Los administradores concursales de Inalsa han iniciado una auténtica cruzada contra Inalsa y sus gestores para intentar saldar la deuda de 40 millones de euros que la empresa insular de aguas tiene contraída con tres de sus principales acreedores (Endesa, FCC y Aguas Filtradas).
El primer objetivo fue la puesta en marcha de un plan de viabilidad encaminado a aligerar la pesada carga de costes que soporta Inalsa, sobre todo, por los gastos de personal.
La segunda batalla se libró en el terreno de los bienes patrimoniales de Inalsa. La idea era embargar los bienes de Inalsa (valorados en unos 60 millones de euros) para saldar la deuda. No obstante, los administradores y los acreedores se encontraron que Inalsa no tenía ningún bien (se había transmitido apenas unos años antes al Consorcio Insular de Aguas).
Si Inalsa estaba descapitalizada el siguiente paso fue exigir la responsabilidad patrimonial de los miembros de sus consejos de administración. Unos pasos que podría desembocar en la privatización de la empresa pública del agua si se demuestra la insolvencia económica de Inalsa.
