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Cabildo

La denuncia de la trama de contratos implica al interventor del Cabildo

El funcionario que acudió al Juzgado y a la Fiscalía Anticorrupción ve relaciones ilegales entre el área de Política Territorial y varias empresas de servicios

José Juan Sánchez Arencibia, interventor del Cabildo, durante un Pleno. | | LP/DLP

José Juan Sánchez Arencibia, interventor del Cabildo, durante un Pleno. | | LP/DLP

La denuncia contra el Cabildo de Gran Canaria que ha originado la apertura de diligencias previas por parte del Juzgado de Instrucción Número 1 de Las Palmas de Gran Canaria y una investigación de la UDEF de la Policía Nacional detalla hasta cinco presuntos delitos en la organización de las Jornadas sobre el Paisaje de los años 2016 a 2019 y responsabiliza también de esos hechos a funcionarios de la institución, entre ellos el interventor general, José Juan Sánchez Arencibia.

En el escrito al Juzgado, al que ha tenido acceso este periódico, se denuncia que los máximos responsables de la Consejería de Política Territorial y esos funcionarios «han conculcado innumerables preceptos» de la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, de la Ley 3/1997 de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno y Altos Cargos de la Comunidad Autónoma de Canarias, de la Ley 8/2015 de Cabildos Insulares, de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, del Real Decreto 1174/1987 por el que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, de las distintas leyes de Contratos del Sector Público, del Estatuto Básico del Empleado Público, de la Ley 53/1984 de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.

El firmante de la denuncia, un funcionario del propio Cabildo que responde a las iniciales de R.R.H., relata al Juzgado que desde la Consejería de Política Territorial, su titular, Inés Miranda, junto con su director general, Rafael Pedrero Manchado, organizaron una actividad denominada Jornadas sobre el Paisaje, que se celebró el 30 de noviembre de 2016.

Miranda adjudicó, de forma directa, el contrato menor de servicios para ejecutar tal evento, a propuesta de Pedrero, por un montante de 18.425 euros a la mercantil Instituto Canario de Telecomunicaciones, S.L., domiciliada desde el 22 de enero de 2016 en la calle Senador Castillo-Olivares de la capital, cuyo socio único y administrador «era y es Miguel (o Michel) Jorge Millares, a pagar con cargo a la aplicación presupuestaria para Reuniones, Conferencias y Cursos. Planeamiento».

Sin fundamentación

Según el denunciante, no consta en el expediente ni invitaciones a distintas empresas del sector para presentar ofertas ni presupuestos de clase alguna. Tan solo una previsión de conceptos y gastos confeccionada por el propio Pedrero sin base ni fundamentación alguna. Tampoco consta explicación del motivo de la elección de la empresa adjudicataria, información de extrema importancia si se tiene en cuenta que se trataba de la primera vez que contrataba con el Cabildo, motivo por el que se le solicitó el documento Alta a Terceros.

Ejecutada la actividad, concluyó el expediente con el pago por los servicios prestados, previa entrega de factura por parte de la adjudicataria, de la cual se confirma la escasa o nula actividad y, por tanto, inexperiencia de esta empresa (dado que la factura que entrega es la número 1 del año 2016, fechada el 2 de diciembre), y previo informe de conformidad del director del Desarrollo Estratégico del Plan Insular, V.Q.D., responsable del contrato por designación de la consejera mediante su resolución de adjudicación y, por tanto, como reza la misma, a quien correspondió «supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada (sic)».

