El Cabildo arranca un plan de choque de 151 millones para afrontar la sequía

El Cabildo de Gran Canaria ha puesto en marcha un plan de choque de 151 millones de euros que contiene 107 medidas para afrontar la sequía que padece el sector primario, toda vez que, según apunta, la infraestructura de producción industrial garantiza el abastecimiento de agua potable a la población gracias a los sistemas implantados sobre todo a partir de los años 90 del pasado siglo.

Se trata de un programa que prevé reponer un déficit de 46 hectómetros cúbicos que afecta sobre todo al sector primario, provocado por la falta de lluvias de los últimos años y las altas temperaturas.

Este plan fue presentado en la mañana de lunes por el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, acompañado del consejero insular de Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica, Miguel Hidalgo y el gerente del Consejo Insular de Aguas, Carmelo Santana.

Morales detallaba el monto y destino de estas partidas, algunas que ya están implementándose y otras que se irán acometiendo a corto y largo plazo. Así, explicó que 42 de ellas ya se encuentran ejecutadas o vías de desarrollo con un coste de 13 millones de euros, a las que seguirán, con previsión de culminar antes de este mismo verano, otras por 12 millones de euros, dada «la emergencia», y que supondrán el incremento en la capacidad de los centros de producción, el diseño de mecanismos que permitan la disposición de recursos privados inutilizados y la firma de convenios con los propietarios de recursos hídricos.

Morales destacó de entre todas estas actuaciones ya en marcha o inminentes, la mejora de redes de aducción y depósitos en medianías, por un valor que asciende a los 2.103.000 euros; los acuerdos de intercambio ‘Cumbre-Costa’; las nuevas infraestructuras hidráulicas y redes de riego para el sector primario, tanto en la cumbre como en las medianías, que supondrán un desembolso de 4.000.000 euros; el suministro de mil membranas de ósmosis inversa para la estación desaladora del Concejo Insular de Aguas, con un presupuesto de 400.000 euros; la mejora y ampliación de los depósitos de El Fondillo, con otros 6.300.000 euros; y por último, una inyección de 2.200.000 euros para el proyecto Aquagran, puesto en marcha por el Cabildo de Gran Canaria para dotarse de una herramienta tecnológica para recoger, almacenar y analizar una ingente cantidad de datos sobre los recursos hidráulicos insulares para así maximizar potencial.

A ello se suman otras propuestas que se implantarán a más largo plazo y que requieren aún de la redacción de 42 proyectos y la búsqueda de fondos que suman 95 millones de euros. Uno de ellos se centra en el incremento de los recursos hidráulicos no convencionales, tanto de desalación de agua de mar como de reutilización de aguas depuradas, mediante el incremento de las capacidades de los actuales centros de producción de agua industrial.

Una acción que, como aseguró, «tendrá un efecto inmediato sobre el sistema, dado el grado de interconexión entre esos centros de producción, que permiten cubrir todo el ámbito insular que va desde La Aldea hasta la zona de El Salobre».

En cualquier caso, Antonio Morales hace hincapié en que, al contrario que en otros territorios de las islas e incluso de la península, Gran Canaria no vislumbra una emergencia hídrica.

Así, puntualiza que para ello el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria cuenta con una gigantesca ‘máquina de agua’ que dispone de cinco grandes centros de desalación con una capacidad de producción de 45.000 metros cúbicos diarios.

Además, dispone de seis grandes balsas de almacenamiento, con una capacidad total de 350.000 metros cúbicos; más de 350 kilómetros de redes de transporte y distribución, a través de las cuales atienden unos 300 puntos de conexión que suministran agua a miles de agricultores de la isla; ocho grandes presas, siete terciarios y 25 depuradoras.

Con todo este sistema, impulsado sobre todo a partir de la década de los 90 del pasado siglo, el presidente del Gobierno insular garantiza el consumo de agua para toda la población, descartando la citada emergencia hídrica.

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