El Defensor del Pueblo ha abierto una línea de investigación para esclarecer la responsabilidad del Gobierno de España con respecto al enorme retraso de la licencia de reformas del hotel Oliva Beach y la situación del Tres Islas, ambos establecimientos hoteleros pertenecen a la cadena RIU. Así lo ha comunicado la alcaldesa de La Oliva, Pilar González, tras mantener una reunión con altos cargos de la citada institución.
La regidora majorera se ha reunido con el director del Área de Medio Ambiente y Urbanismo, Pedro Baena, a quien detalló la situación administrativa de ambos hoteles, destacando que 700 trabajadores y sus familias viven en la agonía e incertidumbre provocada por la Administración General del Estado ante el silencio del Ministerio de Transición Ecológica.
El Defensor del Pueblo se une a la iniciativa de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que solicitó a finales del pasado mes de octubre explicaciones al Ejecutivo español por el bloqueo del proyecto de rehabilitación del hotel Oliva Beach, ubicado en Corralejo, cuya reforma lleva años paralizada y afecta a 400 trabajadores. También, recriminó al Gobierno de Canarias que no haya asumido las competencias en Costas, tal y como establece el Estatuto de Autonomía .
La alcaldesa registró ante el Defensor del Pueblo la declaración institucional de apoyo a los trabajadores de ambos hoteles aprobada por el pleno del Ayuntamiento de La Oliva, «de manera que se tome la dimensión del apoyo social a la situación de los trabajadores de estos hoteles», destacó González. Además, anunció que « el Defensor del Pueblo ha confirmado la apertura de expediente para aclarar la actuación del Gobierno de España».
La historia de ambos hoteles ha generado una enorme incertidumbre entre los 700 trabajadores que suman los citados establecimientos que pertenecen a la cadena RIU, así como sus familias. El Oliva Beach porque desde finales de 2017 lleva la propiedad esperando por la licencia de rehabilitación con el objetivo no solo de salvar los puestos de trabajo sino de incrementar su calidad para hacerse más competitivo en el mercado turístico. Por contra, sobre el Tres Islas pesa la decisión del Ministerio de Transición Ecológica de iniciar el expediente de caducidad de la concesión administrativa que fue concedida en 12 de abril de 2007.
Las instituciones públicas han demandado al Estado que pongan fin al citado procedimiento abierto y han anunciado que se personarán en el mismo.
La alcaldesa de La Oliva también ha valorado la decisión de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que ha decidido abrir una investigación tras la comparecencia de los representantes de los trabajadores el pasado 25 de octubre. «Es una muy buena noticia porque el Parlamento Europeo ha entendido que existe una situación de obstrucción y de inseguridad jurídica y va a pedir rendición de cuentas al Gobierno de España».
