El alcance del Ingreso Mínimo aumenta un 15,8% en Canarias

El alcance del Ingreso Mínimo Vital (IMV) aumenta en Canarias. Las familias isleñas en situación de vulnerabilidad que perciben la prestación estatal han aumentado un 15,8% en un año. En febrero la ingresaron 26.307 hogares frente a las 22.154 del mismo mes de 2023, una diferencia al alza de 4.153. Así, en la actualidad beneficia a 62.209 residentes del Archipiélago, que ingresan de media por esta vía 497,88 euros mensualmente.

En todo el país, el IMV llegó el mes pasado a 557.405 familias, un 28% más que hace un año, cuando alcanzó a 435.037. Lo expone la nueva estadística que publicó ayer el Ministerio de Seguridad Social y que, por primera vez desde que se implantó el subsidio en junio de 2020, ofrece datos mensuales sobre los usuarios que lo ingresan. En total, el Estado invirtió en las Islas 15,98 millones en febrero, un 4,6% de la partida nacional, que sumaba más de 346,4 millones. ¿A dónde fue a parar?

La mayoría de estas subvenciones para aplacar la pobreza en las Islas, 9.401, se adjudicaron a adultos sin pareja ni hijos, en segundo lugar estuvieron las unidades monoparentales –3.215–, y en tercero las conformadas por dos mayores de edad sin menores a cargo –2.925–. Las viviendas con dos mayores de edad y dos pequeños aglutinaron 2.369 subsidios, y las mismas pero con solo un menor 2.907.

El adjudicatario medio tiene rostro femenino. Y es que de esos 62.298 beneficiarios, 35.109 eran mujeres y 27.098 hombres. Los adultos representaron el 67,4% –41.923– de los favorecidos y los menores el 32,6% – 20.286–. De hecho, 12.957 de las prestaciones isleñas vinieron acompañadas de la Ayuda a la Protección a la Infancia (API), que es complementaria.

Hasta ahora, el Gobierno central solo daba a conocer las cifras acumuladas sobre los hogares que en algún momento habían sido beneficiados, número que se eleva a 37.453 en el Archipiélago, que agrupan a 87.977 residentes –el 3,9% de la población– a los que se ha destinado 481,86 millones. Desde que se activó la prestación hace cuatro años, un total de 37.453 familias canarias se han beneficiado de la misma, pero en febrero su nómina solo llegó a 26.307. Es decir, el resto, 11.146, son unidades que ya han dejado de cumplir los requisitos de vulnerabilidad y bajo nivel de renta que dan derecho al cobro de esta prestación estatal hasta completar unos ingresos mínimos garantizados.

Desde que se implantó la ayuda en 2020, 11.146 hogares han dejado de percibirla

No obstante, para el Gobierno de Canarias este alcance no es suficiente. A finales de enero, la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, urgió a Madrid a incrementar el número de favorecidos ante «el aumento de la población en riesgo de exclusión en las Islas». ¿Motivo? Entre otros, la subida del coste de vida, que es superior a la del salario mínimo, explicó. Por ello, destacó que se «echa en falta» que el número de beneficiarios del IMV sea mayor. En 2023, el 33,8% de los isleños estuvo en riesgo de caer en la exclusión social, 2,4 puntos menos que en 2022, lo que devuelve a la autonomía a niveles de 2014, pero continúa como la cuarta tasa más alta del país.

Bienestar Social urge a Madrid a aumentar el número de beneficiarios del IMV en el Archipiélago

El objetivo del Ejecutivo canario es que la Renta Canaria de Ciudadanía, que alcanza a 13.00 hogares, deje de ser el sustento principal de las familias en situación de vulnerabilidad que no perciben la subvención del Ministerio de la Seguridad Social, y se convierta en un complemento para «mejorar la cobertura» a las que no llegan a final de mes.

Para conseguirlo, Madrid plantea ceder la gestión de la ayuda estatal a las autonomías. La consejera precisó que el Archipiélago está dispuesta a asumirla, pero siempre y cuando se transfiera también una dotación económica suficiente. Bienestar social está a la espera de que el Ministerio de la Seguridad Social, que en el nuevo gobierno de Pedro Sánchez dirige Elma Saiz, envíe una propuesta del coste que supondría la gestión de esta prestación. Así, se quiere certificar no solo las cantidades asignadas al IMV, sino también lo que cuesta la gestión y el personal que haría falta para tramitar la ayuda con el fin de no repetir lo sucedido en otras transferencias como la reciente de Costas.

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