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Valsequillo

El fiscal pide el sobreseimiento de la denuncia al alcalde Atta

El Ministerio Público no aprecia delito de malversación o falsedad en la utilización de los vales de gasolina por el gobierno municipal

Seis agentes de la Guardia Civil tras el registro en el Ayuntamiento de Valsequillo el 9 de marzo de 2020. | | LP/DLP

La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha pedido el sobreseimiento provisional de las diligencias penales abiertas en el Juzgado de Instrucción Número Uno de Telde contra el alcalde de Valsequillo, Franscisco Atta, varios concejales y trabajadores del Ayuntamiento por las presuntas irregularidades en la utilización de los vales de repostaje de carburantes en una de las estaciones de gasolina del municipio.

En un escrito al Juzgado, el fiscal César Casorrán considera que las diligencias practicadas hasta ahora son suficientes para proceder a la calificación jurídica de los hechos e interesa que se dicte un auto de sobreseimiento provisional de la causa al no apreciar delitos de malversación y falsedad, aunque «sin perjuicio del reproche que en su caso las conductas descritas pudieran merecer en la Jurisdicción Contencioso-Adminitrativa».

Respecto al delito de malversación, el fiscal sostiene que «tras la amplia y minuciosa instrucción practicada, no ha podido acreditarse con un mínimo de suficiencia incriminatoria la utilización de los vales de gasolina para un uso particular». Al respecto, señala que las deficiencias en el control y la más que mejorable comprobación del verdadero destino no convierte a la conducta en típica, pues recuerda que «el delito de malversación se nutre de un desvío a un uso ajeno a la función pública que en el presente caso no ha resultado mínimamente probado y que por tanto permita formular una acusación sostenible en el acto del juicio oral».

En cuanto al otro delito imputado a los denunciados, la Fiscalía relata que «no se aprecia en definitiva la existencia de falsedad en ninguna de las actuaciones anteriores». Si bien es cierto, como se pudo comprobar a través de la minuciosa investigación policial, «que esos informes contenían inexactitudes y omisiones, en ningún caso supone que faltaran a la verdad de forma deliberada y consciente y que además recayera esa mutación de la realidad en elementos relevantes.

Un Juzgado de Telde tiene abiertas diligencias penales con 19 personas investigadas

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«En relación al reconocimiento de indemnizaciones por kilometraje», prosigue el escrito del fiscal, «siendo numerosos los decretos que otorgaban cantidades por ese concepto, tampoco nos encontramos ante delito alguno; la consideración de procedentes o no, debe también dilucidarse en su caso por un procedimiento disciplinario o administrativo».

En un apartado referido a la imputación de Francisco Atta, el fiscal manifiesta que «resulta evidente que el alcalde era el máximo responsable del control y funcionamiento correcto en la totalidad de las áreas y por ende en lo relativo al gasto de combustible», pero no obstante, ello merece alguna precisión.

En primer lugar, la emisión de Decreto de mayo de 2015, por el que expresamente delegó la función del reparto de vales de gasolina en los concejales de las diferentes áreas, si bien se mantuvo en la de Hacienda al pertenecerle en exclusiva, diluye una posible responsabilidad personal. «Y por tanto, los argumentos expuestos para los demás investigados en lo relativo al delito de malversación son extrapolables al alcalde», añade.

El alcalde Atta (Asba-NC) y otras cinco personas, concejales y trabajadores municipales, fueron detenidos el 9 de marzo de 2020 y declararon como investigados en la Comandancia de la Guardia Civil por presuntos delitos en la contratación de personal y de servicios municipales en el marco de una operación en la que hay una decena de personas investigadas.

La denuncia fue presentada un año antes por dos agentes de la Policía Local de Valsequillo, luego destinados a San Bartolomé de Tirajana, y por una antigua secretaria del alcalde, por una supuesta estafa y malversación en la contratación de personal y de servicios, como gastos de combustible que se cargaron al Ayuntamiento.

En total, están investigadas 19 personas, entre ellas la secretaria general del Consistorio, el interventor, el exalcalde Francisco Sánchez y concejales de varios mandatos y pertenecientes a varios grupos políticos. También Víctor Navarro, exconcejal socialista y director general de ,Transición Ecológica y Aguas del Gobierno de Canarias.

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