«Pero -subraya la denuncia- la realidad que esconde esta aparente burda contratación, la ausencia de invitaciones a otras empresas, de ofertas y presupuestos, y la inexplicable elección de una empresa sin actividad y sin experiencia alguna con el Cabildo se explica porque, en verdad, la adjudicataria del contrato no fue otra que la mercantil Imaco 89, S.L., domiciliada desde su fundación en la misma oficina de la calle Senador Castillo-Olivares y propiedad de M. A. H., esposa del Interventor General del Cabildo, José Juan Sánchez Arencibia, actuando de testaferro o tapadera la empresa Instituto Canario de Telecomunicaciones, S.L., motivo por el que trasladó su domicilio al de aquella a principios de 2016, mientras su administrador y socio único, el nombrado Michel Jorge Millares, se encontraba trabajando como jefe de prensa para el Ayuntamiento de Santa Brígida, función para la que había sido contratado por el equipo de gobierno de dicho Consistorio en el mandato 2015-2019 (sin compatibilidad para el ejercicio mercantil)».

En 2017, según el autor de la denuncia que ha dado lugar a la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, «no satisfechos con lo anterior, el siguiente paso vino de la mano del consejo de gobierno del Cabildo de Gran Canaria», que propuso al Pleno la aprobación de la aplicación presupuestaria Jornadas sobre el Paisaje, Planeamiento, dotada con un crédito de 50.000 euros.

Creada la aplicación y su crédito correspondiente, indica el denunciante, «tocaba ahora repartir el suculento botín y, como quiera que la mejor forma y más eficaz para sus intereses era repartir entre varias empresas dividiendo el objeto del contrato, así se hizo con expresa tutela y consejo de la Intervención, como se refleja de los correos electrónicos que constan en el expediente, contraviniéndose la prohibición de tal fraudulenta práctica establecida por la legislación de contratos del sector público”.

Gasto disparado

«En definitiva», añade, «lo que habían contratado con una sola empresa el año anterior ahora lo contrataban con muchas, surgiendo sus 'necesidades' según antojo de la consejera y del director general, disparando así el gasto». Tras resaltar que ninguna de estas empresas presentó oferta o presupuesto de sus respectivos servicios, el denunciante enumera seis contratos.

El primero, para la organización y celebración de las jornadas, se adjudicó al Instituto Canario de Telecomunicaciones S.L. por 19.260 euros en abril de 2017. El segundo, para 400 libretas se otorgó a Crea Siete S.L.U. por 941’60 euros y surgió la necesidad en mayo. En tercer lugar, el diseño e impresión de 150 libros para Daute Diseño S.L. por 8.500 euros y surgió la necesidad en mayo. La administradora única de esta empresa es M.A.P. F.

El cuarto contrato fue para la creación de logotipo y placas de premios, para Red Comunicación Gráfica S.L. por 2.541’25 euros. Surgió la necesidad en mayo. El quinto fue para el servicio de intérprete para sordos y se otorgó a la Asociación de Personas Sordas de Gran Canaria por 917’53 euros. Surgió la necesidad en junio y fue la única que presentó presupuesto previo.

Por último, el 21 de diciembre, con el presupuesto ya cerrado, tiene entrada otra factura por diseño e impresión de 400 ejemplares de otro libro para la empresa Acontrafibra, S.L. por 14.879’42 euros. El informe de necesidad es de 26 de diciembre, firmado por Rafael Pedrero. Según el denunciante, «a pesar de esta grave irregularidad», tanto la consejera como la jefa del Servicio de Gastos, L.P.M. y el propio Interventor tramitan y fiscalizan positivamente el documento contable ADO para proceder al pago de la factura, proponiendo la primera la exceptuación por el cierre del presupuesto y autorizando tal propuesta el consejero de Hacienda y Presidencia, Pedro Justo Brito. La administradora única de esta empresa es M.A.P.F., la misma que también aparece como administradora de Daute Diseño, S.L.

«O sea, que no se conformaron con dividir ilegalmente el objeto sino que, además, contratan con la misma persona bajo el paraguas de dos sociedades distintas, sobrepasando, con creces, los límites del contrato menor», sostiene.

