La vigilancia policial para frenar los contagios llega a los vehículos privados

"Han pasado de vivir juntos a ser familia y a contar mentiras". Era la reacción del policía local a una pareja de hombres, ocupantes de un vehículo, que trataban de esquivar una multa por no llevar mascarilla dentro del coche pese a que la normativa especifica que si los pasajeros no conviven juntos hay que llevarla. El documento nacional de identidad les delató, sin embargo, al momento. Ni eran padre e hijo, ni vivían en el mismo domicilio, pero trataban de colársela al agente. La situación se producía en el barrio de Altavista, en un control de vigilancia para detectar a las personas que no cumplen con la normativa sanitaria impuesta para frenar la propagación del coronavirus. Afortunadamente, el policía, ducho en diversas situaciones, hizo sus comprobaciones oportunas y los infractores fueron sancionados al verificar que la convivencia era ficticia. La infracción les costará a cada uno de ellos 100 euros.

La picaresca española no se frena ni en época de pandemia. Lo fuerte del asunto es que uno de los hombres pretendió que el agente en vez de multarles les hiciera solo una advertencia. "Advertencias señor hacemos todos los días y luego la gente hace lo que le da la gana", le dijo el policía muy serio, mientras su compañera tomaba nota del lugar de la incidencia: frente al centro de salud de Altavista.

Advertencias es lo que ha estado haciendo la policía local desde hace meses a muchos ciudadanos que todavía no cumplen con algo tan sencillo como llevar la mascarilla bien puesta en la vía pública desde que comenzó la pandemia. Y ayer seguían insistiendo en ello, pero los últimos datos del coronavirus en la comunidad canaria han hecho endurecer las medidas sanitarias con el fin de no volver a un segundo confinamiento. Y, por tanto, también se ha incrementado la vigilancia policial en la capital, donde se concentra gran número de población, ante la actitud relajada de muchos ciudadanos. Desde julio, la policía local ha impuesto más de 2.500 sanciones.

La concejalía de Seguridad y Emergencias no solo continúa incrementando la vigilancia en toda la ciudad, sino que además ha activado una unidad de paisano para controlar calles y paseos, centros comerciales y establecimiento restauración. Desde que se activó el servicio han impuesto 177 multas. 122 a personas que no llevaban correctamente la mascarilla y 55 a locales comerciales y de restauración por no cumplir con la normativa reglamentaria. Uno de los establecimientos fue cerrado.

Ver un uniforme impone. Y muchos ciudadanos rectifican la posición de su mascarilla en cuanto ven a un agente cerca, aunque a los dos pasos vuelvan a bajársela de la nariz o hasta la barbilla. Ayer se podía comprobar en el control policial que efectuaba la pareja de agentes de barrio, que no quisieron dar su nombre para proteger su identidad, a los conductores que circulaban por la calle Juan Ramón Jiménez esquina con Moratín.

En Altavista apenas había gente en la calle a media tarde por lo que en apariencia todo se presentaba tranquilo para los agentes municipales. El virus, sin embargo, también viaja en vehículo privado por lo que la pareja decidió hacer un control a los conductores al observar que la gente no llevaba puesto la mascarilla. Una pareja con una niña fue interceptada pero, en esta ocasión sí eran familia. Las direcciones no se correspondían en el documento nacional de identidad pero, sin embargo, llevaban un empadronamiento para justificar su convivencia.

La presencia policial multando llevó a algunos ciudadanos a acercarse a la pareja para resolver dudas. Un taxista preguntó si debía llevar el tapabocas obligatoriamente aunque no llevara pasajeros. La agente, muy coherente, le contestó que al tratarse de un vehículo de servicio público debía de llevarla puesta ya que en el caso de que estornudara el virus se podría quedar en suspensión en el interior del vehículo o caer en algún asiento y contagiar al cliente.

La tarde había empezado para los agentes en la plaza de Don Benito, en el barrio de Schaman. El ambiente allí también era tranquilo: poca gente en la calle y escasa actividad comercial por lo que encontrar infractores era un tanto difícil.

Los policías se toparon con Esther Azpeitia y su vecino Javier Navarro a las puertas de la iglesia parroquial. Ella sin mascarilla por prescripción médica pero con su certificado en el bolso.

"En todos los sitios a los que entro, en la guagua, en la peluquería, en el banco, en el supermercado tengo que sacar el certificado. Yo lo que les digo es que se alejen de mí porque tengo que guardar las medidas de seguridad. Tengo problemas respiratorios y no la puedo llevar", decía la mujer con un cigarrillo en la mano. "Precisamente por esto [el cigarro] es por lo que estoy así", añadía ante la pregunta de por qué estaba fumando si tenía problemas de respiración.

"Ni la mascarilla ni los guantes hacen nada. Si en vez de ponernos esto, y de haberse gastado tanto dinero en comprarlas, nos hubieran hecho PCR a todos en Canarias ya sabríamos si lo tendríamos o no", comentaba su compañero de tertulia, también fumando.

Ambos fueron advertidos por las autoridades de que para fumar debían de guardar las medidas de seguridad pertinentes. Es decir, separación de más de dos metros. Algo muy difícil si se mantiene una conversación.

El servicio terminó para la pareja en el barranco de La Ballena, en una de las entradas al parque, donde varios vecinos alertaron a los agentes de que había un grupo de unas veinte personas jugando y bebiendo en una de las parcelas cercanas al campo de fútbol.

La policía municipal avisó a sus compañeros que, en esos momentos, hacían la vigilancia en la entrada del centro comercial La Ballena. Y la central pidió refuerzos a la policía nacional al tratarse de un grupo numeroso de personas y por si se pudiera dar algún altercado.

La mera presencia de los coche patrulla hizo efecto en el grupo de personas, que jugaba al voleibol en dos canchas improvisadas, y de los espectadores, que se dispersaron en cuanto vieron a las autoridades.

Algunos de los jugadores llevaba la mascarilla puesta; otros no. Lo mismo ocurría con las personas que observaban el juego y que incluso estaban sentados los unos junto a los otros.

La policía no sancionó pero les advirtió de que había que tener la mascarilla puesta y de que no podían reunirse más de diez personas. Y es que desde este sábado: "No se autorizarán los eventos ni actos multitudinarios, entendiéndose como tal aquellos de más de 10 personas". Así lo indican las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno de Canarias debido a que en Gran Canaria se superan los 100 casos por 100.000 habitantes en los últimos siete días. En concreto, 143,32.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Josué Íñiguez, ha señalado que "aunque la mayor parte de la población es responsable, hay que seguir incrementando el control para esa minoría que no respeta las normas" por lo que la vigilancia policial continuará en todos los barrios de la ciudad.

El objetivo de las autoridades regionales y locales es que la vigilancia y las nuevas medidas restrictivas rebajen el número de casos positivos en los próximos 14 días. De no ser así, las restricciones se incrementarán. En juego está la salud de todos y la economía.