El reglamento del taxi ha creado un nuevo problema al gobierno insular de José Miguel Bravo de Laguna, aunque esta vez el enemigo está en casa. El principal rechazo a la nueva normativa no procede de los tres grupos de la oposición en el Cabildo, sino de sus correligionarios María del Carmen Castellano, alcaldesa de Telde, y Juan José Gil, regidor de Ingenio. Ambos han quedado en medio del conflicto entre la consejera María del Carmen Rosario Godoy y los taxistas de sus municipios, decantándose a favor de los segundos.

Aunque a regañadientes, Castellano y Gil apoyaron esta semana una propuesta que provocará una rocambolesca situación en el PP. Si el próximo 26 de abril se aprueba el reglamento del taxi tal como está, se verán obligados a pedir la dimisión de todos los consejeros del Cabildo que voten a favor. Esto es, los catorce representantes del grupo del PP y los dos No Adscritos, Juan Domínguez y Antonio Hernández Lobo. La misma amenaza pesa sobre los miembros de la oposición que apoyen el reglamento.

A falta de tres semanas para esa votación, el grupo de Nueva Canarias ya ha optado por abstenerse y dejar que sea el PP el que asuma el desgaste de no alcanzar un consenso con todas las partes implicadas. De esa forma, los consejeros nacionalistas también evitan una confrontación con sus compañeros de NC de Telde, de los más activos contra el nuevo reglamento. El consejero de CC, Fernando Bañolas, también se decanta por la abstención porque, al igual que todos los partidos, tiene un conflicto entre los concejales de Telde e Ingenio y los del resto de los municipios. El PSOE ha presentado una enmienda para garantizar que el sistema de control de los transfer se aplique en un mínimo de seis meses. Si el PP la acepta podría votar a favor, pero tampoco es seguro.