En el resumen de las Jornadas sobre el Paisaje de 2017, el trabajador del Cabildo que hace las acusaciones señala que «como en el año anterior, la consejera Inés Miranda adjudicó a dedo el contrato menor de servicios, por la cantidad expresada de 19.260 euros, nuevamente a la empresa Instituto Canario de Telecomunicaciones S.L., previa propuesta de Rafael Pedrero, con el único argumento de: “dada la buena acogida y aceptación que tuvieron la pasada edición, así como la excelente organización y gestión por parte de dicha empresa, junto con el alto grado de satisfacción generado” (sic). Ridículo argumento al que no pudo recurrir el año anterior porque jamás había contratado esta empresa con el Cabildo».

Al igual que el año precedente, no consta en el expediente ni invitaciones a distintas empresas del sector para presentar ofertas ni presupuestos de clase alguna. Ni tan siquiera una previsión de conceptos y gastos. «Pareciéndoles escasa la cantidad a pagar a la adjudicataria por la organización y celebración de estas jornadas, previo extraños informes de solicitud de patrocinio a tres mercantiles, unas veces emitidos por la técnica coordinadora del Sistema de Información Territorial, E.R.V., y otras por el responsable de la Unidad de Planeamiento de Desarrollo Territorial y Urbanístico, el ya nombrado V.Q.D., y todos con el visto bueno de Rafael Pedrero, dispuso la consejera Inés Miranda en sendas resoluciones más extrañas aún, el pago a Instituto Canario de Telecomunicaciones S.L. de 2.500 euros, 1.500 euros y 1.500 euros por parte de aquellas tres empresas, respectivamente. Desconozco si semejante insólito negocio obedece a una extorsión a dichas empresas o a una complicidad de las mismas en esta trama fraudulenta», detalla el denunciante.

Como el año anterior, insiste, «la verdadera empresa adjudicataria de la organización y celebración de las Jornadas, que al igual que en 2016 cobró el servicio prestado previo informe favorable de V.Q.D, responsable del contrato, y con la fiscalización expresa del Interventor del Cabildo, fue la de la esposa de éste, la ya nombrada Imaco 89 S.L., sirviendo como mera tapadera la del citado Michel Jorge Millares, como así demuestran tanto las distintas notificaciones que se dirigieron a Instituto Canario de Telecomunicaciones S.L., cuya recepción tanto firmaba y sellaba con el anagrama Imaco, Imagen y Comunicación su esposa M.Á.H., o el correo electrónico que la funcionaria D.P.M. dirigía a la Asociación de Personas Sordas de Gran Canaria indicándole que ‘el responsable de la empresa es el sr. D. Michel Jorge Millares y la persona que se encarga de las gestiones es Ángeles’».

En la edición de 2018, el denunciante resalta que «este año, nuevamente, se aprueba por el Pleno, a propuesta del Consejo de Gobierno, la aplicación presupuestaria Jornadas sobre el Paisaje, Planeamiento, también dotada con un crédito de 50.000 euros; crédito que pronto se les hizo escaso por lo que acudieron a otras aplicaciones presupuestarias para satisfacer sus intereses».

Concretamente, nada más comenzar el año la consejera, previo informe de Pedrero, resolvió el inicio del expediente de contratación de un vídeo sobre Gran Canaria a la empresa Kimedia Audiovisuales, S.L.U. por un importe de 19.174’40 euros, a pagar contra la aplicación presupuestaria Publicidad y Propaganda Planeamiento, pero que finalmente se carga, «por indicaciones de la propia Intervención General», en la aplicación presupuestaria Gastos Inversiones de Carácter Inmaterial. Planeamiento, como si tal vídeo, pura propaganda y autobombo del gobierno del Cabildo, fuera una inversión inmaterial del Cabildo; no constan invitaciones a otras empresas, ni ofertas ni presupuestos debidamente desglosados; nada de nada».

Para 2018, Miranda, previo informe de necesidad del técnico V.Q.D. y de Pedrero, «decide contratar la organización de las jornadas, para los días 19 y 20 de abril, a través del procedimiento negociado sin publicidad, por un montante de 29.960 euros, sin que ni en el informe ni en la resolución de inicio se fundamente la razón de tal importe, su desglose, máxime cuando los dos años anteriores los importes por tal servicio fueron considerablemente más bajos; sí se prevé en el informe, en cambio, que la empresa adjudicataria deberá descontar del importe del contrato los importes que reciba en concepto de patrocinio de otras empresas».

