a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica.

La propuesta de AEE pasaría por que el Ministerio exigiera mayores avales a las compañías para darles más tiempo. Actualmente el promotor renovable debe comprometer avales de 40.000 euros por megavatio (MW) de potencia con que cuente el proyecto, y la patronal eólica pide que se exija 40.000 euros por MW adicionales a las empresas que pidan una prórroga de un año y que sean 80.000 euros por MW extra si solicita dos años.

Además, AEE pide que se exija un año antes de que expire el plazo para que la planta esté operativa una declaración responsable a la compañía que garantice que tiene firmados los contratos de compra de equipos y materiales imprescindibles para construir la instalación, con el objetivo de evitar proyectos fantasma que sólo tienen vocación especulativa. “Si no se tiene un año antes los equipos imprescindibles, no se va a construir la planta. Es obvio”, explican desde AEE, que propone que el promotor que no cumpla con este requisito pierda directamente el permiso de conexión a la red para liberarlo y que pueda concederse a otro proyecto.

El Gobierno da largas

El Gobierno ya ha concedido dos prórrogas para facilitar el cumplimiento de toda la tramitación de los permisos administrativos que dura unos cinco años. En total, se han aprobado 15 meses de alivio para cumplir requisitos de todo el proceso en varios de sus hitos temporales (9 meses para conseguir la declaración de impacto ambiental y otros 6 meses para la autorización de construcción). El Ejecutivo entonces las justificó por las dificultades generadas por la pandemia de covid y por el desbordamiento de las administraciones públicas (especialmente las comunidades autónomas) para estudiar y aprobar todas las solicitudes presentadas.

Frente a las presiones que arrecian desde el sector para conseguir un nuevo aplazamiento, ahora para materializar la construcción de las nuevas plantas renovables, el Gobierno se limita a dar largas a las compañías, y de momento se resiste a conceder nuevas prórrogas o siquiera a anticipar que esté dispuesto a hacerlo en el futuro. “La tramitación administrativa no es el único factor limitante para las plantas solares, y no es el más importante”, señaló la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, hace dos meses en un congreso anual de la propia UNEF. “Probablemente hay proyectos que necesiten más tiempo”, concedió Ribera, pero sin dar por hecho que se vaya a aprobar una extensión de los plazos y alejando la posibilidad de que sea generalizada

El Ejecutivo aprobó la última de las prórrogas ya concedidas el pasado junio con el 'macrodecreto' escoba de final de la anterior legislatura antes de las elecciones del 23J. El sector de las renovables se quejó de que sólo se concedieran seis meses más para conseguir la autorización de construcción (hasta el próximo enero, en la mayoría de los casos) y no se aprovechara para ampliar también el tiempo disponible para terminar la construcción de las plantas y ponerlas en funcionamiento en julio de 2025. Desde el Ministerio para la Transición Ecológica se argumentó entonces en que no era posible incluir en el real decreto ómnibus la prórroga de plazos administrativos que expiran a mediados de 2025 porque no podía justificarse como una medida urgente.

La larga tramitación

El pasado enero proyectos con una potencia conjunta de 58.000 megavatios (MW) obtuvieron la obligatoria declaración de impacto ambiental (DIA) para seguir adelante con sus planes. Era sólo una etapa burocrática de las varias que las compañías energéticas van a tener que superar aún hasta tener en marcha las plantas.

Tras la obtención de la declaración ambiental, la inmensa mayoría de los proyectos en tramitación consiguieron del Gobierno central o de las comunidades autónomas la autorización administrativa previa antes del 25 de abril y luego les tocaba obtener la autorización administrativa de construcción antes del 25 de julio (ahora prorrogada hasta finales de enero). Será ese momento, en todo caso, cuando el Gobierno puede tener mayor visibilidad sobre cuántos y qué proyectos pasan esa criba para tomar una decisión sobre una eventual prórroga.

Proyectos por 15.000 MW ya habían conseguido este último permiso antes de que se aprobara la prórroga, pero los 43.000 MW restantes se exponían a decaer por el atasco burocrático y porque en muchos casos se les había requerido modificaciones al proyecto o nuevas exigencias que hacían imposible cumplir con el plazo. Además de estos 43.000 MW cuyo tiempo se agotaba de manera inminente, plantas de otros 10.000 MW que disponían de más tiempo y que tenían que obtener los permisos más adelante, también se beneficiarán de la prórroga de seis meses. En total, un millar de proyectos por un total de 68.000 MW deben afrontar sus trabajos de construcción en los próximos años.