Nuevo varapalo judicial al acuerdo pesquero con Marruecos

La Abogacía General de la Unión Europea (UE) asestó este jueves un nuevo golpe judicial al acuerdo pesquero entre Bruselas y Marruecos, que expiró en julio del año pasado y por el que espera parte de la flota canaria que hasta ese momento faenaba en esos caladeros. Este organismo europeo propuso ayer al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que anule la decisión del Consejo que respalda el acuerdo de asociación para la pesca sostenible con el reino alauí. Su argumento se basa en que este convenio vulnera el principio de autodeterminación del Sáhara Occidental, al no tratarlo como un territorio «separado y distinto» ya que se incluyen sus aguas. 

El acuerdo pesquero entre Bruselas y Rabat ha vivido en los últimos años una serie de vaivenes judiciales que han acabado amarrando la flota a puerto en varias ocasiones. Desde 1996 ambos territorios han pactado diferentes protocolos de asociación en materia de pesca y agrícola. Acuerdos que en 2016 el TJUE ya desautorizó, al dictaminar que no podían aplicarse en el Sáhara Occidental porque se trata de una región diferenciada de Marruecos y, por lo tanto, se debía contar con el consentimiento de los saharauis.

A raíz de esta decisión, en julio de 2018 la actividad de la flota fue paralizada hasta 2019 cuando un nuevo acuerdo entre Rabat y Bruselas les permitió volver a faenar. 

Sin embargo, el Tribunal General emitió en 2021 una nueva sentencia, a petición del Frente Polisario, en la que anuló la decisión del Consejo a través de la que se había aprobado el nuevo acuerdo pesquero en 2019. Aunque lo dejó sin efecto hasta que el Tribunal de Luxemburgo se pronuncie sobre los recursos que han presentado tanto el Consejo como la Comisión europea.  

En este impasse, en el que no se ha pronunciado aún el tribunal, el acuerdo ratificado en 2019 expiró en julio del año pasado volviendo a dejar a la flota amarrada en los puertos. 

Y es en este punto es cuando se ha pronunciado Cápeta, que da un nuevo respaldo a la sentencia del Tribunal General, propone desestimar los recursos de casación y anular estos acuerdos alegando que vulneran el principio de autodeterminación del pueblo saharaui.

Se basa así en un argumento diferente del de la sentencia de 2021. En su análisis, la croata explica que el pueblo del Sáhara Occidental no tiene ningún representante oficial o reconocido para interponer un recurso en su nombre, a diferencia del Tribunal General que en su momento se apoyó en que no se había contado con el Frente Polisario para armar los acuerdos de pesca que incluían las aguas del Sáhara. 

Cápeta reconoce que el Frente Polisario lucha por uno de los tres posibles resultados del derecho a la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental: la creación de un Estado independiente. En consecuencia, Cápeta cree que debe considerarse que el Frente Polisario refleja los intereses y deseos de «al menos» una parte del pueblo del Sáhara Occidental y recuerda que tanto el acuerdo de pesca como su protocolo de aplicación no cumplen el requisito de tratar el territorio del Sáhara Occidental como «separado y distinto» del Reino de Marruecos, lo que vulnera el principio de autodeterminación.

Además, según la Abogada General, el hecho de no tratar por separado ambos territorios también puede repercutir en el derecho del pueblo del Sáhara Occidental a disfrutar y beneficiarse de sus recursos naturales, incluidos los recursos pesqueros de las aguas adyacentes a dicho territorio.

Esta maraña judicial tiene como parte de los damnificados a los pescadores españoles, ya que se trata de uno de los acuerdos pesqueros más importantes para el país del que dependen casi un centenar de permisos. De ellos, apenas una docena son canarios y los barcos se encuentran principalmente en la isla de Lanzarote. 

La UE y España ya pusieron en marcha el pasado mes de julio ayudas dirigidas a estos pescadores para tratar de contrarrestar las pérdidas que supuso la suspensión del acuerdo con Rabat. Unas ayudas a las que solo pudieron acogerse siete buques canarios dejando al resto fuera por no haber pasado al menos 20 días en aguas africanas entre 2021 y 2023. Por lo que fueron criticadas por el sector al olvidarse de parte de la flota que faenaba en estos caladeros.  

Acuerdo agrícola

La Abogacía General de la UE, por el contrario, sí ha amparado el acuerdo arancelario preferencial con el Reino de Marruecos relativo al territorio del Sáhara Occidental y propone anular la sentencia del Tribunal Superior. En este caso, Cápeta sí considera que trata al territorio de forma diferenciada y en este caso sí cree que una potencia administradora -como reconoce Bruselas a Marruecos en el caso del Sáhara- sí puede celebrar un acuerdo internacional en nombre de un territorio no autónomo.

Aunque en otro dictamen emitido ayer indica que en el etiquetado de productos alimenticios debe indicarse que proceden del Sáhara Occidental al considerares que se trata de un territorio a parte. No hacerlo, añade, sería contrario a la posición declarada de la UE sobre el territorio del Sáhara Occidental e infringiría el requisito de establecer indicaciones «correctas, neutrales y objetivas» en las etiquetas de los productos alimenticios de la UE. Por tanto, etiquetar esos productos como originarios del Reino de Marruecos en lugar de originarios del Sáhara Occidental vulnera el Derecho de la UE.

Tras este nuevo varapalo judicial, Marruecos llama a la UE a blindar sus acuerdos y «protegerlos de las provocaciones y las maniobras políticas». Así lo aseguró el portavoz del Gobierno marroquí Mustafa Baitas, quien calificó la recomendación de la Abogacía General europea como «contribución intelectual y técnica» y recordó que su país no es parte en este caso. 

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