«Como quiera -subraya la denuncia- que el sometimiento del contrato al procedimiento negociado suponía correr el riesgo de que cualquiera podía ser el adjudicatario, arreglaron el problema otorgando a las tres empresas invitadas, entre ellas, como no, Instituto Canario de Telecomunicaciones S.L., cinco días naturales para presentar sus ofertas junto con toda la documentación exigida en las cláusulas 12 y 13 del Pliego Administrativo, cuando la Ley de Contratos del Sector Público vigente en aquellos momentos, establecía un plazo mínimo de 15 días hábiles. Evidentemente, con estas condiciones solo esta empresa presentó oferta. Las otras dos ni protestaron dada su condición de amigas habituales de la casa. En definitiva, la empresa adjudicataria fue Instituto Canario de Telecomunicaciones S.L., por un montante de 29.532 euros».

Póliza de seguro

Sin embargo, precisa el denunciante, como en los dos años anteriores, «esta adjudicación encubría a la verdadera empresa adjudicataria, Imaco 89 S.L., la empresa de la esposa del Interventor General del Cabildo, como así se acredita de la propia documentación entregada por el testaferro, don Michel Jorge Millares, al Servicio de Contratación del Cabildo (desde donde también se hacía la vista gorda a tamaño fraude): el 18 de abril, a tan solo un día escaso del comienzo de la actividad, entrega una póliza de seguro de riesgos profesionales para la organización del evento que paga Imaco 89 S.L., a quien mantiene al tanto de las propuestas del corredor de seguros tal como se comprueba de la propia documentación presentada».

También este año, al igual que el anterior, se pactó con terceras empresas, las mismas tres que en 2017, pagar directamente a la adjudicataria ciertas cantidades en concepto de patrocinio. «Pero ‘olvidaron’ descontar del importe del contrato principal tales cantidades, tal como habían previsto en el informe de necesidad de aquel, al igual que también ‘olvidaron’ que la gestión de los patrocinios con instituciones y empresas se estableció como una de las obligaciones del contratista principal en el pliego técnico», puntualiza la denuncia.

Al respecto, precisa que «a pesar del aumento considerable del importe del contrato [...], a pesar de estos patrocinios tan generosos, el Cabildo, además, se hizo cargo este año directamente de los costes de la contratación del lugar de celebración de las jornadas y de otros servicios complementarios ya contratados con la adjudicataria principal». Así, contrató con la Fundación Canaria Auditorio y Teatro de Las Palmas por un importe de 9.646’36 euros (cifra de la factura) no solo la utilización de dos de sus salas, sino una batería de prestaciones que ya figuraban en el pliego técnico como prestaciones obligatorias del adjudicatario del contrato principal, esto es, Instituto Canario de Telecomunicaciones S.L.. También se contrató un servicio de catering en el propio Auditorio por importe de 4.673’76 euros.

«Por lo demás y como ya es habitual, con el ánimo de no dejar ni un duro en la aplicación presupuestaria Jornadas sobre el Paisaje, Planeamiento, se dispone, con la entera bendición de la Intervención General un pago de 1.117’08 euros para la Asociación de Personas Sordas de Gran Canaria por un servicio de interpretación; un pago de 2.075’80 euros a la empresa Kinewa Ideas del País S.L. para la producción de otro vídeo, cuya necesidad surge tres meses después de realizadas las jornadas, el 28 de julio, a raíz de otro informe de Pedrero; un pago de 2.493’10 euros para tan solo el diseño y maquetación de un libro que contuviera los resultados de las jornadas a la empresa ya conocida Red Comunicación Gráfica S.L., a raíz también de otro informe de necesidad de Pedrero de 7 de noviembre, o sea, siete meses después de finalizadas las jornadas y a escasos días del cierre del ejercicio presupuestario».

