Constructores y agentes inmobiliarios se unen para desatascar la crisis habitacional

La Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la Provincia de Las Palmas (AECP) y la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria (ACEGI) firman un compromiso para asegurar una gestión eficiente de la compraventa de las próximas promociones que salgan al mercado

Cartel de ‘Se vende’ en un inmueble del barrio capitalino de Arenales.

Cartel de ‘Se vende’ en un inmueble del barrio capitalino de Arenales. / Juan Carlos Castro

Aparte de ampliar el parque habitacional, para mitigar la crisis de la vivienda en Canarias es vital una gestión eficiente de la compraventa de las futuras promociones. Por eso, ayer, en la capital grancanaria, la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas (Aecp) y la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria (Acegi) firmaron un compromiso de colaboración.

La presidenta de los promotores, María de la Salud Gil, subrayó la importancia de contar con los agentes inmobiliarios en las estrategias impulsadas junto al Gobierno de Canarias para aumentar la oferta alojativa en los próximos años, ya que conocen el perfil de los demandantes, los precios que están dispuestos a pagar y las tendencias del mercado, enfatizó Gil.

Así, será más fácil y rápido que los interesados adquieran, por ejemplo, según aseguró, las 1.200 casas que deberán estar terminadas en 2026 gracias al convenio entre la patronal y la Sociedad Orion Rental Socimi, que pretende canalizar y colectivizar la RIC (Reserva para inversores en Canarias) hacia la construcción y rehabilitación de viviendas en arrendamientos a precios asequibles. El primer paquete de esta promoción saldrá a mediados del año que viene y constará de 386 pisos, actualmente inacabados, ubicados en los municipios tinerfeños de Granadilla de Abona y Los Realejos, con una inversión aproximada de 11,3 millones de euros.

El objetivo de estos cuatro años de legislatura es que el parque continúe incrementándose hasta las 4.000 viviendas públicas, aún todavía lejos de las 30.000 que hacen falta en total para destensar la situación que vive el Archipiélago, según el presidente de Acegi, Rafael Tarajano Carrillo.

El representante de las inmobiliarias explicó que, si bien antes de la crisis del 2008 solo el 30% de las operaciones se realizaban con ayuda de un agente, ahora el porcentaje es del 70%, en especial en la compraventa de segunda mano.

En lo que respecta a obra nueva, en 2023 el sector ha alcanzado un volumen de negocio, tras la venta de 25.000 inmuebles, de cerca de 5.000 millones de euros, lo que demuestra su «fortaleza». Eso sí, la cifra dista de las 40.000 anuales que eran objeto de transacción en el Archipiélago antes de que estallara la burbuja. «Somos los que realmente conocemos los problemas de la vivienda al minuto», recalcó Tarajano.

Para acabar con la falta de oferta, el presidente de Acegi pone el foco en dos cuestiones: el stock y las facilidades de acceso. Advierte de que «no hay stock» para vender, por lo que apremió a las constructoras y al Gobierno a impulsar soluciones cuanto antes. Además, enfatizó en la necesidad de poner en marcha políticas públicas para que los jóvenes puedan acceder a hipotecas o alquileres ¿Cuáles? El Tajanano puso ejemplos: El Ejecutivo puede ejercer de avalista para aplacar la inseguridad de los propietarios, o hacerse cargo de parte de los intereses de los préstamos para la adquisición de propiedades. «Proponemos volver a los clásicos planes de vivienda», resumió Gil.

Ambos presidentes advirtieron de los «efectos negativos» de la Ley de Vivienda y la Ley de Arrendamientos Urbanos aprobada en mayo, y que, a juicio de ambos, «demoniza» a los propietarios y arrendadores y provoca la «huida» de la oferta hacia otros fines más allá del mercado para residentes.

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