Arucas recurre al contencioso para frenar el plan que delimita la nueva autovía de la costa con Moya y Guía

Arucas presentará en los próximos días un recurso contencioso administrativo contra el Plan Territorial Parcial de Ordenación del Litoral del Norte (Arucas-Moya-Santa María de Guía) PTP-15, según anunció el alcalde, Juan Jesús Facundo, durante el pleno celebrado este viernes.

Juan Jesús Facundo detalla que llevará al juzgado en las próximas semanas el documento por dos motivos. Por un lado, porque considera que el trazado propuesto para la construcción de la nueva autovía por la costa afecta a dos viviendas, una de ellas Casa Quintanilla (una antigua residencia familiar y explotación agraria construida a finales del siglo XIX, y dedicada ahora a la celebración de eventos), cuando existe margen para que el trazado vaya más pegado a las faldas de la montaña, sin causar mayores contratiempos. 

Y, en segundo lugar, acude a la Sala de lo Contencioso-Administrativo porque incluye normativas que a su entender solapan a unas que no están vigentes, y que afectan al dominio público marítimo. En este sentido, el grupo de gobierno (PSOE-PP) están a favor de la reubicación de esas viviendas afectadas.

El alcalde señala que son razones que se han concretado en un acuerdo institucional aprobado por todas las fuerzas ante el Plan Territorial.

Como se recordará, la Corporación Municipal (PSOE, Nueva Canarias, Partido Popular, Podemos- Coalición Canaria, Ciudadanos y el concejal No Adscrito) del Ayuntamiento de Arucas secundaron el año pasado una iniciativa institucional en la que manifestaron "que no se llevará a cabo ninguna actuación en la costa sin el consenso con los vecinos". 

El acuerdo contemplaba ocho argumentos. Entre ellos, establecía en primer lugar "pronunciarse a favor de la continuidad y la seguridad jurídica de las áreas urbanas costeras de Arucas que reúnen un valor objetivo protegible en materia etnográfica, arquitectónica y/o socioeconómica.

Arucas reclama un censo de edificaciones del dominio marítimo terrestre canario y sus zonas de servidumbre

El segundo punto es "comprometerse a colaborar con la Comunidad Autónoma de Canarias en la elaboración de un censo de edificaciones en su término municipal del dominio marítimo terrestre canario y sus zonas de servidumbre de tránsito y servidumbre de protección, con valoración técnica de su antigüedad, integración en el litoral y finalidad social".

El tercero es "comprometerse a colaborar con la Comunidad Autónoma de Canarias en la mejora y el acondicionamiento de las áreas urbanas costeras de su término municipal, así como la preservación y la mejora de sus valores etnográficos, arquitectónicos o pintorescos".

El cuarto es "instar al Cabildo de Gran Canaria, Gobierno de Canarias y Estado que la ejecución de las actuaciones urbanísticas dirigidas a la recuperación del frente litoral que requieran el desalojo de ocupantes de inmuebles que constituyan su residencia habitual, se deberá garantizar el derecho de realojamiento y el consenso con los/as

vecinos/as de conformidad con lo establecido en la Ley de Costas y su Reglamento; y la Disposición Adicional Decimosegunda de la Ley 4/2017 del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias, así como la legislación reguladora de los arrendamientos urbanos.

Y, además de otros, el octavo es "trasladar al Gobierno de Canarias y del Estado que se lleve a cabo una nueva modificación de la Ley de Costas para que dé cabida a los núcleos urbanos costeros que reúnan valores etnográficos, arquitectónicos y/o socioeconómicos".

El Cabildo aprobó el documento en septiembre del año pasado por 20 votos a favor (los de los grupos políticos de NC, PSOE, Sí Podemos, Ciudadanos y CC) y ocho en contra -PP y UxGC, después de 13 años de tramitaciones. 

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