El Cabildo de Gran Canaria aprueba los planes hidrológicos y de riesgo de inundaciones en seis barrancos

El Pleno del Cabildo de Gran Canaria ha aprobado provisionalmente el Plan Hidrológico y el Plan de Gestión de Riesgo de Inundación de la Demarcación Insular, ambos correspondientes al Ciclo de Planificación Hidrológica 2021-2027, que en el primer caso recoge 134 actuaciones por un valor de 720 millones de euros y en el segundo incluye 38 medidas y una inversión de más de ocho millones de euros para, entre otras obras, prevenir incidentes en los seis barrancos con riesgos potenciales de riadas. En total, hay 18 kilómetros lineales con riesgo de inundación en los cauces de Las Goteras, Balos, El Polvo, Buenavista, Maspalomas y Puerto Rico.  

Los dos planes se presentaron al Pleno por la vía de urgencia y fueron defendidos por Miguel Hidalgo, consejero de Sector Primario y Soberanía Alimentaria, que justificó las prisas por la necesidad de disponer cuanto antes de esos instrumentos para realizar obras que ya han sido consideradas de interés y para firmar convenios con otras entidades relacionadas con la gestión del agua.  

Ambas propuestas salieron adelante con la única abstención del grupo del PP, que la justificó por la necesidad de conocer mejor los documentos, que suman casi un millar de páginas. También UxGC se quejó de la falta de tiempo para estudiar los dos planes y presentar alegaciones por parte de los grupos políticos del Cabildo, pues el plazo de exposición solo duró cinco días y finalmente no se presentó ninguna. 

Hidalgo llevó al Pleno los dos planes después de que el Gobierno de Canariaslos publicara en el BOC el pasado 3 de marzo y de que el ejecutivo insular los refrendara el 13 de marzo. El acuerdo se traslada ahora a la consejería autonómica de Transición Ecológica para que proceda a la aprobación definitiva a la mayor brevedad.

Racionalizar

Respecto al Plan Hidrológico Insular, Hidalgo recordó que está dentro del Directiva Marco de la política de agua de la UE para garantizar las necesidades de la población y racionalizar los recursos hídricos. Así, citó cuatro objetivos principales: preservar el medio ambiente y el buen estado del dominio público hidráulico; satisfacer las demandas sin perder de vista el aumento del consumo de agua por el crecimiento de la población agraria e industrial; paliar los efectos de la sequía, que con el cambio climático será cada día; y contribuir al equilibrio del desarrollo regional y sectorial, sin que esta norma se convierta en un obstáculo para del desarrollo sostenible. 

“Las decisiones tomadas en el pasado en materia de planificación nos muestran el protagonismo adquirido por la producción industrial del agua, de tal manera que actualmente el 52% de los recursos hídricos consumidos en la demarcación de Gran Canaria proceden de la desalación, descendiendo el peso de las aguas subterráneas hasta el 33%”, manifestó el consejero. 

Entre otros datos, Hidalgo resaltó que el uso urbano doméstico-turístico es el predominante, con un porcentaje del 46%, que se atiende en más del 85% con agua desalada. Le sigue el uso agrario, con el 42,4%, que procede en un 65% de aguas subterráneas. El uso de aguas regeneradas en la agricultura ha crecido y ya «es una realidad», destacó. Para el año 2022 se había previsto un volumen de cuatro millones de metros cúbicos de agua regenerada y se han conseguido seis millones. 

Entre las actuaciones previstas, enumeró la ampliación de la depuradora de Arucas-Moya, la gestión de residuos de las estaciones portuarias, los saneamientos de la capital, la ampliación de la EDAR de Barranco Seco y la mejora de las de Arguineguín, El Tablero y Las Burras. 

Seguridad Social

El Pleno, según ha informado el gobierno insular, ha aprobado una declaración institucional para instar al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a dotar las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social de la Isla de los medios humanos y materiales necesarios para prestar el servicio público esencial a la ciudadanía, con la debida atención y de la forma más inmediata posible, además de para garantizar la atención presencial a todas aquellas personas que la soliciten.

A través de la moción firmada por todos los grupos de la Corporación insular, por el derecho de la ciudadanía a tramitar presencialmente sus gestiones en las oficinas del Instituto de la Seguridad Social en Las Palmas de Gran Canaria, la Institución muestra su preocupación ante la realidad que presentan las oficinas de la capital de la Isla, cuya atención a las y los grancanarios ha empeorado en los últimos años, dado que cada día se producen largas colas, lo que supone un detrimento en los derechos de la población.

