Evitar la impunidad en los casos de violencia machista. Este fue uno de los asuntos que fueron tratados ayer en las Jornadas de Formación en Violencia de Género organizadas por la Cátedra de Derechos Humanos y Estudios Críticos del Género de la ULPGC y el Colegio de Abogados de Las Palmas, encabezada por la magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas, María Auxiliadora Díaz.

Este encuentro que comprendió 30 horas de formación y cuya finalidad fue educar a los funcionarios de la Administración de Justicia para acabar con la violencia machista, se inició el pasado 3 de junio y finalizó ayer con la ponencia del magistrado del Tribunal Supremo (TS), Antonio del Moral García, que hizo énfasis en la reciente jurisprudencia del TS en la materia. Asimismo, manifestó su preocupación en cuanto a las víctimas que al llegar a juicio se acogen a su derecho de no declarar en contra del acusado por ser un familiar.

"Si la víctima manifiesta que se acoge a este derecho, no solo afecta a lo que pueda decir en el juicio, sino también a la prueba preconstituida, que, en ese caso, se tendrá de desechar", explicó el magistrado.

De igual forma, el juez explicó que una de las maneras de evitar que el procesado quede impune, es decirle a la víctima que puede declarar sin prestar juramento. "Yo le dejo que mienta y ya veré yo, como juez, si me creo o no lo que dice la afectada en sala", sostuvo Antonio del Moral.

El magistrado resaltó que con ello se puede evitar que el agresor, al saber que existe la posibilidad de que su víctima no declare por ser familiar, intente convencerle y, por lo tanto, eludir a la justicia. "Eliminando el falso testimonio en este tipo de casos es una de las opciones para acabar con la impunidad. Ya el juez dirá si lo que la persona dijo en el juicio se sostiene o si debe basarse en la prueba preconstituida", recalcó el magistrado.

Además, se manifestó en cuanto a las condenas y resaltó que no es más importante cuántos presos hay por homicidio, sino cuantos delitos de este tipo se han evitado gracias a ello. Aseguró también que el derecho penal efectivo no es el que impone más años de cárcel.

"Los grandes problemas penales no se resuelven endureciendo las penas, son necesarias las leyes y ayudan, pero se necesitan más mecanismos, como concienciación, prevención, educación y detección", apuntó el juez.

"Me interesa advertir que lo novedoso ahora es que, anteriormente, solo llegaban los asuntos que se veían en las audiencias provinciales, que son los casos con penas más graves, lo que hacía que los casos como el de quebrantamiento de medidas de alejamiento, maltrato habitual, entre otros, llegasen pocas veces al Tribunal Supremo. En 2016 se produce una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite que todo pueda llegar al TS y de todo se fije doctrina", manifestó el magistrado.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, Pilar Cancela, también estuvo presente en la jornada y presentó su ponencia sobre el Pacto de Estado ante la Violencia de Género, en la que habló que no son justificables las estadísticas que existen en cuanto a este tipo de violencia.

"La manifestación más cruel e inhumana es secular, esa desigualdad que existe entre hombres y mujeres", aseveró Cancela. "Me preocupan el ámbito educativo y los jóvenes, tenemos un problema evidente, se convive con modalidades nuevas de violencia machista y las nuevas tecnologías te permiten hacerlo, ya que a través de un móvil se puede ejercer un control de la víctima. ¿Dónde estás?, ¿con quién estás?, también es una forma de violencia de género", explicó la diputada.

La magistrada María Auxiliadora Díaz realizó una ponencia sobre Loverboy, el Proxeneta del Siglo XXI, en la que manifestó que la prostitución también es trata de seres humanos. "Afuera de los prostíbulos hay un contador de condones que lleva la cuenta de cuántas personas entran en la habitación de la víctima para ejercer un control y saber cuánto debe pagar la mujer por ello", comentó la jueza.

También, recordó que hay hombres que enamoran a la víctima, le hacen creer que tienen una relación sentimental y las sacan de su país natal para traerlas a España y prostituirlas. "La violencia contra la mujer supone una conculcación del derecho fundamental que tiene que ser aplicado de forma global por la totalidad de las naciones, de manera que en estos casos no prime la norma interna del país en el que ocurra, sino la internacional", afirmó la magistrada.

Díaz informó, además, de que se realizará una conferencia en España que será pionera y tiene por nombre Hacia la Globalización de los Derechos Humanos con un enfoque de Género. Esta contará con los magistrados del TS, Julián Sánchez, Antonio del Moral, Ana Ferrer, Vicente Magro y Manuel Marchena. Así como una mesa de Europa, América Latina, África y Asia, con juristas y autoridades en cada uno de sus países, para saber cómo rigen estos procesos penales.