Mogán

Mogán buscará fondos europeos para construir 171 viviendas sociales en cuatro barrios

El Ayuntamiento pone en marcha el I Plan Municipal de Vivienda con el objetivo de levantar casas protegidas en Veneguera, El Horno, Arguineguín y Puerto Rico ante el "fracaso" del Gobierno

Primer plan de vivienda del Ayuntamiento de Mogán

T. M. R.

Vivienda pública para fijar población y evitar el éxodo de los ciudadanos a otros municipio. El Ayuntamiento de Mogán ha puesto en marcha el I Plan de Vivienda Municipal con el que se ha marcado como objetivo la construcción de hasta 171 casas protegidas en cuatro barrios de la localidad en los próximos cuatro años, en el período 2023-2027. Y para conseguirlo concurrirá a los fondos europeos y a convocatorias del Gobierno central. Esta iniciativa municipal llega, explicó este miércoles la alcaldesa, Onalia Bueno, debido «al fracaso de las políticas de vivienda pública del Gobierno de Canarias» al que, recordó, el Pleno cedió en 2020 hasta seis parcelas para la construcción de casas de protección oficial «sin que todavía, a día de hoy, ni siquiera estén redactados los proyectos», por lo que ya ha solicitado la reversión de las cesiones. El Consistorio iniciará una primera fase en los barrios de El Horno, Veneguera, Motor Grande, en Puerto Rico, y en dos parcelas de Arguineguín, por ser los espacios donde en la actualidad hay suelo disponible para la construcción de viviendas.

Promoción de viviendas proyectada en El Horno.

Promoción de viviendas proyectada en El Horno. / LP/DLP

Los dos núcleos donde más viviendas se levantarán serán Motor Grande y Arguineguín. En el primer barrio, en una parcela de 6.000 metros cuadrados, se habilitarán 60 casas con aparcamiento. Aquí el Ayuntamiento ya cuenta con el estudio geotécnico, el estudio topográfico y el anteproyecto. Por su parte, en Arguineguín, la Corporación dispone de dos parcelas: una es la cuña de suelo anexa al edificio de los Servicios Sociales, en la calle Damasco, donde irán 21 viviendas y sus aparcamientos, y otra inscrita en el Plan Parcial de Pino Seco, a punto de aprobarse, donde la empresa propietaria del suelo y el Consistorio han llegado a un acuerdo para permutar esta parcela, donde solo se puede edificar vivienda pública, por otro suelo turístico en Playa de Mogán. El objetivo es levantar aquí otras 60 viviendas de 70 metros, 68 plazas de garaje para coches y 12 para motos. Bueno explicó que el proyecto para esta promoción ya está redactado y espera que las obras «comiencen este mismo año».

El Ayuntamiento ha solicitado la reversión de las cesiones de parcelas al Gobierno regional para asumir la construcción de las viviendas de promoción pública

Las otras dos bolsas de suelo se encuentran una en la calle Tajinaste del barrio de El Horno, donde se proyectan 10 viviendas, y la otra en una parcela de 1.266 metros cuadrados ubicada en la calle La Cardonera de Veneguera, donde el Consistorio prevé que se puedan levantar otras 20 casas de protección oficial.

En un acto celebrado en el Centro Cultural El Mocán, acompañada por la presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas, María de la Salud Gil, la alcaldesa Onalia Bueno explicó que el Ayuntamiento ha emprendido este plan municipal de vivienda, que calificó de “ambicioso”, por el “fracaso absoluto” del Gobierno regional, al que el Pleno transfirió seis parcelas en 2020 y todavía no han sido edificadas. “No vamos a esperar por nadie, ya tenemos la solvencia técnica necesaria para llevar a cabo grandes obras en el municipio, por eso ahora lideramos nuestro propio plan”, sostuvo Bueno, “es una necesidad imperiosa; hemos perdido la confianza en el Gobierno y nos toca coger el toro por los cuernos”.

El Ayuntamiento ha comenzado ya a realizar los estudios geotécnicos y topográficos y la redacción de todos los proyectos; una parte lo hará con técnicos municipales y otros los externalizará debido al volumen de las obras, apuntó la regidora. Sobre la financiación para construir estas viviendas. Bueno explicó que “hay cantidades ingentes de dinero que viene de Europa” y anunció que el Ayuntamiento concurrirá a las convocatorias de los ministerios a las que pueden optan las administraciones locales. Tras esta primera fase de 171 viviendas, pero a medida que se vaya generando más suelo en el municipio se irá poniendo en marcha la construcción de más viviendas protegidas.

Por su parte, la presidenta de los empresarios constructores y promotores, María de la Salud Gil, abogó por un cambio de modelo en la gestión de la política de vivienda en el Archipiélago, donde “en los últimos 20 años apenas se ha construido vivienda protegida cuando hay 20.000 personas registradas”. “Canarias vive una situación de emergencia habitacional que se agravará cuando se terminen los mecanismos de protección instaurados como consecuencia del covid y la crisis, que ahora permiten que las personas puedan pagar el alquiler o la hipoteca”, añadió.

Los ayuntamientos deberían jugar un papel fundamental en mover el avispero del Gobierno de Canarias; debe haber una coordinación entre los municipios a efectos de inventariar su suelo, ponerlo sobre la mesa y gestionarlo”, señala María de la Salud Gil

A su juicio, el cambio de modelo pasa por declarar estratégica la política de viviendas y lograr un modelo compartido entre la Administración y la iniciativa privada “para utilizar la ingente cantidad de dinero europeo que no se está utilizando”. “Tenemos vocación de poner en el mercado viviendas a precios asequibles tanto en venta como en alquiler, y hay un programa en el decreto de fondos europeos que aportar una cantidad importante de dinero para cubrir la diferencia entre los costes de construcción y la posibilidad de unos alquileres adecuados, por eso hay que poner todo el suelo publico a disposición de la iniciativa privada”, apuntó Gil.

Sobre la iniciativa del Ayuntamiento, Gil sostuvo que no le “extraña” que el Consistorio tenga que llevar la delantera. “Precisamente los ayuntamientos deberían jugar un papel fundamental en mover el avispero del Gobierno de Canarias; debe haber una coordinación entre los municipios a efectos de inventariar su suelo, ponerlo sobre la mesa y gestionarlo”. La presidenta de los constructores criticó además que la “falta de liderazgo y la burocracia” están “poniendo en peligro” el derecho a la vivienda digna.

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