La Fiscalía solicita por la muerte de un obrero en la ciudad deportiva Martín Freire dos años de cárcel para cuatro responsables deportivos del Cabildo de Gran Canaria. Todos ellos están acusados de homicidio imprudente por el fallecimiento de Juan Carlos Santana Andueza, que pereció electrocutado en septiembre de 2005 mientras limpiaba el interior de una piscina del complejo deportivo capitalino.
Los acusados son José María Cabrera Domínguez, gerente del Instituto Insular de Deportes cuando se produjeron los hechos; Agustín Morales Quintero, entonces director técnico del citado organismo; Salvador Rodríguez Navarro, que sigue en la actualidad como director del Martín Freire, y Esteban González Sarmiento, encargado de la empresa concesionaria del servicio de mantenimiento.
Según el relato de los hechos que hace el fiscal Pedro Gimeno en su escrito de acusación, el operario recibió instrucciones de González Sarmiento para descender a la piscina por medio de una escalera metálica, momento en el que sufrió una fuerte descarga eléctrica que causó su muerte a los pocos minutos por un fallo cardiaco.
El escrito apunta que las tareas de limpieza fueron ordenadas con el consentimiento del director del recinto, Rodríguez Navarro. Sin embargo, esos trabajos se realizaron en "condiciones de inseguridad", entre otros motivos porque la empresa Eulen carecía del material adecuado y exigido por la normativa vigente. Fue esa circunstancia y el "lamentable estado de las instalaciones eléctricas" lo que desembocó en el fallecimiento de Juan Carlos Santana.
De hecho, los tres máximos responsables administrativos del complejo conocían las "deficiencias" del sistema eléctrico, que estaban motivadas por la antigüedad y la inadecuada renovación del centro. Así lo reveló el departamento de Arquitectura del Instituto de Deportes, previo informe de la empresa encargada del mantenimiento eléctrico. Esto ocurrió en noviembre de 2004, pero los responsables no hicieron nada para corregir la situación. El fiscal también pide el archivo de las actuaciones contra la arquitecta y la ingeniera del departamento.
