«¡Este hotel no se tira... !». Con este grito desgarrado, los trabajadores de los hoteles Oliva Beach y Tres Islas, secundados por vecinos y autoridades, pidieron ayer salvar sus 700 empleos, que peligran ante las intenciones del Ministerio para la Transición Ecológica de derribar ambos establecimientos, ubicados en el entorno del Parque Natural de las Dunas de Corralejo. Los trabajadores se concentraron ayer ante la Delegación del Gobierno y la Oficina insular de Costas, donde estuvieron acompañados de una amplia representación de políticos y sindicatos, para exigir el cierre de los expedientes de caducidad de las concesiones de los dos hoteles, la defensa de sus empleos y garantizar el futuro de sus familias.
La manifestación se produce a escasas 24 horas de que los representantes de los trabajadores sean recibidos por el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, a quien criticaron por su pasividad ante el Estado y por no reclamar las competencias en materia de Costas en virtud del nuevo Estatuto de Autonomía. La Policía Local portuense cifró la asistencia a la manifestación en medio millar de personas.
El origen del conflicto se remonta a finales del año 2017 cuando la cadena RIU solicitó a Costas la licencia para rehabilitar el hotel Oliva Beach. Sin embargo, pasado el tiempo sin una respuesta afirmativa, el Ministerio de Transición Ecológica ha iniciado un nuevo expediente sancionador «cuyo objetivo final es caducar la concesión», según sostienen los representantes de los trabajadores. El Ministerio ha expedientado a la cadena RIU presuntamente por la realización de obras e instalaciones no autorizadas.
Los representantes de la plantilla piden la dimisión del delegado insular del Gobierno
En el caso del Tres Islas, la situación de incertidumbre es mayor, ya que el Estado ha iniciado el expediente para la nulidad de la concesión administrativa de los usos y aprovechamiento de la parcela de los terrenos de dominio público marítimo-terrestre que fue otorgada en 2007.
El sindicalista Rafael Giráldez, que leyó el manifiesto en representación de sus compañeros, señaló que «basta de jugar con los puestos de trabajo y la vida de 700 familias». «Queremos soluciones, no queremos promesas, ni buenas intenciones, queremos garantías, seguridad y compromisos firmes que se cumpla», añadió.
Giráldez detalló que los dos hoteles «atraen dos aviones diarios a la Isla, y suponen el 27% de las camas turísticas del municipio de La Oliva, lo cual significa para la economía isleña 45 millones de euros anuales». «Perderlos generará una quiebra económica y social que no podemos permitirnos», puntualizó.
Tanto el Ayuntamiento de La Oliva como el Cabildo de Fuerteventura respaldan las reivindicaciones de los trabajadores de los hoteles para que el Estado y el Gobierno canario adopten una solución que permita la continuidad de ambos establecimientos y garanticen los empleos.
El presidente del Cabildo, Sergio Lloret, apuntó durante su intervención que «es fundamental que todas las administraciones estén unidas en este propósito y apelen con la firmeza y contundencia necesarias para exigir, desde el respeto institucional, al Gobierno del Estado y al Ministerio de Medio Ambiente que cese las acciones que ha estado emprendiendo contra el Oliva Beach y el Tres Islas, ya que en términos legales es al Gobierno de Canarias al que le compete este asunto desde la aprobación del nuevo estatuto en 2018». También agregó que «con la misma firmeza y contundencia hay que exigir al Gobierno de Canarias que haga valer sus competencias y paralice inmediatamente el expediente».
El senador por la Comunidad Autónoma de Canarias, Fernando Clavijo, acudió a la manifestación para apoyar a los trabajadores de los hoteles. «Esto se arregla con voluntad política porque toda esta situación es un sin sentido», afirmó. A su vez, dejó clara su visión sobre la gestión del Gobierno de España. «Si esto hubiera ocurrido en Cataluña o en Valencia, no se habría llegado tan lejos», declaró a la emisora Onda Fuerteventura. El senador planteó que ambos hoteles se hicieron con licencia pero que la ministra Rivera dejó claras sus intenciones. «Lo que ella quiere es derribar estos hoteles que han sido un antes y un después en Fuerteventura», consideró.
Por su parte, el senador popular Sergio Ramos, vicepresidente de la Comisión de Transición Ecológica, también acudió a la jornada de protesta y anunció que ha registrado una batería de preguntas a la ministra Teresa Rivera, para que informe sobre la situación de los dos establecimientos hoteleros.
El presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) de Las Palmas, José María Mañaricúa, viajó hasta Fuerteventura para apoyar a los empleados de los hoteles en sus reivindicaciones. En esta línea, reclamó que los expedientes iniciados por el Estado sean solucionados en Canarias, que tiene las competencias en materia de Costas.
Los representantes sindicales de los hoteles Oliva Beach y Tres Islas reclamaron la dimisión del director insular de la Administración del Estado, Domingo Fuentes, al que afearon que no se encontrara en su oficina para recibirles. «Se ha ido de paseo a Corralejo en lugar de estar aquí para recibirnos», señalaron.
