Canarias quiere que los autónomos se beneficien de los incentivos a la inversión del REF

El trabajador autónomo que regenta una peluquería, por ejemplo, e invierte en la adquisición de unos nuevos y más modernos secadores no tiene derecho a acogerse a los incentivos a la inversión establecidos en el artículo 25 de la Ley del Régimen Económico y Fiscal (REF). Pero si ese mismo trabajador se hubiese constituido como sociedad limitada en lugar de cotizar como empleado por cuenta propia, entonces sí habría podido disfrutar de esas exenciones, lo que le habría ahorrado el pago del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) en la compra del nuevo equipamiento para su negocio.

Lo que marca la diferencia para beneficiarse o no del incentivo es la condición jurídica del dueño de la peluquería. Ninguna otra. La actividad puede ser exactamente la misma; el montante de la inversión puede ser exactamente el mismo; y la situación patrimonial o contable del negocio puede ser exactamente la misma. Si uno es autónomo, no cabe acogerse al incentivo fiscal. Si es una sociedad limitada, entonces sí. Un sinsentido, o al menos una aparente contradicción, que el Gobierno de Canarias va a tratar de enmendar vía negociación con el Ministerio de Hacienda.

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Ejecutivo autonómico, que dirige el vicepresidente Manuel Domínguez, y el comisionado del REF, José Ramón Barrera, han elaborado la propuesta que el Gobierno trasladará ahora al Ministerio timoneado por María Jesús Montero. En el Ejecutivo aspiraban a incluir la modificación del susodicho artículo 25 de la normativa del REF en la ley de presupuestos estatales para 2024. Así lo avanzaron a este diario Domínguez y Barrera. De hecho, el comisionado del REF ya había esbozado en palabras una medida por la que ahora habrá que pelear sin la percha de los presupuestos, ya que al final no habrá nuevas cuentas este año.

Un negocio disfruta de estas exenciones si su titular es una sociedad pero no si lo es un autónomo

No obstante, tanto Barrera como el vicepresidente y consejero de Economía se muestran optimistas de cara a la negociación con el Gobierno central. En primer lugar porque la propuesta tiene todo el sentido –o más bien no tiene sentido alguno que la mera condición jurídica le impida a un autónomo el disfrute del incentivo mientras que en iguales condiciones materiales sí se le concede a una sociedad limitada–; y en segundo lugar porque los cambios normativos son mínimos. Es decir, no supone un trabajo ingente, ni muchísimo menos, en términos estrictamente administrativos.

«Es simplemente ampliar el ámbito subjetivo», subraya el comisionado del REF, esto es, incluir a los autónomos entre los potenciales beneficiarios de los incentivos a la inversión. En estos momentos, la ley menciona como únicos beneficiarios a «las entidades sujetas al Impuesto sobre Sociedades», siempre, claro está, que tengan su domicilio fiscal en las Islas u operen aquí mediante establecimiento permanente. Se excluye así a los negocios de los trabajadores autónomos, cuyo papel en el tejido productivo del Archipiélago es fundamental. Se les cierra así las puertas a exenciones, siempre vinculadas a la inversión, en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados –el autónomo que compra un segundo local para ampliar el negocio tiene que pagarlo, pero no la sociedad que hace lo propio en las mismas condiciones materiales– o en el IGIC, como en el ejemplo de la peluquería.

«Si vas a comprar el local de enfrente y eres autónomo, tendrás que pagar el impuesto de transmisiones; pero no si lo haces como sociedad», ahonda Domínguez. «No es otra cosa que llevar al trabajador autónomo ese beneficio o exención que a día de hoy tienen las sociedades», insiste el comisionado, el particular guardián del Régimen Económico y Fiscal, del singular fuero autonómico.

Viabilidad

En lo político, Domínguez es optimista y confía en que la ministra Montero acepte la propuesta de la Comunidad Autónoma, que en última instancia va dirigida a trabajadores, a empleados, por más que lo sean por cuenta propia. Además, el vicepresidente recuerda que las Islas son la región donde más se ha incrementado el número de autónomos desde la salida de la crisis de la covid, de ahí que su peso en el tejido empresarial y productivo del Archipiélago sea cada vez más relevante. Su papel es, en definitiva, vital para el buen curso de la economía canaria. «Somos optimistas», insistió el vicepresidente en relación con las posibilidades de que la propuesta salga adelante.

El tejido productivo regional cuenta hoy con unos 11.000 autoempleados más que antes de la covid

En la actualidad hay en la Comunidad Autónoma un total de 141.000 trabajadores autónomos o por cuenta propia. Esa cantidad es, en concreto, la media de autoempleados que hubo en las Islas en cada uno de los días del mes pasado, de acuerdo con los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social. A finales de 2019, el último año antes de la doble crisis del coronavirus y la ola inflacionaria, el número de autónomos no llegaba en el Archipiélago a los 130.000 –de hecho eran poco más de 129.000–, con lo que la región ha salido de la pandemia y de la fase más dura de la escalada de precios con alrededor de 11.000 trabajadores por cuenta propia más de los que tenía antes de la crisis. Un auténtico boom. La intención del Gobierno del Archipiélago es lograr cuanto antes el asenso de Madrid.

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