Por último, la denuncia relativa a 2018 señala que «en el informe explica el citado director general a la Intervención General, que nada objetó sobre la descarada división del objeto contractual que se pretendía, expresamente prohibida por la Ley de Contratos del Sector Público, que ‘la publicación del libro en sí’ por un montante de 8.147’25 euros se dejaría para el siguiente ejercicio y a cargo de la empresa Gráficas Atlanta S.L., sin que tampoco objetara nada esa Intervención General sobre la necesaria e imprescindible aprobación por el Pleno de este insólito gasto plurianual, como así exige la Ley Reguladora de Haciendas Locales; sin embargo, el libro se imprimió y encuadernó por Daute Diseño, S.L.».

Antonio Morales: «No es cierto que se hayan contratado los servicios de la empresa de la esposa del interventor; y si lo contratara no sería un delito penal sino administrativo»



Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, defendió acerca de la denuncia que el funcionario que la presentó «hace más de 15 años presentó una denuncia parecida por un contrato de menores contra el aquel momento consejero de Política Social, Pedro Quevedo, contra el director general de Política Sanitaria, Antonio Gil, la jefa de servicio de Políticas Sociales y el interventor de esta casa», detalló. «Diez años después los jueces decidieron que no había ninguna responsabilidad penal de ninguna de esas personas», añadió el presidente. «Este funcionario vuelve a insistir ahora. Creo que tiene una especial animadversión hacia el interventor general de esta casa», consideró Morales en referencia a la implicación de la empresa de su esposa en la adjudicación de estos contratos. «Ha presentado una denuncia porque según él para la comunicación de estas Jornadas se ha contratado a una empresa de la que es titular la esposa del interventor general de este Cabildo. No es cierto. No se han contratado los servicios de esa empresa. En cualquier caso, se señala en esa denuncia a distintos funcionarios de esta casa, al director general y a la consejera, que no intervienen para nada en estos asuntos. Se trata de alentar dudas sobre la institución y los funcionarios de la casa», comentó Morales. «Pero absoluta tranquilidad, el Cabildo de Gran Canaria no ha contratado, y aunque lo contratara no sería un delito penal, sería a lo mejor en el ámbito administrativo. Pero ni siquiera. El funcionario y ni tan siquiera el consejero tiene por qué saber la relación de parentesco que pueda haber. Aún así no hay ninguna responsabilidad penal de nadie. Pero se ha presentado una denuncia y es obligación de la justicia investigar por si hay detrás de la denuncia algún viso de realidad», sentenció.

Michel Jorge Millares: «Estoy orgulloso del trabajo hecho en las Jornadas y confío absolutamente en la legalidad de la gestión realizada por los servicios administrativos del Cabildo»


Michel Jorge Millares, administrador único de Instituto Canario de Telecomunicaciones, confía «absolutamente en la legalidad de la gestión realizada por los servicios administrativos del Cabildo en un momento en el que cambió la Ley de Contratos Públicos». Millares explica el funcionamiento de las Jornadas del Paisaje: «Se realizó un mini congreso de tres días y de dos en las siguientes ediciones, que se preparaba gracias a la colaboración de un grupo de expertos canarios que trabajó el diseño del programa (profesores de la ULPGC, empresarios turísticos, y responsables políticos y de servicios del Cabildo); con ese dinero también se pagó la sala del Elder y se trajo y alojó a ponentes de prestigio internacional; se organizaron visitas, exposiciones, concursos y se entregaron premios (viajes, drones, equipos fotográficos, estancias en hoteles); se realizó la comunicación y difusión (fotografías, tomas de vídeo; se grabaron todas las jornadas); se transcribieron todas las intervenciones, se editaron, maquetaron y publicaron en libro y formato digital; se organizaron y se entregaron los premios del paisaje de Gran Canaria (con una figura diseñada para tal fin...). Estoy orgulloso del trabajo realizado y me parece excelente la actuación del personal del Cabildo en el procedimiento», sentencia Millares.

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