El Colegio de Arquitectos lleva a los tribunales el concurso para definir el uso del mamotreto

El mamotreto de Santa Brígida vuelve a los tribunales. El Colegio de Arquitectos de Gran Canaria ha presentado un recurso contencioso administrativo en el que solicita la aplicación de medidas cautelares para que se suspenda la convocatoria que ha hecho el Ayuntamiento de Santa Brígida para adjudicar el proyecto de ordenación de esa mole de cemento, al entender que “la licitación es contraria al ordenamiento jurídico y lesiona los intereses del colectivo profesional de arquitectos y de la ciudadanía en general”. El decano de esta institución, Juan Torres, explicó ayer que antes de recurrir a los juzgados pidió al alcalde, Miguel Jorge Blanco, y al edil de Urbanismo, Martín Sosa, que se corrigieran los errores de los requisitos que se exige a los profesionales de la edificación, cuestión que si aceptaron los técnicos pero no los juristas de la corporación.

 En el escrito, presentado en el juzgado el pasado 6 de febrero, el Colegio de Arquitectos denuncia que en el anuncio de licitación, publicado el pasado 5 de enero en la Plataforma de Contratación de Estado, «se exige a los potenciales licitadores hasta tres criterios diferentes de solvencia técnica o experiencia profesional mínima que se contradicen entre sí, lo que hace que se pueda dar el caso de que los profesionales cumplan uno e incumplan otros». 

 Según recoge el recurso contencioso, una de las cláusulas establece que la solvencia técnica del profesional se acreditará mediante la titulación y la experiencia profesional en la que se tendrá en cuenta al menos doce años como colegiados en activo. En lo que respecta a la experiencia profesional mínima, otro de los requisitos plantea que para redactar el proyecto el arquitecto o miembro del equipo ha de contar con experiencia en proyectos similares con un mínimo de una obra o superior a lo largo de su vida profesional. Esta misma circunstancia se vuelve a pedir en otra disposición.

En base a la disparidad de méritos que se contemplan en los documentos del concurso para definir el uso que va a tener el mamotreto, el Colegio de Arquitectos sostiene que «esta contradicción e incoherencia, de la que adolecen los criterios exigidos en los pliegos genera inseguridad jurídica e incluso indefensión para ambas partes lo cual sin lugar género de dudas determina de manera clara y rotunda su nulidad». 

Impugnación

Otro de los motivos por lo que la institución que representa a estos profesionales solicita la impugnación de la licitación está relacionada con la competencia profesional exclusiva y excluyente del arquitecto para redactar el proyecto del mamotreto. En el pliego que sale a licitación se establece que el equipo de trabajo que se va a encargar de esta tarea debe estar conformado por un arquitecto, un ingeniero superior y un arquitecto técnico, cuando la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación establece que si el proyecto tiene por objeto la construcción de infraestructuras de uso público y comunitario, culturales, sociales, lúdicos y de aparcamientos la titulación requerida será la de arquitecto, por lo que « la inclusión de un ingeniero superior y un arquitecto técnico es contraria a la norma y conlleva la nulidad de estas cláusulas».

Insiste el Colegio de Arquitectos que lo que pretende con este contencioso es que «la solvencia que se exige a estos profesionales para participar en la licitación y posterior contratación del referido proyecto esté definida correcta e indubitadamente y no mediante criterios contradictorios que ha ido superponiendo el Ayuntamiento de Santa Brígida».

Si bien en un supuesto parecido, el Tribunal Superior de Andalucía en sentencia de 29 de marzo de 2019 denegó la media cautelar debido al estado de la edificación y al riesgo de derrumbe, destaca la denuncia que el estado del inmueble de Santa Brígida es bien distinto porque como se desprende del informe emitido por Controlex Canarias S.L. «el estado del forjado es satisfactorio», por lo que «parece razonable que se pueda paralizar la licitación ya que en quince años que lleva parada la obra no ha sufrido deterioro». La obra del mamotreto se paralizó en 2009 por ilegalidades al incluir la constructora un hipermercado. En 2018 una sentencia devolvió el inmueble al Ayuntamiento que había creado una UTE con FCC ya que el suelo es municipal.

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