El consejo de administración de la Empresa Mixta de Aguas, Emalsa, constituido por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y las empresas Saur y Valoriza, acordó este martes la rescisión del contrato del servicio de saneamiento de la ciudad con su filial Sercanarias.
Un comunicado de la Corporación municipal destaca que, al mismo tiempo, el consejo decidió iniciar de manera inmediata el proceso para convocar un nuevo concurso de adjudicación del servicio de saneamiento a otra empresa, cuyo pliego de condiciones se espera que esté redactado antes de que acabe el próximo mes de enero.
El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria y presidente del consejo de administración, Augusto Hidalgo PSOE), explica que con la decisión de este martes se cumple con la reclamación hecha en octubre desde el Ayuntamiento, socio minoritario de la compañía, para que Sercanarias dejara de prestar servicios a Emalsa.
"Desde el Gobierno municipal teníamos especial interés en celebrar este consejo de administración antes de fin de año porque, aunque el contrato con Sercanarias vence en febrero, había que denunciarlo antes del 31 de diciembre si queríamos evitar que se prorrogara de forma automática", señala el alcalde.
Con esta decisión se da cumplimiento a la petición que la parte pública de la empresa, que es minoría, hizo a la privada para liquidar la relación con una empresa con la que siempre discrepó "la forma en la que fue contratada".
Hidalgo recuerda, además, que los socios privados de Emalsa han aceptado también no presentar a Sercanarias al nuevo concurso del saneamiento, como lo había pedido el propio Ayuntamiento.
Asimismo, el regidor explica que en el consejo de administración celebrado este martes los socios públicos y privados también han acordado la creación de una comisión de técnicos del Ayuntamiento y de Emalsa para, entre otras tareas, redactar el pliego de condiciones del nuevo concurso de saneamiento.
"Otra labor fundamental que tendrá esta comisión de técnicos será la de discutir y aclarar todo lo relacionado con los elementos contractuales que existen entre el Ayuntamiento y la compañía de aguas", asegura Hidalgo.
En su opinión, "se trata de buscar soluciones a todos los problemas de contratos o posibles incumplimientos desde la creación de Emalsa hace 20 años y que ha puesto sobre la mesa la consultora KPMG recientemente".
Hidalgo añade que los trabajos de esta comisión de técnicos servirán para arrojar luz al pasado contractual de la empresa y el Consistorio y fijar los objetivos del futuro.
"La intención del consejo de administración de Emalsa con esta comisión es poner las bases para crear un tejido jurídico claro y nítido sobre la gestión del agua en la ciudad", afirma el primer edil.
Por otro lado, el alcalde informa que los socios privados de la compañía, con el 66 % de las participaciones en sus manos, han acordado llevar ante la Justicia al jefe de la Unidad Técnica del Agua del Ayuntamiento, Rafael Bolívar, por su labor como interventor municipal sobre Emalsa durante el anterior gobierno municipal.
"Los socios privados han acudido a un prestigioso bufete de abogados -Clifford Chance- que considera que el antiguo interventor, nombrado por el PP, ha incurrido en un delito continuado de falsedad, y han decidido emprender acciones legales contra él", destaca Hidalgo.
El regidor capitalina agrega que los cuatro representantes del Ayuntamiento en el consejo de administración se abstuvieron en esa votación, "porque afecta a un funcionario municipal, pero la mayoría privada la ha aprobado", concluye la nota.
