Los bomberos de La Aldea y San Mateo se externalizan de forma provisional

Los parques de bomberos de La Aldea y San Mateo funcionarán con trabajadores externos durante 12 meses, «de forma provisional», en espera de las resoluciones judiciales firmes sobre la jornada laboral que se debe aplicar en el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, según anunció este viernes el presidente de ese organismo y consejero de Hacienda del Cabildo, Pedro Justo, quien durante el Pleno de la corporación tuvo que responder a preguntas de los tres grupos opositores sobre la situación interna de ese cuerpo de seguridad.

En una comparecencia solicitada por el grupo de CC, Pedro Justo afirmó que el Consorcio de Emergencias no está inmerso en ningún proceso de privatización del servicio de bomberos en esos dos municipios y también negó tajantemente que se le deban más de 20 millones de euros a los trabajadores, tal como afirman sus representantes. 

Por contra, explicó que el Gobierno autónomo sí le debe Consorcio de Gran Canaria más de 21 millones de euros, que se le tendrán que reclamar a través de los tribunales a la vista de que se sigue resistiendo a pagar la parte correspondiente a su participación del 20% en la sociedad. El Cabildo tiene un 40% y los ayuntamientos el otro 40%, todos menos Las Palmas de Gran Canaria y San Bartolomé de Tirajana, que tienen su propio cuerpo de bomberos. 

En su primera intervención, la portavoz de CC, Vidina Cabrera, consideró que la externalización del servicio en La Aldea y San Mateo supone una privatización y tiene un coste adicional de 2,5 millones sobre la cantidad asignada en el Presupuesto del Consorcio de 2024.  

Jornada laboral

En respuesta, el consejero de Hacienda atribuyó esa medida a una discusión jurídica tras varias sentencias, unas a favor de los trabajadores y otras que dan la razón al Consorcio. «Nosotros planteamos que la jornada laboral se tiene que ajustar a las 37,5 horas a la semana y eso supone 1.642 al año, 67 jornadas anuales de trabajo las 24 horas. Por su parte, los trabajadores plantean que en vez de las 1.642 horas sean 1.368, y que en vez de las 67 jornadas, sean 57 jornadas, lo que según los cálculos de los técnicos del Consorcio serían 31,2 horas de trabajo a la semana», detalló Pedro Justo. 

A la espera de que los tribunales emitan una resolución en firme sobre esa cuestión, apuntó el consejero, los técnicos del Consorcio decidieron aplicar las 57 jornadas anuales, en vez de 67, pero al hacer la programación de los turnos anuales observaron que con la actual plantilla «no habría trabajadores a partir del 15 de noviembre, es decir, un mes y medio sin nadie en los parques». Con esa pérdida del 15% de efectivos, no se llegaría al 80% de la cobertura, precisó.

Ante esa disyuntiva, según Pedro Justo, los responsables del Consorcio barajaron tres alternativas para reforzar los medios humanos. La primera fue intentar cubrir los servicios con horas extras, algo que admiten los sindicatos, pero que no garantiza que todos los trabajadores acepten las jornadas que se les oferten. Además, opinó, supone «una contradicción» y una actitud «cínica», pues son los propios bomberos los que se quejan de sus condiciones laborales y piden trabajar menos horas. «Esta solución es poco defendible cuando el nivel medio de absentismo en el Consorcio es del 30%, cuando la media nacional es del 7,7%», comentó.     

La segunda alternativa es lanzar una oferta pública de empleo (OPE), que es la prioridad, pero cuyos trámites son superiores a un año, con lo que no resuelve el problema en este 2024. Por tanto,  con los votos a favor que la mayoría de los miembros del Consorcio, salvo los ayuntamientos de Mogán y Guía, se optó por la solución de «un apoyo externo» para cubrir el servicio en esos dos parques, lo que permite liberar a 42 bomberos para utilizarlos en el resto de los parques distribuidos por la isla.

«No están privatizados, en absoluto, los parques de La Aldea y San Mateo los sigue gestionando, dirigiendo y coordinando el Consorcio», aseguró su presidente, quien insistió en que esa contratación externa «es provisional» y solo por 12 meses, seis de este año y seis del próximo, e incluso añadió que «no sería necesario» si antes se dicta una resolución judicial a favor de las administraciones. 

Antes de la comparecencia, la consejera del PP María del Carmen del Rosario preguntó si el coste de 2,5 millones de esa contratación externa la tendrán que abonar los ayuntamientos que votaron en contra, a lo que Pedro Justo respondió que sí.  

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