Así, el Cabildo considera que "esta situación solo contribuye a profundizar en la brecha digital y supedita a un estado de indefensión a centenares de hombres y mujeres imposibilitados de tramitar prestaciones esenciales como bajas, permisos de maternidad, jubilaciones, incapacidades o informes de inspección". Una problemática a la que no se ha dado solución, a pesar de que el Estado se haya comprometido a crear 83 nuevas plazas para este organismo en toda Canarias, de las que 42 serían para la provincia de Las Palmas y 41, para la de Santa Cruz de Tenerife.

Plan Territorial del Tren

El Pleno insular también ha dado su aprobación definitiva a la Revisión Parcial del Plan Territorial Especial de ordenación del corredor de transporte público con infraestructura propia y modo guiado entre Las Palmas de Gran Canaria y Maspalomas (PTE-21), en las zonas de San Agustín-San Fernando de Maspalomas y Tarajalillo-Lilolandia, en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana, por el que discurrirá el tren que unirá el Parque de Santa Catalina de la capital de la Isla con Maspalomas.

La decisión ha sido adoptada a propuesta de la Consejería de Política Territorial y Paisaje, que dirige Inés Miranda, y es el último paso necesario para culminar el plan de ejecución del tren de Gran Canaria, un proyecto declarado prioritario de interés insular por el Cabildo, y al que solo le faltaba contar con el planeamiento para este tramo comprendido entre los puntos kilométricos 49 y 56 para poder construirse.

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Por otro lado, y en el ámbito de la Consejería de Hacienda, que tutela Pedro Justo Brito, han recibido luz verde dos modificaciones del Plan Estratégico de Subvenciones para este 2023, que suponen incrementar sus fondos, por una parte, con una aportación de 713.050 euros, destinados a costear cuatro iniciativas impulsadas por dos ayuntamientos y dos entidades, y, por otra, con una segunda aportación de otros 129.366 euros, con los que se financiarán cuatro iniciativas propuestas por el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana y por tres entidades privadas.

Del mismo modo, han recibido un 'Sí' unánime dos gastos plurianuales, uno de 1.694.888 euros, a desembolsar en el período de 2023-2028, para el contrato denominado 'Suministro, instalación y soporte técnico de una infraestructura de virtualización y almacenamiento' de la Consejería de Área de Función Pública y Nuevas Tecnologías, que dirige Margarita González Cubas; y un segundo de 832.318 euros, en las anualidades 2023 y 2024, de la Consejería de Presidencia, a cargo de Teodoro Sosa, con el que se contratará la rehabilitación de las fachadas del edificio del antiguo Internado de San Antonio, situado en el barrio de Vegueta de la capital grancanaria.

En el capítulo de mociones, todo el Pleno insular ha apoyado la defendida por los grupos Nueva Canarias, Partido Socialista Canario-PSOE y Sí Podemos Canarias, para apoyar la creación del banco de pruebas regulatoria ('sandbox') para la i+D+I en la economía azul sostenible, utilizando las instalaciones de la Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan), así como que ese banco se pueda extender a futuras ampliaciones de las zonas de ensayo de la Plataforma, para contribuir a su estudio científico y al impulso de la transferencia del conocimiento, para la recuperación económica y social de la Isla, aprovechando la i+D+I.

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Igualmente, se ha aceptado solicitar al Ministerio de Ciencia e Innovación  acelerar los trámites para la aprobación de ese banco de pruebas, en línea con la resolución aprobada en el Senado, en la que se insta al Gobierno de España a adoptar medidas para que la nueva Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 contemple la Plocan como una de las infraestructuras estratégica necesarias para alcanzar sus objetivos.

Por último, en el apartado de cuestiones urgencia, a instancia de la Consejería de Cooperación Institucional, tutelada por Carmelo Ramírez, se han aprobado los planes de cooperación con los ayuntamientos 2022 y 2023 para dos proyectos impulsados por los consistorios de Las Palmas de Gran Canaria y de Teror, por un total de 991.000 euros, así como para otras tres iniciativas de la Mancomunidad de Ayuntamientos de Medianías, por un importe de 1,5 millones. Asimismo, se ha dado luz verde a un gasto plurianual de 824.614 euros, en las anualidades 2023 y 2024, que costearán la reforma del edificio residencial para adecuarla a las necesidades del Centro de Atención Inmediata Insular, a propuesta de la Consejería de Arquitectura y Vivienda, dirigida por Conchi Monzón.

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