El denunciante del 'caso Unión', Carlos Espino, aseguró ayer tras hacerse público el auto del magistrado de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas Salvador Alba que anula la primera grabación que realizó el propio Espino cuando era consejero de Política Territorial y Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote al empresario Fernando Becerra el 5 de junio de 2008 y que fue la antesala del 'caso Unión' cuando ni siquiera se habían iniciado las diligencias judiciales de esa causa, que "cabía esperar dicha resolución debido a que el juez Alba dio a conocer en una grabación realizada por él mismo a sus compañeros [en 2016] en la que se le escucha decir que hay cuestiones previas y hay que esperar a ver cómo termina este juicio".
De dicha manifestaciones de Alba, según Espino, "se desprende que el juez ya anticipaba de alguna manera, por decirlo de alguna manera suave, que no habían elementos que le generaban dudas y por eso se esperaba una resolución en ese sentido".
Espino, que es denunciante del caso pero no está personado como acusación particular, precisó que "será la Fiscalía, si así lo considera procedente, la que deberá recurrir este auto de Alba ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC)". La Fiscalía ya confirmó este lunes que presentará dicho recurso.
E exconsejero de la corporación insular y exsecretario insular del PSOE añadió que en caso de que el TSJC respalde el auto de Alba, "desaparecía uno de los elementos probatorios, pero hay otros suficientes para que el procedimiento pueda seguir, puesto que no han sido anuladas las conversaciones telefónicas que intervino la Guardia Civil y, a parte, está la confesión de Becerra reconociendo los hechos".
En ese sentido, para Espino, "el sueño delirante de algunos de que el 'caso Unión' se desmorone, de momento quedará en eso, en un sueño delirante".
Registros domiciliarios nulos
En 2014 la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas estimó el recurso interpuesto por el abogado y promotor inmobiliario Luis Lleó, acusado de intentar sobornar a Espino para que le levantara el bloqueo de la urbanización Costa Roja, en Playa Blanca (Yaiza), y declaró nulos los autos de entrada y registro en su domicilio y oficinas en mayo de 2009, coincidiendo con la primera fase del 'caso Unión'.
La Audiencia Provincial argumentó que no existía razonamiento alguno en los autos dictados por el juez instructor del caso, César Romero Pamparacuatro, que justificara los registros al empresario. Además, en el auto de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial, su presidente, Emilio Moya, señalaba que "ni siquiera aparece mencionado en los razonamientos jurídicos el nombre del titular cuyo domicilio después se acuerda entrar y registrar".
La Fiscalía aclaró en ese momento que el mismo "no afecta ni altera la posición del Ministerio Fiscal en este procedimiento" y recordó que "respecto a esta causa, la Fiscalía ya formuló escrito de acusación en mayo de 2013, en el que no se tuvo en cuenta ningún material probatorio derivado de esa entrada y registro".
La juez Victoria Rosell, exdiputada de Podemos, tachó ayer de "escándalo" a través de su cuenta de Twitter que el magistrado Alba haya anulado las grabaciones que Espino hizo en 2008 al empresario Becerra, informó Efe. "Pero Alba anula la grabación como intenta anular la suya", añadió Rosell, en alusión a la causa por prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios abierta por el TSJC contra Alba por un asunto que afecta a Rosell y cuya causa está basada en la grabación que el empresario Miguel Ángel Ramírez le hizo a Alba mientras le daba instrucciones, supuestamente, sobre lo que tenía que declarar ante él para perjudicar a Rosell a cambio de posibles beneficios procesales.
