Canarias se ciñe a su plan y descarta los topes al alquiler que fija el Estado

Un decreto de medidas urgentes recién aprobado –la semana pasada– y la emergencia habitacional declarada ya anticipaban que el camino tomado por el Gobierno de Canarias para abordar los problemas de vivienda del Archipiélago pasa muy lejos de los topes al alquiler fijados por el Ejecutivo estatal. Ayer el Consejo de Ministros aprobó el índice de referencia que marca los precios máximos para los arrendamientos. 

Casi en simultáneo, el consejero canario de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, admitía en el Parlamento autonómico que ni desplegando el Plan Canario de Vivienda en toda su extensión será posible atender la demanda existente en el Archipiélago. Solo el registro de peticionarios de vivienda pública tiene 25.000 personas pero hay «muchísima más gente» en busca de una casa, señaló el consejero.

Las comunidades autónomas tienen la potestad de decidir si hacen operativo el índice de precios de referencia para regular los alquileres, medida estrella de la Ley de Vivienda, que entrará en vigor el 13 de marzo. De momento, solo Cataluña ha solicitado aplicarlo en 140 zonas tensionadas durante tres años, prorrogables.

Grandes tenedores

La web del Ministerio de Vivienda publicó ayer en su web el mencionado índice. Según explicó el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, este mecanismo de control de precios del alquiler se dirige básicamente a grandes tenedores en zonas tensionadas y establece un sistema estatal de referencia en base a los contratos que están actualmente vivos, informa Efe.

La única experiencia hasta el momento con las limitaciones de precios a los alquileres en España la constituye la Ley de Vivienda del pasado año, con la ciudad de Barcelona como punta de lanza. En el Ejecutivo canario se estima que el resultado que dio esa norma en la Ciudad Condal se alejó del esperado y no hizo sino reducir el volumen de la oferta; los propietarios prefieren tener la vivienda cerrada antes que alquilada por el límite máximo.

Aparte de esto, son los ayuntamientos los que deben iniciar el proceso y designar zonas tensionadas. Estas son aquellas en las que por uno u otro motivo los alquileres se han disparado hasta ser imposible para los ciudadanos y las familias asumirlos. Posteriormente le tocaría a la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad realizar un estudio en profundidad que determine si el área señalada por el ayuntamiento reúne las condiciones para ser declarada zona tensionada.

Ninguno de los 88

En la mañana de ayer, el departamento que dirige Rodríguez Valido no había recibido ninguna petición al respecto por parte de uno solo de los 88 municipios canarios. Además, la norma estatal admite la posibilidad de implementar medidas distintas de la regulación de precios para atajar la escalada de precios de los alquileres.

Ese es el espacio que se ha decidido a explorar el Gobierno de Canarias. El que, además, los gestores inmobiliarios consideran más correcto por cuanto se aleja de la imposición de los precios que marca el índice aprobado por el Consejo de Ministros. «Medidas de ese tipo nunca corrigen los problemas de precios; es más, los agravan», señaló ayer Maurizio Cattarossi, portavoz en Santa Cruz de Tenerife de la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria (Acegi).

En su opinión, prácticamente unánime en el sector, el principal error está en el punto de partida, «al implantar medidas sencillas» que se pretenden que funcionen «en el corto plazo. En este sector hay que operar, por lo menos, para el medio plazo, que pocas veces da resultado; en realidad todo lo que no se prevea para esperar frutos a largo plazo es susceptible de no funcionar».

Los agentes inmobiliarios sostienen que el problema es la escasez de la oferta

Para Cattarossi, es la brecha que existe entre la oferta y la demanda el principal factor que actúa en el incremento del coste de los alquileres. «La vivienda es un bien de primera necesidad», explicó el portavoz provincial de Acegi. Todo el mundo busca un lugar en el que vivir, lo que conjugado con «el aumento de población», continuó, experimentado por las Islas en lo que va de este siglo genera una tensión sobre los precios.

Además, con el añadido del parón en la construcción que siguió al estallido de la burbuja inmobiliaria del año 2008. De ese cúmulo de circunstancias y sus nocivas consecuencias, deriva el decreto ley aprobado por el Consejo de Gobierno la pasada semana que declara la emergencia habitacional. Una norma que en la sesión parlamentaria de ayer recibió las críticas de la oposición por, según la socialista Patricia Hernández, abrir vías rápidas como la que da un mes a los ayuntamientos para decidir sobre el otorgamiento de licencias a los promotores.

NC y PSOE advierten del riesgo de las vías rápidas y Rodríguez anuncia reuniones con los municipios

Rodríguez Valido señaló la necesidad de adoptar medidas extraordinarias cuando se trata de abordar una situación urgente como la actual. Además, aclaró que precisamente para lo que no opera ese plazo de un mes es para la concesión de licencias. 

En cuanto a la escasa participación de la que también le acusó Hernández, el consejero afirmó que sí se había reunido con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y que, empezando el próximo viernes por Lanzarote, va a recoger las necesidades de todos los municipios que tengan algo que aportar. «Podemos equivocarnos y tendremos que mejorar, pero lo que no podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados», expuso el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad.

Esther González (NC) instó al consejero Pablo Rodríguez a descartar «la ley de la jungla» y empezar a construir en los «137 millones de metros cuadrados» urbanos y urbanizables que existen en el Archipiélago, según el consejero de Política Territorial, Manuel Miranda. Ante ello, Rodríguez explicó que el reparto de ese suelo no es simétrico y existen municipios que no disponen de «suelo finalista» a los que también hay que atender «sin obligarles a nada».

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