El Cabildo de Gran Canaria culminó la eliminación de 861 grafitis que jalonaban las vías GC-1 y GC-2 con una inversión de 327.000 euros y los grafiteros volvieron a pintar 105 en las zonas ya restauradas, por lo que la Institución insular decidió emprender acciones judiciales por atentar contra el patrimonio público.
La consejera de Política Territorial, Inés Miranda, explicó ayer que la asesoría jurídica estudia las acciones a seguir, ya que tras las labores de concienciación "no quedó otra alternativa que dar el siguiente paso, el de poner en manos de la Justicia lo que considera actos vandálicos". La asesoría jurídica decidirá si presenta una nueva denuncia o se suma a la que ya inició de oficio la Guardia Civil. La denuncia se trasladará a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.
