Un ex alto cargo de la Institución Ferial de Canarias (Infecar) reclama al Cabildo de Gran Canaria la reincorporación a su puesto de trabajo y una compensación económica de 250.000 euros por la «vejación» que ha supuesto su despido, según la demanda.
La reclamación patrimonial fue presentada a principios de este mes en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Las Palmas de Gran Canaria y está pendiente de respuesta por parte Infecar, institución que depende del Cabildo.
Además de los 250.000 euros por los daños económicos y por los perjuicios morales causados, el demandante reclama la nulidad de todas la resoluciones administrativas relacionadas con el cese laboral, las cuales, en su mayoría, fueron dictadas o derivan de un poder notarial del propio presidente del Cabildo y de Infecar, Antonio Morales.
Según la demanda, Morales debería haberse abstenido al estar comprometidas su imparcialidad por haber participado en dos procesos judiciales previos vinculados al ex alto cargo: uno en la vía laboral y otro en la jurisdicción penal, que fue finalmente archivado al no apreciarse indicio alguno de prevaricación.
El demandante era director de la división de Negocio Internacional y fue despedido el 26 de octubre de 2018. Lo hizo el director general de Infecar por delegación del presidente, Morales, mediante un título notarial que no se ajusta a la legalidad, según la demanda, pues ninguna de esas dos acciones están amparadas por los estatutos de la institución ferial.
El director general de Infecar tiene, además, la misma categoría que el de Negocio Internacional, por lo que no se ajusta a derecho su decisión. Los estatutos recogen que es el Consejo Consultivo el órgano que debe tomar esas decisiones y que su presidente, o sea, Antonio Morales, no puede delegar su competencia en el director general, sino en el vicepresidente del recinto ferial.
Después de esas resoluciones, en marzo de 2020, Morales intervino directamente con su firma digital en las contestaciones a los recursos presentados por el ex alto cargo, entre ellas un certificado de acto presunto y de reconocimiento de silencio administrativo positivo, documental que ha sido incorporada a la causa y que fundamenta buena parte de la reclamación patrimonial.
Acta notarial
«La falta de competencia del Presidente de Infecar para conceder el poder que contiene el Acta Notarial de 14 de Marzo de 2017 citada», explica la demanda, es motivo suficiente para declarar «la ineficacia de la misma por ser absolutamente nula de pleno derecho o, subsidiariamente, anulable» por su «evidente desviación de poder».
Por todo ello reclama el abogado al juzgado que se «reconozca la falta de competencia del director general para disponer la separación o cese de un directivo privándolo de su empleo o cargo y, como consecuencia, resuelva la incorporación inmediata» del ex alto cargo a su puesto de director de Negocio Internacional en Infecar, «con todas las consecuencias legales y económicas que le correspondan desde el 26-10-2018, incluido los daños y perjuicios», añade la demanda.
El letrado, entre las pruebas solicitadas al juzgado, interesa que se aporte «copia literal o en su caso certificada del poder notarial realizado por el presidente de Infecar donde éste otorga poderes suficientes y amparado en derecho para que otro directivo (no reconocido en estatutos) pudiera despedir» al responsable de los negocios internacionales.
