El Gobierno obliga a repetir el concurso de limpieza de colegios por falta de datos

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tiene que volver a sacar a licitación pública el concurso del servicio de Limpieza, Higienización y Actividades Complementarias en los centros de Educación Infantil y Primaria, sedes de la Universidad Popular y de la Escuela Municipal de Educación Musical y los centros de Promoción Sociocultural, después de que el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la comunidad autónoma de Canarias aceptase el recurso interpuesto en agosto por la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel) contra el pliego de condiciones por "falta de información".

Según Aspel, no se facilita información relativa "a horas y periodos de trabajo, así como cuantía de las retribuciones a abonar a los trabajadores adscritos al contrato". Información básica para que las empresas que se presenten al concurso puedan hacer una contraoferta en "condiciones de igualdad y no discriminación".

En la resolución del tribunal se declaran nulos los pliegos y la documentación complementaria y el anuncio de licitación, porque "ha quedado constatado que el precio de licitación y el valor estimado del contrato de referencia previstos en los pliegos, no se encuentran debidamente justificados, ni se ha facilitado toda la información necesaria para el cálculo de los costes del personal a subrogar por el futuro adjudicatario, ni se especifica en los pliegos el número de trabajadores y las correspondientes las categorías y especialidades profesionales, siendo este el aspecto primordial de la prestación objeto del contrato, lo que supone una vulneración de los principios de transparencia, seguridad jurídica e igualdad y no discriminación de los licitadores".

Parado

El concurso, que se licitó el pasado mes de julio con un presupuesto base de 25.175.474 euros por una vigencia de cuatro años y con posibilidad de prorrogarlo a dos, no se llegó a adjudicar por esta razón.

La concejala de Educación, Lourdes Armas, explicó que se está trabajando para incluir "estas observaciones que mejoran la propuesta" en el nuevo pliego, aunque no especificó fecha para su publicación.

Respecto a por qué razón no se habían incluido dichos datos, Armas alegó que el pliego "pasó por bueno" por los Servicios Jurídicos, por Intervención y Contratación del Ayuntamiento antes de llegar a la mesa de contratación y que "se pensó que los datos que se aportaban eran suficientes".

Armas puntualizó, no obstante, que el servicio, que actualmente está en manos de Ralons -prorrogó un año más el contrato hasta enero de 2018- seguirá efectuándose con normalidad hasta que se adjudique ya que es de "obligado cumplimiento".

La actual adjudicataria se presentó en su momento al concurso, uno de los de mayor presupuesto del área de Educación. También acudieron a la convocatoria pública Eulen, Servicios de Auxiliares de Mantenimiento y Limpieza ( Samyl) y las UTE formada por Fomento de Construcciones y Contratas y Capross y Clece y Talher.

La empresa Samyl presentó también alegaciones contra el pliego de condiciones en las mismas fechas, pero el titular del tribunal, Pedro Ezequiel Gómez Jiménez, desestimó en su caso la demanda.

El presidente de la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel), Juan Díaz de los Ríos, explicó ayer que el recurso fue presentado en defensa de los intereses de sus asociados debido a que el contrato no se ajustaba a derecho. Díaz no quiso especificar, sin embargo, qué empresa había solicitado la demanda, pero señaló que la petición de presentar recurso pasó por los órganos de gobierno de la asociación. Entre sus asociados se encuentran el grupo Eulen y Clece.

Díaz comentó que presentaron el recurso porque en el pliego de condiciones había una "falta de información" que impedía a los licitadores presentar una oferta ajustada. En líneas generales, explicó que, en cuanto a la subrogación del personal, que por primera vez se incluía en el nuevo pliego del servicio, no se daba cuenta de las necesidades mínimas de limpieza en cada centro, así como si eran por periodos lectivos y no lectivos. Tampoco se especificaba el número de horas de trabajo de los trabajadores. Cuestiones todas ellas necesarias para que el licitador evaluase correctamente el coste de personal, ya que, por las características del servicio, se trata de una plantilla de trabajadores fijos discontinuos.

Libertad empresarial

Otras de las cuestiones que recurrieron es que el Ayuntamiento exigía que la plantilla "no podía ser modificada" sin su consentimiento, lo que atacaba directamente a la propia libertad empresarial. "No puede imponer al empresario una organización del trabajo", puntualizó el presidente de Aspel.

En este aspecto, se alegaba además que "ni la citada plantilla, ni la organización de la misma, se encuentran descritas en el citado pliego, sino que únicamente figura el listado de los trabajadores con respecto a lo que el adjudicatario deberá subrogarse como empleador", pero no datos relevantes para elaborar una oferta.

La asociación también planteó recurso contra el importe mismo de la licitación - más de 25, 1 millones de euros-, que entendía "era muy ajustado" al servicio que se prestaba, por lo que, si no se daba la información requerida con anterioridad, no se podían hacer los cálculos necesarios para ver si los costes de personal, que son casi el 80% del presupuesto, cumplían con el convenio colectivo de los trabajadores.

"En principio, pensamos que no cubría los costes que exige el convenio. Con ese dinero no compramos ni el jabón", puntualizó Díaz, quien añadió que antes de plantear el recurso el 9 de agosto de este año, se envío días antes una carta al Ayuntamiento advirtiéndole de dichas incidencias para que las corrigiera.

Aspel señalaba en el recurso que la información que se omitía solo estaba en manos de la actual adjudicataria, dando a entender así que la única empresa que podría presentar la oferta más ajustada era la actual licitadora o aquellos que conocieran los datos. Algo que también reconoce el propio tribunal. El 20 de septiembre, y a requerimiento del Tribunal, el jefe de Sección de Educación de la Concejalía de Educación presentó un informe para defenderse de Aspel, pero el tribunal desestimó sus razones a favor de la asociación profesional de empresas de Limpieza.