(28-01-2010): Ramírez niega que atentara contra el medio ambiente por vallar su finca con hormigón

El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, negó ayer ante la jueza que "promoviera la construcción de varias obras ilegales" en La Milagrosa, una finca propiedad de Ramírez que está ubicada en el espacio natural protegido de Pino Santo, en Las Palmas de Gran Canaria. El fiscal Javier Ródenas le acusa de un delito contra la ordenación del territorio y solicita tres años y medio de cárcel por esos hechos, que sucedieron entre marzo y junio de 2004.

"No me hacía ninguna casa, sólo rehabilitaba muros, una pajarera y una pérgola", declaró Ramírez en el Juzgado de lo Penal 5 de la capital grancanaria. Y añadió: "Sabía que la finca estaba en suelo rústico, pero desconocía que necesitaba la calificación territorial del Cabildo porque no soy constructor" .

Ramírez trató de justificar así los motivos por los que comenzaron los trabajos sin los permisos pertinentes. "Pensé que era suficiente con pedir la licencia al Ayuntamiento, porque no iba a construir nada nuevo, sino a reparar lo existente", agregó el empresario, que comparó ese trámite administrativo con la apertura de un comercio.

Sin embargo, tanto el fiscal como siete técnicos del Cabildo y del Gobierno canario, explicaron que no sólo es preceptivo el permiso municipal, sino también y sobre todo la habilitación del Cabildo, pues la finca está en un paraje natural que goza de una protección especial [Pino Santo está catalogado como Lugar de Interés Comunitario por la UE, e integra la Red de Espacios Protegidos de Canarias].

"Nunca supe que era un espacio natural protegido", respondió el acusado al interrogatorio del fiscal. Y sostuvo igualmente que no había hecho un camino nuevo para acceder al chalé, sino que limpió el existente con un tractor. Sí admitió que valló la finca con 36 pilares y mallas de hierro galvanizado, pero matizó que lo hizo para garantizar la seguridad. "Puse una valla mejor porque hay un estanque y es peligroso para los niños".

La defensa de Ramírez, ejercida por Lino Chaparro, se apoyó en el presidente de la asociación de vecinos La Milagrosa para fundamentar la supuesta inseguridad de la zona, pero la acusación pública reveló que en el lugar de las obras ni siquiera se colocaron carteles anunciadores de ese peligro.

"Se me ocurren 250 formas de preservar la seguridad sin destrozar el medio ambiente", subrayó el fiscal en su informe. Antes, dos técnicos del Cabildo en dicha materia atestiguaron que se abrió un ramal nuevo para el acceso de coches hasta la entrada de la finca. Unas obras que transformaron la configuración del terreno y modificaron las características del paisaje, pues destruyeron el bosque de acebuches y laureles, afectando al hábitat de interés comunitario.

"Se ha hecho un daño inútil al territorio, porque ya había un camino", dijo una técnico.

"La actuación de Ramírez es una agresión patente, grosera y clamorosa del medio ambiente", concluyó Ródenas tras nueve horas de juicio, porque, "lejos de parar la obra, contrató a 45 operarios para seguir y hacer 36 pilares de hormigón". El Seprona y los agentes medioambientales del Cabildo denunciaron los trabajos cuatro veces, incluso entregaron un requerimiento de paralización a Ramírez, pero éste continuó hasta que la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural precintó las obras.

"La pajarera y la pérgola son anecdóticas"

"Podemos desechar los muros, la pérgola y la pajarera, porque son obras anecdóticas si las comparamos con el cerramiento de la finca y la apertura del camino". Así de contundente se mostró el fiscal Ródenas en su "brillante" informe final, según reconoció hasta la propia defensa al rebatir los argumentos de la acusación.

El fiscal expuso que el Cabildo ha denegado dos veces la legalización de esas obras, tal como sostuvieron los técnicos insulares. En cambio, la defensa apeló a un informe municipal para acreditar que esos trabajos eran legales, pero Ródenas aclaró luego que sólo el Cabildo puede conceder la calificación territorial y que su determinación es vinculante para el Ayuntamiento.

La Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas también pide tres años y medio de prisión para el dueño y el representante legal de la empresa constructora, Benedicto Martel Hernández y José Luis Alemán Suárez, respectivamente. M. R.